La Justicia ordenó a la Municipalidad de Vicente López que “cesen las restricciones y controles por parte de personal municipal al ingreso de particulares al Paseo de la Costa”, también conocido como Vial Costero. La indicación del Juzgado de Garantías Nº 2 de San Isidro que concedió el pedido de hábeas corpus solicitado por vecinos incluyó, también, la especificación de que el municipio a cargo de Jorge Macri procure “adecuar, en todo caso, el contralor de conductas contrarias a la ley a los parámetros especificados en el ordenamiento legal”. La resolución del magistrado Orlando Abel Díaz se refirió así, específicamente, a los retenes denunciados por vecinos: ubicados en distintos puntos de acceso al paseo en los que empleados municipales exigían mostrar el bolso a cada persona que pretendiera pasar para acercarse al río; cuando la persona se negaba, los empleados llamaban a una patrulla municipal; si tampoco esa policía local lograba revisar el bolso, eran convocados efectivos de la Policía Bonaerense. Los vecinos denunciaron que, al menos una vez, policías provinciales llevaron detenida a una mujer y su hija de 3 años porque se negó a ser revisada.

“Las requisas empezaron a principios de 2014, en el verano”, contó a este diario Marcia Caruso, de Unidos por el Río, la asamblea vecinal que junto con el Foro por la Salud y el Ambiente y la asociación Naturaleza de Derechos presentaron el pedido de hábeas corpus a la Justicia. Ante los tribunales, la municipalidad alegó que los controles buscan evitar el consumo de alcohol en el paseo y que la disposición está amparada por ordenanzas municipales. Sin embargo, la Justicia estableció que, tal como el municipio ejerce esos controles, “se vislumbraría la existencia de un riesgo o amenaza arbitraria, potencial, a la libertad ambulatoria” de los vecinos que denunciaron, pero también “de los posibles concurrentes” al Vial Costero”. El juez Díaz concedió el hábeas corpus y ordenó “no innovar” al municipio “con el objeto de que cesen las restricciones y controles por parte de personal municipal al ingreso de particulares al Paseo de la Costa”. La Municipalidad de Vicente López adelantó que apelará la medida.

“Cuando te negabas a mostrar el bolso y seguías caminando, la empleada municipal te seguía. Antes no pasaba nada, pero este verano se pusieron más intensos: una empleada municipal me siguió cinco cuadras, caminando detrás mío y de una amiga, y empezó a llamar a la patrulla policial. Usaba jerga policial, decía ‘tengo dos femeninos que se niegan’. Nos seguía hablando, amenazando, muy agresiva”, contó a este diario Caruso, quien llegó a estar rodeada de policías bonaerenses exigiéndole mostrar el contenido de la mochila. Sólo un hombre, de todas las personas que vieron lo que pasaba, se acercó para interceder y explicar que el control era ilegal.

“Son empleados no identificados, están en negro, según me dijeron algunos de ellos con los que estuve hablando”, contó a Página/12 Irene Barros, del Foro por la Salud y el Ambiente. “Los empleados municipales le dicen a la gente que los controles son para que estén mejor, más seguros, para que no haya conflictos. A mí, una empleada me dijo ‘ahora el paseo está mejor, no hay más violaciones’. ¡Una cosa ridícula! Le tuve que preguntar si ella, revisando una mochila, sabía si el dueño era violador. Pero se ve que a esta gente la entrenan y le hacen decir cualquier cosa”, agregó.

En enero de este año, el secretario de Gobierno de Vicente López, César Torres, explicó a un medio local que en los accesos al paseo había “controles de la Subsecretaría de Fiscalización para cumplir con una ordenanza que no permite el ingreso de bebidas alcohólicas”. “En el paseo costero no se puede ingresar con bebidas alcohólicas. Lo que nosotros hacemos, para garantizar un buen momento, es que la gente que quiere tomar alcohol lo tome del paseo costero para afuera. El municipio tiene el poder de policía para decirle que no puede ingresar con eso”, aseguró entonces el funcionario, quien también aseguró que, “si no la quiere abrir, no la abre. Invitamos a la gente al buen vivir, no es que hacemos cacheo”.

Barros contó a este diario que en enero de este año, en los controles, “amedrentaron a dos chicas, mucho”, y que la asamblea Unidos por el Río conoció el caso porque ellas mismas concurrieron a contarlo. “A una de ellas la llevaron presa, con la nena de 3 años. Está muy asustada, no quiere aparecer públicamente, pero sabemos que estaba accionando penalmente porque, además, le abrieron una causa por desacato y agresiones.”

El último fin de semana largo, los accesos al Vial permanecían vallados, para impedir el ingreso de autos, una práctica usual para fines de semana y feriados. Los empleados municipales estaban apostados en los retenes, pero no revisaban bolsos.