El Consejo de la Magistratura de Río Negro resolvió en sesión pública la suspensión preventiva en sus funciones y la iniciación de un sumario contra el juez de la Cámara Penal de Viedma Juan Bernardi, imputado en una causa por abuso y prostitución de menores que causó conmoción en la ciudad. Tras la decisión, la defensa del magistrado volvió a insistir en su inocencia y aseguró que no hay pruebas que lo incriminen.

La reunión se desarrolló en el auditorio del palacio de Tribunales, en Viedma, con la asistencia de unos 40 integrantes de la comisión de vecinos autoconvocados en contra de la trata. El cuerpo adoptó la medida por el voto unánime de sus ocho miembros, al entender que el magistrado podría haber cometido “graves desarreglos de conducta” y “actos que atentan contra la dignidad de la función”, según lo previsto en la Constitución de Río Negro y la ley orgánica del Poder Judicial de esta provincia.

Según se desprende de la causa que llevan adelante el juez Favio Igoldi y el fiscal Juan Puntel, Bernardi habría participado en su casaquinta de las afueras de Viedma de encuentros con un grupo de menores, que estaban bajo guarda judicial en un instituto dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

Es materia de investigación si el juez ahora suspendido será acusado de los delitos de abuso y corrupción de esas menores. El Consejo de la Magistratura consideró que, mientras dure el proceso, “es necesario preservar al magistrado, otorgarle facilidades para que pueda ejercer su defensa, y liberarlo de la responsabilidad de su función en la Cámara del Crimen”.

Mientras esté suspendido, a Bernardi se le retendrá el 20 por ciento de sus haberes, suma que le deberá ser reintegrada si resultase sobreseído o absuelto de la acusación fiscal.

Antes de entrar en la cuestión de fondo, el Consejo analizó la recusación planteada por Bernardi contra la presidenta subrogante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y titular del organismo de enjuiciamiento, Liliana Piccinini, por presunta “enemistad manifiesta”. El juez imputado sostuvo que la animadversión de Piccinini contra él se habría originado en 2003 cuando, en su carácter de juez de instrucción, procesó a un hijo de la actual vocal del STJ por el delito de lesiones culposas en un accidente de tránsito. Tras el descargo de Piccinini, quien aseguró que ese proceso “se produjo en el marco de una actuación preventiva y quedó totalmente en el olvido”, el Consejo votó por unanimidad en rechazo del planteo de recusación.

El cuerpo sesionó con la presencia de todos sus consejeros titulares: Marcelo Chironi, por el fuero penal del Poder Judicial; los abogados Leandro Oyola, Gastón Suracce y Néstor Torres, por el colegio profesional local, y los diputados provinciales Arabela Carreras, Adrián Casadei y Jorge Barragán, por la Legislatura.

El abogado defensor del juez, Manuel Maza, aseguró a este diario que “no existe una sola prueba real en la imputación contra Bernardi”. “En las cámaras Gesell que se les hicieron a las menores, y que han tenido control de esta defensa, ninguna lo vinculó a casos de abuso. Tampoco se encontró nada vinculado a este delito en el allanamiento que se hizo en su casaquinta.”

En la causa judicial se investiga la presunta salida de chicas alojadas, bajo tutela judicial, en un hogar de menores de Viedma para ser abusadas y prostituidas. Las acusaciones se originaron en la denuncia realizada por una empleada de Desarrollo Social, en referencia a dichos de una menor que involucrarían a Bernardi. En una investigación anterior por otro caso, sin ningún tipo de vínculo, la menor había reconocido que ejercía la prostitución.

Maza detalló que Bernardi sólo una vez estuvo con dos de las menores involucradas en la causa. En septiembre del año pasado, aseguró, en uno de sus habituales viajes a su casaquinta, el juez se habría encontrado con que el cuidador del predio, Julio Antueque, había organizado una cena con cuatro amigos: un hombre y tres mujeres, dos de las cuales son las menores en cuestión.

Bernardi no habría tenido conocimiento de la reunión ni habría dado su consentimiento para que se organizara, pero la habría aceptado. Según el letrado, “cenaron pero no hubo sexo”. “Después, como uno de los invitados tenía que irse, Bernardi alcanzó a los cuatro con su camioneta a un lugar cercano a la terminal de Viedma. La acusación es una gran mentira”, aseguró.