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La Legislatura porteña aprobó por unanimidad un pedido de informes que el Ejecutivo deberá responder en 30 días acerca de la situación del inmueble de Páez 2796, del barrio de Flores, donde funcionaba un taller clandestino que se incendió y causó la muerte de los niños Rolando Mur Menchaca, de 5 años, y Rodrigo Menchaca, de 10, quienes murieron por asfixia con monóxido de carbono.

Los legisladores exigieron saber si el lugar estaba habilitado, si se realizaron inspecciones al inmueble y las actas correspondientes, y si allí trabajaban menores o adolescentes. Del mismo modo, los diputados requieren conocer las políticas impulsadas por la gestión macrista para combatir el trabajo esclavo y la trata de personas.

El requerimiento al Gobierno de la Ciudad fue sancionado por unanimidad en base a un texto consensuado por los jefes de bloques parlamentarios, que unificaron en un único proyecto los siete expedientes presentados por los diputados en torno del incendio del taller.

Puntualmente, la solicitud de los legisladores indaga sobre si el Ejecutivo “ha tomado conocimiento durante los últimos cinco años respecto de la existencia, en dicho domicilio, de un taller textil clandestino o de la posible comisión del delito de trata de personas, por parte de los vecinos, de organizaciones sociales o de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas”.

Asimismo requiere información sobre “si se han realizado inspecciones” al inmueble y las actas correspondientes, saber si el lugar estaba habilitado y si allí trabajaban menores o adolescentes, y conocer las políticas impulsadas para combatir el trabajo esclavo y la trata de personas.

Desde los bloques de la oposición porteña reclamaron además la necesidad de citar al recinto de la Legislatura al subsecretario de Trabajo porteño, Ezequiel Sabor, y al director de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión.