El Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur (UNS), de Bahía Blanca, y el Consejo de la Magistratura bonaerense se sumaron a las filas de quienes cuestionaron el fallo de los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués. En este caso, lo hicieron dando de baja a este último como profesor invitado en la UNS y como académico integrante del CM bonaerense. Se sumaron además la Juventud Universitaria Peronista (JUP), el representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amerigo Incalcaterra, y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), quienes cuestionaron severamente el fallo. Por otro lado, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP levantaron la toma del decanato luego del compromiso de las autoridades de que iniciarían a ambos jueces un juicio académico.

Sal Llargués y Piombo firmaron el año pasado un fallo que redujo la pena a un abusador de un niño de 6 años, bajo el argumento de que el hecho no había sido “gravemente ultrajante”, porque el chico ya había sido violado con anterioridad por su padrastro y por considerar que tenía una tendencia homosexual definida.

El juez Benjamín Sal Llargués se desempeñaba como profesor invitado de la Especialización en Derecho Penal en la UNS. La propia universidad informó que en una resolución del Departamento de Derechos se sostiene que “resulta preocupante que magistrados, que a su vez son profesores universitarios, interpreten la conducta de un niño víctima de un abuso sexual como una elección libre acerca de su sexualidad y, asimismo, evalúen la aplicación de los agravantes y atenuantes del tipo penal de acuerdo con una supuesta orientación sexual de la víctima menor de edad”.

Además, la resolución indicó que “la decisión de los camaristas vulneró los derechos del niño víctima y resulta palmariamente contraria a derecho”.

“En el caso del doctor Sal Llargués, si bien ha revestido como profesor contratado de la especialización en Derecho Penal, en virtud de lo expuesto anteriormente ha sido dado de baja de la planta de profesores invitados de este departamento”, concluyeron.

El CM bonaerense también tomó iniciativas respecto del mismo camarista. Lo apartó por las mismas razones. Sal Llargués se desempeñaba desde hacía “muchos años” como académico del CM. Se trata de un cargo administrativo destinado a colaborar en la confección y corrección de los exámenes para los aspirantes, que deben aprobar los abogados que deseen formar parte del Poder Judicial bonaerense, e interviene en impugnaciones.

Ese órgano tiene como función seleccionar a los postulantes a jueces mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos de evaluación “que privilegien la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos”.

El Consejo está compuesto por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los jueces de las distintas instancias y de la institución que regula la matrícula de los abogados en la provincia.

Asimismo, con carácter consultivo, lo integran jueces, abogados y personalidades académicas especializadas.

La JUP expresó su “profundo rechazo y repudio” a una sentencia que redujo la pena a un violador, calificó de “personajes nefastos” a ambos camaristas, dijo que “no deben ser” los encargados de formar a los estudiantes y pidió que ambos sean “echados” de sus cátedras.

Por su lado, la Legislatura porteña emitió en su sesión ordinaria una declaración de repudio en la que calificó el fallo de ambos jueces como “xenófobo y machista”.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, titular del Serpaj, consideró que los argumentos vertidos por los jueces “denotan una clara valoración negativa y discriminatoria respecto de la elección homosexual de las personas”.

También el representante de la Oficina Regional para América del Sur del Acnudh, Amerigo Incalcaterra, advirtió que el fallo que redujo la pena al violador de un niño “vulnera” los estándares internacionales y tratados de derechos humanos ratificados por Argentina.

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP levantaron la toma del decanato luego del compromiso de las autoridades de que iniciarán a ambos camaristas juicios académicos motivados por el polémico fallo.