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La barbaridad cometida por el sujeto de apellido Napolitano en cancha de Boca hace más de una semana, conmovió no sólo al mundo futbolero sino al país todo, que parece no saber cómo reaccionar frente a fanatismos, violencia y descontrol.

El asunto es profundamente argentino y delata la gravedad de ciertas taras político-sociales de nuestro país. Fáciles de enumerar:

a) En primer lugar, la inexistencia de un sistema de Administración de Justicia confiable. La Justicia que tenemos está desquiciada y su enorme desprestigio se debe a la maraña de intereses, sumisiones, politizaciones y chicanas que hoy la caracterizan y que explican la corrupción judicial imperante, que aunque algunos nieguen existe más allá de imposibles probanzas.

b) En segundo lugar, el anormal y perverso sistema policial argentino. La Federal, la Metropolitana y prácticamente todas las policías provinciales y/o municipales, con raras y muy aisladas (aunque honrosísimas) excepciones, están colapsadas moralmente. Se podrá negar esta afirmación, como también acusar a este texto de exagerado, pero en la relación cotidiana de millones de ciudadanos/as con policías, en todo el territorio nacional, en ciudades y pueblos, en carreteras y en procedimientos, es que son generalizadamente coimeras y peligrosas.

c) En tercer lugar, la falta de controles imperante en el país, en prácticamente todos los órdenes y por encima y en desmedro de las leyes (que en general sí existen). En la industria, el comercio internacional, el agro, la educación, la bromatología, el tránsito vehicular y mucho más, lisa y llanamente no hay controles o están corrompidos, que es lo mismo. El Estado, responsable de los organismos correspondientes, está o maniatado o cooptado, y la inmensa mayoría de los agentes controladores, en cualquier campo, o son carne de corrupción o están completamente desalentados y sin apoyo de sus superiores.

d) En cuarto lugar, y como problema resultante del triplete anterior, en la Argentina se perdió la cultura de la sanción. Contrariando el viejo apotegna, hoy y aquí, el que las hace no las paga. Y no se trata de un problema legal solamente, como suele creerse de buena fe. Se trata de una especie de liberalidad perversa que viene (como casi todos nuestros males) de la dictadura primero, y del carnaval menemista-neoliberal después. Dos décadas, digamos, de esquivar sanciones, eludir responsabilidades, buscar y encontrar atajos y excepciones según se tenga poder, y, claro, de corrupción.

Puede sumarse, desde luego, el deterioro de todo concepto de autoridad (diferenciado absolutamente del autoritarismo). O sea, autoridad respetada por su jerarquía moral e intelectual, y por su espíritu tan igualitario como estricto. No haber sustituido el autoritarismo dictatorial por este tipo de autoridad es uno de los castigos más serios que se autoinfligió nuestra Democracia.

Por todo lo anterior, es hipocresía política la comparación con países donde “estas cosas no suceden”. Porque la verdad es que sí suceden pero mucho menos, y sin capacidad de pudrir todas las capas de la sociedad. Y ello porque, cuando sucedieron, esas sociedades y Estados se encargaron de corregir sus causas del siguiente modo: 1) hubo decisión política y por ende judicial para mejorar las conductas de la sociedad; 2) hubo reformas policiales profundas y coordinadas que democratizaron, civilizaron y represtigiaron el uso del poder de fuego e investigativo del Estado; 3) hubo controles estrictos que funcionaron como correctivos y a la vez fueron decididamente educadores, y 4) las sanciones, que siempre deben estar para ser cumplidas, se cumplieron. Así, por ejemplo, se acabó con el vandalismo de los houligans en Inglaterra.

No es imposible ser una sociedad mejor, incluso a pesar del cretinismo mediático que impera en la Argentina. Las sociedades mejores son más democráticas e igualitarias, y por eso mismo convendría que el gobierno tome nota de que la inclusión debe incluir (valga la redundancia) una vigorosa labor educativa que enseñe comportamientos, valores y conductas a los recientes incluidos, así como también inculque el respeto a la autoridad cuando la autoridad está sustentada en ética y saber.

El caso Napolitano ha echado luz sobre todo esto, y en opinión de esta columna debería ser una oportunidad para convencer al país de las virtudes de un pacto de convivencia (eso es, también, una república) en el que el acuerdo de base sea: que no hay impunidad; que no se aceptan excepciones fuera de las normadas por las leyes, y que además de la condena legal existe la condena social, colectiva y armónica, y no intermediada por sistemas de comunicación mentirosos como los que padecemos aquí.

Este sujeto de apellido Napolitano debe ser sancionado. Y aunque su (in)conducta no esté tipificada como delito, hay castigos que cualquier sociedad democrática y sensata aplicaría. Por ejemplo: a) La AFA debería aplicarle una durísima suspensión como hincha: que no pueda pisar un estadio de fútbol durante los próximos 15 años; b) El Club del que es socio (en este caso Boca Juniors) debería encargarse de aplicar esa suspensión, haciéndose responsable de su cumplimiento. Y en caso de que Napolitano incumpla la sanción, la AFA debería aplicar a Boca un castigo pecuniario altísimo y al sujeto la duplicación de su sanción.

Por su parte, la AFA bien haría en coordinar con todos los clubes afiliados la preparación de un listado de hinchas violentos y/o conflictivos, a los que: a) se les cancele la condición de socios, si lo son; b) se les prohíba la entrada a los estadios a partir de la primera inconducta probada y filmada; c) se informe a Cancillería para que tales sujetos no puedan salir del país hasta tanto se demuestre su resocialización. Y no estaría nada mal que la AFA y clubes patrocinaran fuertes y consistentes campañas educativas de sus seguidores.

Argentina año verde, dirán algunos. Sueño imposible, soluciones inaplicables, dirán otros. Y puede ser, pero entonces que propongan algo verdaderamente mejor.