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Por M. C.

El Congreso avanza en la elaboración de una legislación antitabaco. La restricción casi total de la publicidad de cigarrillos y la prohibición total de vender productos con tabaco a menores de 18 años y de fumar en los ámbitos cerrados en los edificios de acceso público, tanto privados como estatales, son los ejes principales del proyecto de ley que se analizará mañana en un plenario de 13 comisiones de Diputados y al que tuvo acceso Página/12. Al encuentro fueron invitados representantes de las dos tabacaleras líderes en el mercado nacional, Nobleza Piccardo y Massalin Pariculares, para informarles sobre el alcance de la normativa.
Se trata de un borrador de dictamen de las comisiones de Salud y de Prevención de las Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico, elaborado sobre la base de una serie de proyectos presentados por distintos legisladores. “Todavía hay algunos puntos por acordar. Por ejemplo, qué plazos se impone para que rijan las restricciones publicitarias. La idea es prohibir el esponsoreo deportivo, pero no se puede establecer de un día para el otro porque hay contratos publicitarios pendientes”, explicó a Página/12 la diputada justicialista Silvia Martínez, de la Comisión de Salud, y una de las impulsoras de la norma. El tema, no tiene dudas, generará tironeos y arduas negociaciones con los diputados de las provincias productoras de tabaco. Y, seguramente, presiones de las tabacaleras.
Los puntos principales del borrador de dictamen son:
- Declara de “interés nacional” la lucha contra el tabaquismo y crea el Programa Nacional Permanente de Prevención y Lucha contra el Tabaquismo que deberá concretar campañas educativas a través de los medios de comunicación, medidas de protección del derecho de los no fumadores a no estar expuestos al aire contaminado con humo tabáquico; el reconocimiento de las obras sociales y servicios médicos prepagos de “esta adicción como enfermedad” y tratarla como tal en cuanto a atención y rehabilitación; regular los ingredientes o aditivos empleados en la elaboración de cigarrillos.
- Prohíbe cualquier promoción de los productos con tabaco con excepción de la publicidad en el exterior e interior de los lugares de venta de cigarrillos, como kioscos.
- También prohíbe la distribución gratuita de atados con fines de propaganda y la exhibición de objetos que lleven marcas o emblemas de cigarrillos.
- Obliga a los fabricantes a dedicar no menos de la mitad de una cara de las marquillas a leyendas que adviertan sobre los efectos perjudiciales del fumar en la salud, cuyo contenido será establecido por el Ministerio de Salud.
- En otro de los laterales deberán expresarse los porcentuales de nicotina y alquitrán que posea el producto.
- Prohíbe la inclusión en los paquetes de “leyendas equívocas y engañosas” como “bajo contenido de alquitrán, light, suaves”.
- Prohíbe fumar en los ámbitos cerrados de acceso público tanto privados (por ejemplo, oficinas de empresas de servicios, confiterías, restaurantes) como del Estado.
- Para los que infrinjan las normas relativas a la publicidad y comercialización prevé multas equivalentes al valor al consumidor final de 2500 a 100.000 paquetes de 20 cigarrillos.
Si el proyecto pasa por las 13 comisiones que tienen incumbencia en el tema en Diputados, su tratamiento podría demorarse eternamente. Por esa razón, para acortar tiempos, la diputada Martínez propondrá la creación de una minicomisión con representantes de todas las comisiones involucradas, para facilitar la discusión.
En la reunión de mañana estará presente el ministro de Salud, Ginés González García, quien ya expresó su firme decisión de apoyar una política antitabaco en la Argentina. Con ese espíritu, el presidente Kirchner firmó en septiembre en Nueva York el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, un histórico acuerdo mundial que llevó cuatro años de tensas negociaciones e impone a los Estados la adopción de severas medidas dirigidas a combatir el consumo de cigarrillos. Fue acordado en mayo en Ginebra entre los 192 integrantes de la Organización Mundial de la Salud. El convenio entrará en vigor a los tres meses de que lo hayan ratificado por lo menos 40 países. El viernes, la diputada Martínez presentó un proyecto para convertirlo en ley nacional.
“La ley antitabaco y el convenio marco serían normas complementarias. La ley que estamos analizando no se refiere al problema del contrabando, pero el convenio sí y es muy claro en cuanto a qué medidas concretas deben tomar los países para enfrentarlo”, indicó la diputada Martínez.
Aunque existe la decisión presidencial de impulsar la sanción de estas normativas, es difícil que sean aprobadas antes de la finalización del año legislativo. “Nos quedan dos o tres semanas para sacar un dictamen y poder llevar el proyecto al recinto. Si logramos un dictamen, creo que podríamos tener la media sanción este año”, se ilusiona Martínez. Después deberá pasar el examen del Senado.