El gobierno norteamericano formalizó la orden para que las parejas del mismo sexo tengan los mismos beneficios matrimoniales que las parejas heterosexuales en todos los estados que integran Estados Unidos. La fiscal general, Loretta Lynch, anunció públicamente que instruyó al personal del Departamento de Justicia para que trabaje con las diferentes agencias judiciales, de modo de “garantizar que el fallo (del Tribunal Supremo) tenga entero cumplimiento en todo el gobierno federal”. La indicación cumple, así, con el fallo del 26 de junio, en el que el Tribunal Supremo legalizó las bodas ente personas del mismo sexo.

El máximo tribunal de Estados Unidos avaló la legalidad del matrimonio igualitario en todo el país a fines del mes pasado, con un fallo histórico que anuló la potestad de los estados para prohibir esas uniones y las avaló en tanto derecho constitucional. La orden de la fiscal Lynch afecta a la Administración de Seguridad Social y al Departamento de Asuntos de Veteranos, dos reparticiones del gobierno central que –hasta ayer– tenían limitaciones en la gestión de los beneficios para las parejas del mismo sexo.

La fiscal Lynch aseguró que la implementación de los cambios, como la habilitación de las bodas igualitarias, tendrá alcance nacional. “Me enorgullece anunciar que los programas clave para veteranos, personas mayores y discapacitados, que hasta ahora no tenían efecto para las parejas que vivían en estados que no reconocían estas uniones, ahora darán reconocimiento federal a todos los matrimonios en todo el país”, señaló.

El anuncio de Lynch llegó a más de un año de que su antecesor en el cargo, Eric Holder, ordenara garantizar los máximos beneficios dentro de la ley a estas parejas, de modo que debían ser provistos en función del estado en el que se habían casado, y no en función de aquel en el que residían. La desigualdad fiscal que provocaba que unos estados reconocieran como tales a estos matrimonios mientras que otros seguían negándoles derechos sociales es una de los mayores injusticias denunciadas por las organizaciones de la diversidad sexual norteamericanas. Hasta ahora, muchos matrimonios integrados por personas del mismo sexo no podían presentar declaraciones impositivas conjuntas, reclamar herencias ni recibir exenciones de impuestos.

La legalización del matrimonio igualitario excede el simple derecho a casarse, y tiene efectos en distintos aspectos legales de las vidas familiares y sus vínculos reconocidos por el Estado. La igualdad matrimonial asegura, también, el trato igualitario de todos los ciudadanos con respecto a la paternidad legal, el reconocimiento de derechos tras el fallecimiento del cónyuge o el acceso a la cobertura médica de la pareja.

Hasta que el máximo tribunal, por cinco votos a favor y cuatro en contra, legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, esas uniones estaban prohibidas en trece estados. En algunos de esos territorios, hubo tribunales que hicieron pública su resistencia a acatar el fallo.

En su declaración de ayer, la fiscal Lynch calificó de “histórica” la “decisión del Tribunal Supremo (...) de que todas las parejas tienen los mismos derechos de participar en la institución del matrimonio, ya sean sus miembros del mismo sexo o de sexos opuestos”.

El gobierno federal se había pronunciado en favor de la igualdad matrimonial en mayo de 2012, cuando Barack Obama defendió públicamente la legalidad de las uniones entre personas del mismo sexo, lo que lo convirtió en el primer presidente en manifestarse en ese sentido. Durante su primera campaña presidencial, Obama defendió la derogación de la Ley en Defensa del Matrimonio (Defense of Marriage Act o DOMA), promulgada en 1996 por Bill Clinton. En 2013, en otro fallo histórico, el Supremo Tribunal declaró inconstitucional una parte de esa ley que impedía que las personas del mismo sexo casadas en los estados donde era legal hacerlo lograran reconocimiento y beneficios fiscales a nivel federal.

“El fallo del Supremo afirma lo que millones de ciudadanos en todo el país ya sabíamos que era verdad en el fondo de nuestro corazón: que nuestro amor es igual”, dijo el 26 de junio Jim Obergefell, un ciudadano de Ohio a quien el estado local –donde el matrimonio estaba prohibido– no reconoció como viudo aunque él y su difunto esposo habían contraído matrimonio legal en Maryland.