Cuando Lola Carrizo aceptó participar en la marcha que Ni una menos replicó en Catamarca, el 3 de junio pasado, no estaba en condiciones de saber el impulso que estaba dando a su alrededor. Ni siquiera estaba en condiciones de imaginar que ese alrededor se extendería de Buenos Aires, donde vive, a Catamarca, donde su hija Sonia Liliana Garabedian había sido ahorcada y abandonada desnuda en medio de un campo en 2010 (ver aparte). El solo acto de tomar el parlante y clamar por justicia dio valor a otras dos chicas que habían decidido participar en la marcha. Y hablaron. Pamela Romero y Fabiana Orellano denunciaron que fueron levantadas a la fuerza por uniformados en la peatonal, que fueron detenidas durante cuatro días sin motivo, que fueron torturadas, que el hijo de una de ellas, de cuatro años, quedó abandonado en la peatonal y fue auxiliado por una pareja de artesanos que se lo entregó al quedar libre; también que un médico constató que no tenían marcas, y que su defensora oficial (porque fueron acusadas de atentado a la autoridad) supo lo que les pasó y lo único que hizo fue comentar: “Los de la 1ª siempre lo mismo”. Hablar del caso durante la marcha las llevó a que les hicieran reportajes radiales. A partir de allí, las radios empezaron a recibir denuncias de casos similares. Pasó un mes y los abogados todavía no lograron que el fiscal acepte a las dos mujeres como querellantes. Al fiscal se le vino encima la Fiesta del Poncho, que empezó ayer y termina en plena feria judicial.

El viernes 29 de mayo, alrededor de las seis de la tarde, en San Martín y la peatonal Rivadavia, Fabiana Orellano vendía sus artesanías junto a otros artesanos, cuando pasó a saludarla su amiga Pamela Romero. Momentos después, un grupo de polis mujeres y hombres les ordenó que levantaran sus mantas, artesanías y demás, y se perdieran. Romero dijo que tenían permiso. La invitación policial cambió los modales. Orellano entonces empezó a filmar la escena con su celular. Como si los polis hubieran estado esperando el motivo, agarraron de las pestañas a Orellano y a Romero que había ido en su ayuda, y a los golpes y empujones las metieron en el patrullero, mientras la primera gritaba desgarrada que su hijo de cuatro años quedaba solo.

Las dos fueron a parar a la comisaría 1ª. En el camino, la mujer policía que acompañaba (una manera de decir) a las detenidas le arrancó el celular a Orellano golpeándola en el rostro. Romero, por otro lado, cuando llegaron a la 1ª, aterrada, se resistió a que la bajen, y en el tironeo la mujer policía cayó al piso y se rasgó su pantalón. Había quedado configurado el atentado a la autoridad.

A Romero la retuvieron unos policías varones, mientras que la uniformada “lesionada” le empezó a dar en la cabeza, en el rostro, en el estómago, en las piernas, le bajaba la cabeza tomándola del pelo y le daba en la nuca. Romero respondía y sus respuestas enardecían a la representante de la ley. Todo, mientras el día en la 1ª transcurría sin novedad, con los polis que pasaban junto a la escena sin inmutarse.

Romero aseguró en su denuncia que la golpiza no fue una sino que la mujer salía y al rato volvía, recuperada, para volver a descargarse sobre su cuerpo. En un momento, entraron varios policías con el rostro cubierto por pasamontañas. “Uno de ellos comienza a golpear brutalmente a Pamela Romero –sostiene la denuncia–, y luego entre todos ellos, la arrojan al suelo boca abajo y por la fuerza le hacen abrir las piernas y brazos”. Romero dijo que vio cómo la misma mujer policía entró con un objeto oscuro “con una luz azul en la punta”, del tamaño de un celular (léase picana). Y que “la mujer empieza a ‘picanearla’ (...) donde quedaba la piel expuesta, así por la cintura, ingle y espalda, para luego seguir por el ano y la vagina.” Mientras, Orellano retenida en un rincón en el piso miraba aterrada los saltos reflejos que daba su amiga.

Cuatro horas de sesión más tarde, llegó el turno médico. Antes, le ordenaron a Romero que se lavara el rostro, ensangrentado. Cuando llegó el médico, la mujer le pidió hablar a solas pero el legista le respondió “no tengo nada que hablar con vos”.

La uniformada que la trasladaba al patrullero se dio cuenta del pedido de auxilio y en el viaje de vuelta le recomendó a patadas y puñetazos que los médicos son de palo. Al llegar a la 1ª, Romero, esposada, fue recibida por la mujer policía que la había picaneado y que la empezó a golpear en el estómago. Ella gritó que estaba embarazada y recién entonces dejó de golpearla.

De la 1ª pasaron a la Comisaría de la Mujer. De todos modos, la cuestión de género, como se fue dando la actuación policial, parecía relativizada: las desnudaron por completo, y las dejaron en una oficina con la puerta abierta mientras los varones pasaban por el lugar. En algún momento, las revisaron (desnudas) y las obligaron a hacer flexiones de brazos y piernas.

El 30 de mayo, fueron llevadas ante el fiscal Marcelo Sago para que respondieran a la acusación de “atentado a la autoridad”. En ese momento, para cumplir con los requisitos legales, fueron acompañadas por una defensora oficial a quien le revelaron los golpes y las torturas. “Todos los días pasa lo mismo en esa comisaría”, respondió y todo quedó ahí.

Después de la declaración, Romero fue liberada porque debía amamantar a su bebé, mientras que Orellano quedó adentro dos días más, hasta el lunes 1º.

Sebastián Vergara, Juan Veliz y Guillermo Díaz se presentaron como abogados querellantes ante el fiscal Víctor Figueroa, para iniciar la denuncia por torturas. “El día en que fueron a la rueda y reconocieron a la mujer policía –dijo Vergara a Página/12–, reconocieron a otro policía que estaba en la comisaría como uno de los que había participado en las torturas. Se lo avisaron al fiscal. Su respuesta fue ‘después lo vemos’”.

Esperar, esperan. Hace un mes que pidieron ser aceptados como querellantes y ni mu. Todo hace suponer que la causa va camino a los apremios ilegales, que en la justicia viene a ser como caratular un caso por lesiones en lugar de homicidio.

Pero antes, la Fiesta del Poncho.

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