En una resolución adoptada en Dublín, Irlanda, en un encuentro del que participaron 400 delegados de 70 secciones nacionales de la organización, se recomendó que “Amnistía Internacional desarrolle una política que apoye la plena despenalización de todos los aspectos del comercio sexual consentido”. Thomas Schultz-Jagow, director de comunicación de Amnistía, sostuvo que el objetivo es “establecer un marco jurídico en el que todas las actividades del comercio sexual se despenalicen”. En un comunicado, Salil Shetty, secretario general de la organización, admitió que “no fue una decisión fácil de adoptar”, pero que lo hicieron convencidos de que “la criminalización del trabajo sexual consentido entre adultos puede resultar en un aumento de violaciones de las trabajadoras sexuales”, por lo cual realizará acciones por la despenalización de “todos los aspectos” de la prostitución. El anuncio provocó rechazos y adhesiones (ver aparte).

Al mismo tiempo, la resolución ratifica que se persigan la prostitución infantil, el tráfico de personas y en general toda “prostitución forzada”, a la vez que se garantice que quienes quieran abandonar la prostitución puedan hacerlo, algo que resulta casi imposible para las mujeres que son esclavizadas por los proxenetas.

“Es un día histórico para Amnistía Internacional”, dijo Salil Shetty en el comunicado. Insistió en que no fue “una decisión fácil de adoptar” y por esa razón agradeció “a todos nuestros miembros de todo el mundo, así como a los grupos que hemos consultado”. En el texto se afirma que la organización internacional realizará a partir de ahora “campaña para que no se persiga a las prostitutas, ni tampoco a los clientes o a los proxenetas y administradores de burdeles que no fuercen a las mujeres”, en lo que es el punto que ha provocado más sorpresa.

En respuesta a ese punto de la resolución, la Coalición contra el tráfico de mujeres (CATW) había publicado con antelación una carta abierta firmada por actrices como Kate Winslet y Meryl Streep y otras 8500 personas. En ella se afirmó que la imagen de Amnistía se vería “gravemente dañada” si aprobaba la resolución. La CATW agregó que la postura de Amnistía “se pone más del lado de los explotadores que de los explotados”.

La Coalición contra el tráfico de mujeres sostuvo que “no hay ninguna lógica detrás de la premisa de que para proteger a los explotados tengas que despenalizar a los explotadores. No tiene sentido”, dijo su directora ejecutiva, Taina Bien-Aime. La organización Equality Now, que defiende los derechos de las mujeres, también está de acuerdo en despenalizar el trabajo de las prostitutas, pero se opone firmemente a hacer lo mismo con clientes, proxenetas y administradores de burdeles.

“La legalización de los que explotan a las prostitutas no es el camino correcto a seguir”, dijo Esohe Aghatise, de Equality Now, ya que “la demanda comercial de sexo alimenta el tráfico” de personas. La proliferación de legislación en Europa sobre la prostitución muestra que no hay consenso.

Hace dos meses, Francia se unió a la minoría de países europeos que castigan a los clientes de prostitutas, que son Suecia, Noruega, Islandia y el Reino Unido. En la mayoría de los otros países europeos, la prostitución está regulada, como en Alemania, Austria, Holanda o Bélgica, o tolerada, como ocurre en la mayoría de los países, incluyendo a los de América latina.

En Londres, la Fundación Thomas Reuters sostuvo en un despacho que lo votado por Amnistía es un “polémico plan”. En el texto se hace mención también a una declaración de Salil Shetty, en el sentido de que las trabajadoras sexuales “son uno de los grupos más marginados del mundo, quienes en la mayoría de los casos enfrentan un riesgo constante de discriminación, violencia y abuso”.

En referencia a la resolución adoptada en Dublín, el secretario general de la organización humanitaria puntualizó: “Nuestro movimiento global allanó el camino para adoptar una política para la protección de los derechos humanos de los trabajadores sexuales que ayudará a dar forma al trabajo futuro de Amnistía Internacional sobre este importante tema”.

La Fundación Reuters recordó que Amnistía tomó la decisión “luego de dos años de consultas e investigación, recabando evidencia de agencias de la ONU y de las conclusiones de sus propias misiones en Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea”. Admite, de todos modos, que el grupo “ha sido duramente criticado por activistas de los derechos de las mujeres y por estrellas de Hollywood, como Meryl Streep, Kate Winslet y Emma Thompson, desde que se filtró un borrador de la propuesta” antes de ser aprobada este martes.

Voceros de Amnistía defendieron la nueva política “diciendo que era la mejor manera de apoyar los derechos humanos de los trabajadores sexuales y reducir el riesgo de abuso, como palizas, violencia sexual, arresto arbitrario, extorsión, acoso, tráfico humano y exámenes de VIH forzados” y aclararon que “la política se basó en discusiones con grupos de trabajadores sexuales, activistas de VIH/sida, grupos que representan a ex prostitutas y agencias contra el tráfico, entre otros”.

“Estoy emocionada”, dijo Laura Lee, una trabajadora sexual y activista irlandesa, luego de que se difundiera la resolución de Amnistía. “Es la mejor manera de sacar al trabajo sexual de la Edad Media y darnos los derechos y la protección que merecemos.” En todo momento, las fuentes señalaron que sólo proponen la “no persecución” de los dueños o empleados de los burdeles “cuando se trate de trabajo sexual consentido entre personas adultas” y que siguen considerando “aborrecible el tráfico de personas en todas sus formas, incluyendo la explotación sexual”.

Insistieron en que la nueva política significaría “la despenalización de leyes sobre trabajo sexual consentido”, dado que “la explotación o tráfico dentro del comercio sexual seguirán siendo delitos”.