El Organo de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental (ORN), que monitorea el cumplimiento de esa norma en todo el país, denunció que el gobierno porteño presentó una medida cautelar en la Justicia para “impedir el funcionamiento del ORN en el ámbito de la ciudad”. “Con esto (el Ejecutivo porteño) no sólo obstaculiza el control del cumplimiento de derechos humanos en hospitales de salud mental sino que se propone evitar las investigaciones de muertes en instituciones tanto públicas como privadas”, destacó el organismo.

Según explicó el ORN, la cautelar es una respuesta a los monitoreos en los hospitales José T. Borda y Braulio Moyano, llevados a cabo en 2014.

El ORN fue creado en 2010 por la Ley Nº 26.657 con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas usuarias de servicios de salud mental. Tiene capacidad para actuar en todo el territorio nacional y tiene carácter intersectorial: su plenario está formado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio Público de la Defensa. También forman parte asociaciones de familiares de usuarios del sistema de salud (Red FUV), de profesionales y trabajadores de la salud (Asociación Argentina de Salud Mental), y de organizaciones no gubernamentales como el CELS.

Los monitoreos realizados en los hospitales Borda y Moyano durante el año pasado dieron cuenta de serias irregularidades: internaciones de larga data, vulneración del derecho a la intimidad, falta de dispositivos y apoyos que posibiliten la inclusión comunitaria, y déficit de infraestructura y de recursos humanos. Como resultado de ello, el ORN le solicitó al Ejecutivo porteño que adecue los servicios evaluados de acuerdo con los estándares impuestos por la Ley de Salud Mental.

La acción judicial interpuesta por el Gobierno de la Ciudad pone en cuestión los resultados de esos monitoreos. La medida cautelar se asentó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12, a cargo de la jueza subrogante Macarena Marra Giménez. El ORN, a través de su representante legal María Iglesias, presentó un descargo el jueves pasado. Ahora el juzgado debe resolver si hace lugar a la cautelar.

La ley 26.657 (reglamentada en 2013) promueve un cambio de paradigma en el abordaje de la salud mental, mediante el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho con capacidad para llevar adelante una vida en comunidad. La norma establece que los lazos afectivos y sociales son pilares esenciales para la salud integral de cualquier ser humano, además de reconocer expresamente el respeto de su voluntad y de su capacidad para la toma de decisiones. En diálogo con este diario, Luis Alen, secretario general de Derechos Humanos ante el plenario del ORN, afirmó que el Gobierno de la Ciudad interpuso el recurso “porque se opone al proceso de desmanicomialización, porque cerrando hospitales neuropsiquiátricos perderían un gran negocio. La norma enfrenta la resistencia de las corporaciones médicas porque plantea un sistema progresivo de reintegración del paciente, al que considera un ser humano y no una cosa. Una persona con discapacidad psicosocial no pierde la capacidad de discernir”.

La Ley de Salud Mental es de aplicación en todo el país. “Pero el Gobierno de la Ciudad no la reconoce, en las clínicas privadas los pacientes se pasan años internados y son conocidas las prácticas de tener a personas atadas o con excesiva medicación en desmérito de su salud. Incluso hay jueces que desconocen la autoridad de aplicación en desmedro del Ministerio Público de la Defensa y hasta hay una resistencia a dejar a un lado las salas de aislamiento (que equivalen a cárceles de máxima seguridad), deshumanizando a quienes padecen un trastorno psíquico o tienen problemas de adicción. La gestión macrista defiende el modelo de salud como negocio y afirma que los hospitales se llenan de gente de la provincia, algo totalmente discriminatorio. También busca evitar que se investiguen las muertes ocurridas en las instituciones de salud mental del país y la que sugiere la prohibición de la aplicación de electroshock”, denunció Alen.

La ley prevé el reemplazo progresivo de hospitales monovalentes por el tratamiento en hospitales generales que dispongan de un servicio de salud mental y casas de medio camino para que no estén encerrados y aislados. Pero el Gobierno de la Ciudad dice que es imposible aplicarla. “La integración es posible y debe hacerse con apoyo necesario, por ejemplo designando acompañantes terapéuticos. A partir del nuevo Código Civil, las personas con discapacidad psicosocial pueden tomar decisiones, por lo que hasta se pueden revisar sentencias. Con el viejo Código se las estigmatizaba y hasta se cuestionaba su capacidad jurídica. Por último, en una institución neuropsiquiátrica toda muerte es una muerte dudosa. Por eso el Organo de Revisión debe monitorear las causas del fallecimiento. Negar los monitoreos en negar la ley.”