El gobierno porteño “incurrió en graves omisiones” en el caso del incendio ocurrido el 27 de abril en el taller textil de Páez 2796, del barrio de Flores, donde murieron dos niños, según se desprende de la respuesta que el Ejecutivo dio al pedido de informes presentado en su momento en la Legislatura de la Ciudad. Un informe del frente Nuevo Encuentro, al que tuvo acceso Página/12, señaló que la tragedia puso sobre el tapete “la existencia de una red de talleres ilegales que emplean a trabajadores bajo condiciones de absoluta explotación”, a la vez que “desnudó la absoluta ineficiencia” de “las áreas responsables de la inspección laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

En el texto se afirmó que la respuesta dada por el gobierno al pedido de informes “no hizo más que aportar nueva evidencia a las pruebas ya existentes, que confirman la responsabilidad del gobierno encabezado por Mauricio Macri por desatender no sólo las tareas de inspección en términos generales” sino también por no haber escuchado “la advertencia elevada seis meses antes” del hecho por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que había notificado que en el local de la calle Páez “podía estar funcionando un taller clandestino”.

En su respuesta al pedido de informes, el Ejecutivo sostuvo que el área de inspección laboral “actúa sobre un universo de 1038 inmuebles, definido por denuncias, informes de Policía Federal y pedidos de inspección” de la Protex, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Las autoridades porteñas precisaron que “entre el 18 de mayo de 2015 y el 30 de junio” pasado “se inspeccionaron 805 inmuebles”. Esto significa, según el análisis realizado por Nuevo Encuentro, que a “cada uno de los cien inspectores con los que dicen contar, le asignaron en el lapso de un mes y medio solamente ocho inmuebles para inspeccionar”.

En ese lapso, de acuerdo con el informe oficial, “realizaron 132 clausuras”, una cifra que es considerada “nada desdeñable” por la bancada de Nuevo Encuentro, aunque revela que “la cantidad de talleres textiles clausurados en estos operativos supera el número de clausuras realizadas sumando los años 2012/2013/2014”, lo que significa “una admisión de la profunda inacción en la que estaba sumida esta área de gobierno hasta que el incendio del taller” de la calle Páez y la muerte de dos niños le dio estado público a esa situación.

La sospecha sobre la existencia de un taller clandestino en la calle Páez 2796 y en otros 23 locales de la zona, había sido denunciada por la Protex en una presentación que se había realizado el 31 de octubre de 2014 ante la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno porteño.

Según el informe del Ejecutivo, en las 805 inspecciones realizadas con posterioridad al incendio “sólo encontraron un caso con indicios de trabajo infantil, lo cual demuestra que evidentemente la selección de inmuebles a inspeccionar no se está realizando adecuadamente”, según opinó el legislador José Cruz Campagnoli.

Agregó que ese dato oficial aporta “mayor evidencia” sobre la “ineficiencia del área, que en enero de 2012 realizó un relevamiento de la documentación existente en la Dirección General de Protección del Trabajo y detectó 55.000 expedientes con ‘falencias procedimentales importantes’”. De ese total sólo se trataron los casos de “deficiencias subsanables” que representaban el 70 por ciento. “Esto que se presenta como un logro de gestión –resaltó Campagnoli– significa haber abandonado el seguimiento de 16.500 expedientes que podrían haber contenido incumplimientos de todo tipo a la normativa laboral vigente”.

En el caso del taller de la calle Páez, el informe oficial admitió que había sido denunciado con anterioridad al incendio, pero que no intervinieron porque pensaron que era un tema investigado por la Justicia y por entender que la autoridad comunal “no debía interferir”.

Nuevo Encuentro subrayó, sobre ese punto, que nunca se comunicaron con la Protex para saber que “no existía ningún procedimiento en curso”, omisión que “da cuenta de una gravísima ineficiencia por parte de los funcionarios (...) o bien que la suposición de (...) tal investigación constituye en realidad un pretexto elaborado a posteriori de los hechos”.

En suma, no se hizo nada porque creyeron que el pedido de la Protex era “brindar un informe y no realizar una inspección”. El Ejecutivo argumentó que existía “una metodología” supuestamente acordada con la Protex según la cual si se trabaja de la investigación de un “delito federal”, los inspectores de Protección del Trabajo “no deben realizar ninguna acción inspectiva hasta que le sea indicado expresamente por quien lleve la dirección de la causa”.

La Protex aclaró, sobre este punto, que “no existe ninguna metodología de trabajo acordada” con el gobierno porteño y que tampoco podría existir porque la Procuraduría “carece de competencia para ‘disponer allanamientos’ y requisas domiciliarias” porque “las facultades de inspección, control y potencial sanción” son atributos de los gobiernos nacional y de la Ciudad, que en este caso tenía un “indelegable rol de Policía del Trabajo”. En consecuencia, aludir a la supuesta metodología “constituye un falso pretexto de quienes tenían a su cargo una responsabilidad que no ejercieron”.

Como conclusión, el bloque de Nuevo Encuentro subrayó que “antes de que la situación de los talleres clandestinos tomara estado público, casi no habían realizado inspecciones ni clausuras a establecimientos denunciados; habían abandonado el seguimiento de 16.500 expedientes por ‘falencias administrativas’; y luego del incendio del taller de Páez, cuando comenzaron a hacer inspecciones, sólo detectaron un caso de trabajo infantil en más de 800 visitas”.