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Cuatro guardias penitenciarios de Salta fueron condenados a más de tres años, es decir, penas de cumplimiento efectivo, por torturar a un detenido que realizaba una huelga de hambre en reclamo de un traslado que no le daban. El fallo fue dispuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta y considerado “histórico” por la Procuración Penitenciaria, que denunció el caso.

Los cuatro agentes fueron acusados por someter a apremios ilegales al detenido Luis Aguilar, quien sufrió graves lesiones cuando realizaba una protesta en reclamo de “conocer el paradero de su hijo recién nacido, porque creía que lo habían abandonado o regalado”.

El Tribunal Oral condenó a penas de cumplimiento efectivo como autores de apremios ilegales al jefe de área de la cárcel federal de General Güemes, Juan Medina Escobar, y a los jefes de Requisa y de Turno, Ricardo Rojas y Hernán Bogado. Escobar recibió una pena a 3 años y 6 meses de prisión, mientras Rojas y Bogado fueron sentenciados a 3 años y 3 meses de cárcel.

En tanto, el celador Javier Corregidor recibió una pena de 3 años en suspenso por encubrimiento agravado por su condición de funcionario público.

El fallo señaló que Aguilar, mientras estaba detenido en ese penal, llevó adelante una huelga de hambre de once días, por lo que su capacidad motora estaba debilitada cuando los agentes lo masacraron a golpes.

La Procuración Penitenciaria de la Nación destacó que la víctima realizaba “una huelga de hambre para que le permitieran trasladarse a la ciudad de Tartagal para conocer el paradero de su hijo recién nacido”, ante el temor de que lo hubieran abandonado.

El ataque contra el detenido fue perpetrado el 1º de marzo de 2012 y fue denunciado ante la Justicia federal por la Procuración Penitenciaria. “Constituye un hito histórico para contribuir a la prevención y sanción de las prácticas de torturas y malos tratos a detenidos en cárceles federales”, señalaron desde la PP.

Asimismo, la PP recordó que el mismo día del ataque la Procuración tomó la denuncia de Aguilar y reclamó al médico de guardia de la cárcel que constatara las lesiones, ante lo cual los agentes armaron “un burdo intento de encubrir la realidad de los hechos culpando a la víctima”.