El veredicto en el juicio que se les sigue a diez policías por la Masacre de Quilmes, en la que cuatro adolescentes detenidos en la comisaría 1ª de esa localidad murieron quemados o por inhalación de gases venenosos, en 2004, se conocerá hoy en los tribunales locales.

La audiencia está prevista que comience a las 10, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 quilmeño, en el edificio situado en avenida Hipólito Yrigoyen 475, de dicho distrito de la zona sur del conurbano, donde se debaten las responsabilidades por las muertes de Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).

Los acusados son el ex comisario Juan Pedro Soria, quien estaba a cargo de la seccional 1ª de Quilmes al momento de los hechos y afronta cargos por “estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar tormentos”; el subcomisario Basilio Vujovich, el inspector Jorge Gómez y los agentes Gustavo Altamirano, Franco Góngora y Elizabeth Grosso, imputados de “apremios ilegales”.

También son juzgados los inspectores Fernando Pedreira y Humberto Avila, el agente Juan Carlos Guzmán y el cabo Hugo D’Elía, procesados por “apremios ilegales reiterados en concurso real con tormentos”.

Todos los policías llegaron libres al debate, a cargo de los jueces Alicia Anache, Armando Topalián y Alejandro Portunato, y sólo Pedreira se encuentra exonerado de la fuerza, mientras que otros cinco fueron cesanteados y los restantes recibieron suspensiones de 60 días.

Durante los alegatos, el fiscal de juicio Claudio Pelayo solicitó que el ex comisario Soria fuera condenado a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por considerar que no hizo nada para evitar esos apremios ilegales y el incendio que se produjo en la comisaría y provocó la muerte de los adolescentes.

Pelayo pidió 22 años de cárcel para Pedreira ya que le atribuyó diez hechos de apremios ilegales y siete de tormentos contra los jóvenes detenidos allí.

En tanto, para D’Elía solicitó 15 años por dos apremios y tres tormentos; 13 para Avila por cuatro apremios y un tormento; 11 para Guzmán por tres apremios y un tormento; 9 para Vujovich, Grosso, Góngora y Altamirano; y 5 para Gómez.

Por último, el fiscal pidió a los jueces que en caso de condenar a los policías, se ordene su detención ya que existe “riesgo de fuga” y por la “severidad del delito y de la pena”.

A su turno, el abogado Javier Bergés, representante de la familia Giménez, pidió que se condene a Soria a prisión perpetua por “homicidio calificado” y solicitó la misma pena para Pedreira, Avila, Góngora y Altamirano ya que entendió que al demorar en abrir las celdas donde estaban los jóvenes provocaron su muerte porque fueron alcanzados por las llamas.

El letrado pidió penas de 15 años y menores para D’Elía, Guzmán, Vujovich, Grosso y Gómez.

Por su parte, el abogado Rodolfo Yanzón, que representa a las familias de Figueroa, Maldonado y de Walter Liendo, uno de los sobrevivientes del incendio, reclamó penas de entre 5 y 24 años de prisión, en sintonía con lo solicitado por la fiscalía.

Mientras que la abogada Adriana Thevenon, en nombre de la familia de Aranda, consideró como mayor responsable a Pedreira, para quien pidió 20 años de prisión, y para el resto solicitó condenas de entre tres años en suspenso y 8 efectivos.

En tanto, los abogados defensores reclamaron las absoluciones y la reincorporación de los policías a las funciones que cada uno tenía en la fuerza antes de hecho.

El hecho ventilado en el debate ocurrió la noche del 20 de octubre de 2004, cerca de las 23.30, cuando los adolescentes iniciaron una quema de colchones en sus celdas en protesta por los malos tratos y el hacinamiento en que se encontraban.

Según la investigación, al momento de iniciarse el conflicto había 17 adolescentes detenidos en la dependencia, siete de ellos en un calabozo y los restantes 10 en otro.

Durante la tarde,los policías ingresaron a las celdas, los hicieron desnudarse y los golpearon, lo cual era una “práctica sistemática”, según declararon varios testigos, quienes añadieron que los detenidos eran obligados a pelearse entre sí y los uniformados “apostaban” a ver quién ganaba. Esa noche, un oficial le dijo a Maldonado que su hermanita de dos años había muerto –lo cual era falso– por lo que el joven empezó a gritar para que lo dejaran salir e ir con su familia.