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Dos semanas antes de terminar su mandato, los diputados porteños consagraron a tres de sus pares para cubrir los cargos vacantes en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad; un cuarto lugar fue para la esposa de un legislador y el quinto para uno de los defensores que acaban de terminar su gestión. La justicialista Alicia Pierini será la reemplazante de otra Alicia Oliveira, como titular del cuerpo. La elección fue el fruto de un nada disimulado pacto que tuvo como principales protagonistas al ibarrismo, el PJ, el macrismo y los radicales. Se necesitaban 40 votos para la elección, sobre un total de 60, y Pierini consiguió 43. Sólo cinco diputados votaron en contra: cuestionaron el acuerdo por su “falta de decoro” y lo calificaron como un “escándalo moral y ético”, “un procedimiento digno de la vieja política”. Ninguno de los diputados que apoyó el acuerdo rebatió esos cuestionamientos.
El proceso de elección del ombudsman porteño venía siendo cuestionado desde el comienzo, cuando se supo que entre los 34 candidatos aceptados en principio para cubrir los cinco cargos había siete legisladores. La ley Nº 3 de la ciudad, que regula la designación de los defensores titular y adjuntos, no les prohíbe a los diputados acceder a esos cargos. Ocurre que esa reglamentación les otorga a los legisladores un protagonismo casi exclusivo en ese proceso: ellos proponen a los candidatos, luego aceptan a los que no tienen cuestionamientos y finalmente los designan: en ese marco, los candidatos que son diputados son los que corren con el caballo del comisario.
Así lo entendieron organizaciones como Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que presentaron en septiembre un recurso judicial para frenar la elección. Llamativamente, ni esas asociaciones ni otras entidades representativas de la sociedad civil presentaron candidatos a la Defensoría. Cuando la Justicia rechazó el recurso, el camino quedó libre para la consagración de los diputados.
Hubo que superar, eso sí, una audiencia pública, donde se escucharon las impugnaciones realizadas por vecinos y entidades. Se realizó el 22 de septiembre y la principal objeción que se escuchó allí fue, justamente, a la candidatura de los diputados. “Se van a votar a sí mismos”, se cuestionó hasta el cansancio.
Página/12 adelantó hace dos meses la existencia de un pacto entre el oficialismo porteño y el PJ para consagrar a Pierini al frente de la Defensoría. El acuerdo naufragó después de esa publicación, pero fue reflotado hace dos semanas: tal como informó este diario en ese momento, el ibarrismo acordó conceder la titularidad de la Defensoría a la principal fuerza opositora, el PJ. Ese bloque sería el encargado de poner el nombre (en este caso, Pierini), que sería apoyado por el oficialismo.
Como la votación requería de 40 votos, el acuerdo debió incluir al macrismo y la UCR. Por eso, el esquema cerró con las designaciones de los adjuntos: el diputado macrista Atilio Alimena (ex Partido Demócrata) y su par radical Claudia Serio; los socialista propusieron a Graciela Muñiz, esposa del diputado Raúl Puy y especialista en educación especial; el quinto lugar quedó para Gustavo Lesbegueris, quien trabajó durante cinco años como adjunto y, además, consiguió el respaldo del ARI y de los radicales independientes. Así, la UCR, que este año hizo en Buenos Aires la peor elección de su historia, se dio el lujo de conseguir un lugar en la Defensoría.
Después de varios intentos frustrados, el acuerdo estaba maduro para su tratamiento en la sesión de ayer. El recinto estaba colmado: los tres diputados habían llevado su barra, pero el grupo más nutrido fue el que respaldaba a Pierini. El descontrol fue total: quedaron afuera unos 40 vecinos que el lunes habían sacado su entrada para presenciar el debate por la Ley de Comunas, previsto para ayer, y que finalmente se suspendió.
Cuando promediaba la sesión, el titular del bloque del PJ, Santiago de Estrada, propuso la candidatura de Pierini. Sucesivamente fueron postulados los otros cuatro aspirantes. Luego vinieron los discursos pero, llamativamente, sólo se escuchó a los opositores. La peronista disidente Juliana Marino y Delia Bisutti, del ARI, fueron las únicas representantes de la oficialista Fuerza Porteña que no se sumaron al acuerdo.
“Esta Legislatura ha perdido la racionalidad y el decoro. Este acuerdo es una vergüenza porteña”, dijo Marino, que calificó el acuerdo como “un exponente de la vieja política, que la sociedad repudió el 20 de diciembre”. Más duro fue el discurso de Abel Latendorf, del monobloque Piquete Socialista: “No es casual que un ex funcionario de la dictadura (por De Estrada) proponga a una ex funcionaria del menemismo”, chicaneó. Tras calificar la votación como “un escándalo moral y ético”, prometió una presentación judicial para anular la elección. Vilma Ripoll (Izquierda Unida) se sumó al rechazo del “pacto político para repartir los cargos”. Y Lía Méndez (Humanista) destacó que al menos “ahora no se disimula”.
No hubo críticas personales a los candidatos, salvo la que insinuó Marino contra Pierini, “por no haber afrontado las impugnaciones por su oposición a la Ley de Salud Reproductiva, por razones de conciencia”.
A la hora de votar, los diputados, al menos, escucharon uno de los reclamos que recibieron: no se votaron a sí mismos. A las 18.35, cuando los números consagraron a Pierini (sólo hubo cinco votos en contra y dos abstenciones) la barra estalló en ovación y entonó la marcha peronista.
Pierini y sus adjuntos ocuparán la semana próxima los cargos, vacantes desde hace una semana, cuando venció el mandato los anteriores defensores.