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Relmu Namku, mujer mapuche, 38 años y madre de tres niños, acaba de enfrentar un juicio histórico. Estuvo sentada en el banquillo acusada de “intento de homicidio” por resistir con piedras un desalojo impulsado por una petrolera estadounidense. Durante el operativo fue herida una oficial de Justicia y la Fiscalía había pedido quince años de cárcel. Un jurado popular la declaró “no culpable” y Namku volvió a su comunidad (Winkul Newen), en cercanías de Zapala (Neuquén).

–¿Cuál es el balance del juicio?

–La Justicia necesitaba un caso testigo para aplacar y frenar la lucha indígena, tratando de amedrentar a todo aquel que esté en desacuerdo con el modelo extractivo. No lo han logrado y el balance es sumamente positivo. Habrá un antes y un después de este triunfo del pueblo mapuche, de la solidaridad y de la unidad de los pueblos originarios y de las organizaciones también excluidas de la política estatal. Nos genera fuerzas renovadas para fortalecer un movimiento de liberación de los pueblos a nivel nacional.

–Ustedes denunciaron el rol del Poder Judicial. ¿Por qué?

–Porque nos sentimos víctimas de la discriminación de la fiscal Sandra González Taboada, reconocida en la provincia por su imparcialidad ante muchos casos impunes, como el del joven Sergio Avalos. Taboada, el fiscal Marcelo Jofre y la jueza Ivonne San Martín son una muestra del accionar del Poder Judicial para con los pueblos indígenas, un Poder Judicial viciado de racismo y discriminación para con los pueblos originarios. Lejos de cumplir con el marco legal vigente a lo largo y ancho del país han optado por la criminalización y no garantizar la aplicación de nuestros derechos. Este accionar es consecuente con una política mayor, que involucra a los otros dos poderes del Estado y que necesita el brazo de la Justicia para aplacar la lucha de los pueblos que nos resistimos al saqueo de los recursos naturales.

–¿Cuáles son los principales problemas de Winkul Newen y de las comunidades de Neuquén?

–Uno de los principales problemas sigue siendo la inseguridad jurídica del territorio. Permanentemente vemos violados nuestros derechos ancestrales reconocidos en diferentes instrumentos jurídicos. Y la falta de políticas públicas para generar procesos de diálogo con la sociedad no indígena ha profundizado niveles de racismo y discriminación.

–¿Por qué no existen esas políticas públicas?

–Implicaría el empoderamiento de los pueblos originarios y una clara disputa de poder al Estado actual.

–¿Cuál es la situación de la Ley Nacional 26160 (freno a los desalojos y relevamiento de tierras indígenas)?

–El relevamiento está muy atrasado. Esto devela cómo los gobiernos han rifado y repartido el territorio indígena a empresas privadas, estancieros, políticos y amigos del poder. La ley ha sido un espejito de color más. No es real que haya suspendido desalojos, mucho menos regularizado la entrega de territorio. Peor aún, el Estado nacional se ha encargado de quebrar el movimiento indígena. Pero muchos seguimos exigiendo autonomía, territorio y volver a ser pueblos libres.

–¿Cuál es la situación a nivel nacional?

–Es triste, desesperante para los pueblos originarios, todos vivimos la misma realidad. Es indignante saber que contamos con derechos pero que el modelo extractivista tiene más poder que nosotros y compra gobernadores, jueces, fiscales y se pone todo el aparato estatal para imponer el saqueo de nuestros territorios. Han manoseado nuestra dignidad, convirtiéndonos en pobres en territorios ricos. Duele ver a nuestros hijos morir de contaminación o desnutrición. Es por esto que más que nunca llamamos a la unidad y lucha de los pueblos originarios del país, para recuperar esa dignidad que nos robaron.

–En diciembre habrá un nuevo gobierno. ¿Expectativas?

–Siempre los pueblos indígenas tenemos esperanzas de que algún gobierno escuche nuestras demandas históricas y pueda realmente cambiar nuestra dura realidad. Lamentablemente descreemos de aquellos que sabemos sostendrán el modelo extractivista. Es lamentable no haber escuchado de los distintos candidatos y partidos en su agenda electoral cómo asumirán la situación de los pueblos indígenas. En ninguno de los casos hemos escuchado que nos reconozcan como sujetos de derechos o que trabajaran para una reparación histórica. Muchos sostienen la reestatización de los recursos naturales pero jamás escuchamos que se animaran a construir ese proceso en el marco del respeto a los pueblos indígenas. Tampoco hemos escuchado cómo se materializará la interculturalidad y la construcción de un estado plurinacional. Vemos difícil que en el marco de un Estado monocultural se produzcan cambios de fondo para los pueblos indígenas.