Desde Santa Fe

La Asociación de Prensa de Santa Fe y el Sindicato de Prensa de Rosario alertaron ayer sobre una acción judicial que patrocina el estudio del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ahora a cargo de su hijo Pablo, para ponerle un bozal legal al periodista y relator deportivo Diego Lisandro, prohibirle que critique a la dirigencia de Atlético Rafaela y obligarlo a pagar 1000 pesos por día hasta que desista de sus opiniones. La demanda contra el colega fue presentada por el vicepresidente del club, Gabriel Carlucci, y si prospera en la Justicia ordinaria, sería un caso de “censura previa” y “un brutal ataque a los derechos de informar y opinar libremente protegidos por la Constitución Nacional y los pactos internacionales”, dijo la comisión de Libertad de Expresión del SPR, que asoció el hecho al “autoritarismo” y la “dictadura”.

Los gremios repudiaron el “intento de silenciar a la prensa con una acción judicial” y expresaron su solidaridad con Diego Lisandro, relator en radio El Espectador de Rafaela y en LT9 de la ciudad de Santa Fe.

Carlucci solicitó a la Justicia que se le prohíba al periodista emitir opiniones críticas a los dirigentes de Atlético, en una demanda que patrocina el estudio jurídico Lorenzetti y Asociados, de Rafaela. El pedido pretende que “se prohíba al demandado hacer referencia y/o reproducir comentarios” contrarios a los miembros de la comisión directiva del club. Que “la medida se tome sin dar derecho al periodista a defenderse”. Y se le ordene pagar “1000 pesos por día” hasta que colega decline sus opiniones.

“La libertad de expresión de los periodistas es un derecho que está claramente protegido por nuestra Constitución Nacional” (artículos 14, 32, 43 y 83) y los pactos internacionales”, dijo la Asociación de Prensa de Santa Fe. Y mencionó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 13 y 14) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19.2). “Todas estas normas han jerarquizado la libertad de expresión otorgándole carácter de libertad institucional, que hace a la esencia del sistema representativo republicano.”

“Si bien la libertad de expresión no es un derecho absoluto al constituir la base del sistema republicano, su restricción sólo puede justificarse por la existencia de un interés insoslayable o apremiante y de ninguna manera estos límites pueden extenderse de tal modo que se impida a la prensa el ejercicio de su derecho a informar y ejercer la crítica”, agregó.

En la misma línea, el Sindicato de Prensa de Rosario coincidió en que “la solicitud (de silenciar al periodista) contenida en la demanda conlleva un profundo criterio autoritario, similar a los que se conocieron profusamente durante la última dictadura militar. La medida, si prospera, se constituiría en censura previa” y “un brutal ataque a los derechos de informar y opinar libremente protegidos por la Constitución Nacional y los pactos internacionales” incorporados en 1994, en la Asamblea de Santa Fe.

“El Sindicato de Prensa de Rosario expresa su solidaridad con el periodista rafaelino y espera que desde ningún nivel de la Justicia provincial se dé lugar a una pretensión que se constituirá en un grave daño hacia el trabajo periodístico y, por lo tanto, hacia el contenido de la democracia”, concluyó.