“Hay testigos que afirman que un inspector de la Policía Metropolitana de apellido Gessú les pidió que se presenten a declarar ante el juzgado con frases del estilo ‘salven al pibe’”, en referencia al agente Ricardo Ayala, de 20 años, autor de los tres disparos que hirieron de gravedad al también joven, de la misma edad, Lucas Cabello. La denuncia la hicieron ayer, en conferencia de prensa, los abogados que representan a la familia Cabello, Nahuel Berguier y Gabriela Carpineti. El hecho ocurrió el lunes 9 de noviembre, cerca de las 15.30, frente al hogar de tránsito ubicado en Martín Rodríguez 559/561 del barrio de La Boca.

Berguier, en diálogo con Página/12, afirmó que esta situación de acoso policial “había sido denunciada por nosotros desde un primer momento porque la Policía Metropolitana tuvo una actitud de hostigamiento hacia la familia de Cabello y hacia el conjunto de los vecinos”. El abogado sostuvo que el mismo día del hecho “la Metropolitana les impidió a los familiares de Cabello, por varias horas, hasta las diez de la noche, el ingreso a la vivienda para buscar unos papeles porque tenían al hijo internado”.

El abogado señaló que, con respecto a lo ocurrido el lunes 9, “lo que hay que tener en cuenta es que había una situación de violencia previa, porque el complejo habitacional del IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad), en el que vive la familia Cabello y otras 15 familias, se encontraba en un estado de policialización violenta”. Agregó que “surge del expediente que los policías, incluso, les apuntaban a los vecinos con sus armas, lo que pone en contexto la actitud del agente Ayala cuando le dispara a quemarropa a Lucas Cabello”.

Berguier recalcó que “lo ocurrido en el Hogar forma parte de una situación de violencia ejercida por la Metropolitana hacia el conjunto de los sectores populares en el barrio de La Boca”, donde han ocurrido en los últimos años casos de violencia, abuso o desidia que provocaron la muerte de varios jóvenes y niños de la zona. Si bien el edificio de la calle Martín Rodríguez se denomina Hogar de Tránsito, hay familias que llevan viviendo allí más de diez años, como consecuencia de la falta de respuesta del gobierno porteño en materia de política habitacional.

En el edificio “existían denuncias por violencia intervecinal, agravados por el hecho de producirse en un contexto de precariedad, y lo que nosotros estamos denunciando es que el Gobierno de la Ciudad intervino policializando de manera violenta la situación existente; en lugar de intervenir con asistencia social, con restitución de derechos, lo hizo por medio de la policialización violenta, con agentes –y no me refiero sólo al caso de Ayala– que cometieron graves hechos de intimidación contra los vecinos y que tuvo como culminación lo que pasó con Lucas”.

Los abogados querellantes insistieron en que “no tiene sentido lo que alega la defensa de Ayala en el sentido de que el agente respondió a una agresión de Lucas Cabello, porque la víctima recibió un disparo en la pierna, cayó al suelo, y allí recibió dos disparos más cuando estaba indefenso: uno en el bazo y otro en la pera, que afectó la médula”. El joven sigue internado, en estado delicado y con diagnóstico reservado. Berguier insistió en que “es imposible que Lucas lo estuviera apuntando con un arma, que ningún vecino vio, y que él pudiera dispararle tres veces sin ninguna respuesta de la víctima y no hubo ninguna respuesta porque no estaba armado, estaba indefenso”.

Uno de los testimonios presentados ayer en la causa es el de una vecina, cuyo nombre se mantiene en reserva, quien denunció ante el juez de la causa, Osvaldo Daniel Rappa, que se sentía “acosada” por un inspector de la Metropolitana. De acuerdo con esa declaración, la mujer, después de lo sucedido, ya no vive en el edificio de Martín Rodríguez, pero antes de llegar a su actual residencia, junto con su familia, fue llevada por ese oficial de la Metropolitana a una oficina del Gobierno de la Ciudad ubicada en Pavón y Entre Ríos, sede del Ministerio de Desarrollo Social porteño.

En ese lugar le hicieron “firmar un documento” y le habrían realizado una oferta para el pronto otorgamiento de una vivienda si, como le piden, ella “salva al pibe”. En ese sentido, cuando en el juzgado le preguntaron “si personal de la Policía Metropolitana (le) presta ayuda para que se agilice la liberación de un papel de la parte vendedora para adquirir una vivienda, la dicente indicó que tiene entendido que sí”, tal como figura en el expediente, según pudo establecer este diario.

En ese marco, la vecina denunció que “está cansada de ese inspector” de la Metropolitana porque “le ha dicho varias veces, en forma personal y por teléfono, que ‘salve al pibe’”, en obvia referencia al joven agente Ricardo Ayala. La mujer admitió que la custodia policial en el Hogar se debió a una denuncia suya por los problemas que tenía con una vecina.

Si bien al principio se manifestó conforme con lo actuado por algunos agentes de la Metropolitana asignados a la custodia de su familia, luego declaró que “algunos oficiales que no conocían a su grupo familiar” en algunas ocasiones “por comentarios de sus familiares” supo que “sin preguntar, apuntaban con sus armas reglamentarias a su familia”, que debía ser custodiada ante posibles agresiones de una vecina. Denuncias similares fueron realizadas por otros testigos en la causa, según lo informado por los abogados de la familia Cabello.

La mujer solicitó al juzgado que se le asigne una nueva custodia “sin ser realizada por personal de la Policía Metropolitana”. En el mismo acto, representantes de la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvín), solicitaron al juez Rappa que se de intervención al Programa de Protección de Testigos para salvaguardar la integridad de esa vecina que prestó declaración en la causa.