En medio de la polémica por los trapitos, un cuidacoches que exigía dinero para permitir que los automóviles estacionaran en el centro de la ciudad de Mar del Plata fue detenido luego de varias denuncias de extorsión realizadas por llamadas al 911. La policía aseguró que, tras serle requerida su identificación, primero el hombre se resistió y luego agredió a los efectivos. Finalmente fue trasladado a la comisaría. Desde la Secretaría de Inspección del municipio de General Pueyrredón afirman que no cuentan con recursos suficientes para controlar a los cuidacoches.

Alertado después de recibir varias denuncias telefónicas, un móvil del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) marplatense arribó a la esquina de Independencia y Belgrano ayer al mediodía para pedir identificación a un cuidacoches que presuntamente exigía dinero a quienes pretendían estacionar sus autos en pleno centro de esa ciudad balnearia. Tras un primer intento de desacato, el hombre fue aprehendido y trasladado a la comisaría 1ª, ubicada a unos 100 metros del lugar del hecho, donde se le inició una causa penal a cargo de la Fiscalía de Flagrancia “por extorsión a los automovilistas y resistencia a la autoridad”.

El abogado Julio Razona explicó que el delito de extorsión “tiene una pena de entre 5 y 10 años de prisión, y es uno de los que tiene mayor sanción”. Desde la Secretaría de Inspección de ese municipio de la costa dijeron que durante la temporada veraniega recurren a la ayuda de la policía local para controlar el aumento de los cuidacoches, cuyas tarifas oscilan de 100 a 300 pesos.

En tanto, el defensor del Pueblo, Fernando Rizzi, explicó que la mayoría de estas situaciones se produce con personas “que no son de Mar del Plata, sino que vienen de otros lugares”, y que “incluso muchos de los trabajadores locales son desplazados por bandas de afuera que copan sectores”, manifestó. “El cuidado de coches no es una contravención municipal. Sí, el caso de los limpiavidrios y de quienes laven autos en la vereda, sean cuidacoches o simples vecinos frentistas –detalló Rizzi–. El establecer un tarifamiento de la calle es delito de extorsión, que puede ir acompañado también de amenaza, es decir anunciar una consecuencia en caso de incumplimiento de la extorsión, y daño, en caso de cumplir con la amenaza, dañando un bien. Si esto se convierte en agresión fisica, ingresamos en el delito de lesión.”

La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón sostuvo que del total de denuncias que se reciben “sólo se cubre un 30 por ciento”, y el resto “queda en la nada por falta de personal y recursos”.