Miércoles, 24 de febrero de 2016 | Hoy
SOCIEDAD › CARLOS PAMPILLóN FUE ACUSADO DE SER EL RESPONSABLE DE DOS ATENTADOS EN MAR DEL PLATA
El dirigente ultraderechista está imputado de haber dañado un monumento en homenaje a víctimas de la dictadura y un edificio del Centro de Residentes Bolivianos. Crean una comisión de fiscales para investigar el auge de atentados neonazis en Mar del Plata.
Por Carlos Rodríguez
En forma coincidente con la creación de una comisión de fiscales que investigará el auge de atentados neonazis en Mar del Plata, la Justicia de esa ciudad elevó a juicio una causa que involucra a Carlos Gustavo Pampillón, líder de los grupos sospechados de ser autores de esos hechos. Pampillón, en principio, deberá responder por haber “determinado o instigado” el atentado cometido, en 2011, contra el monumento en homenaje a las víctimas del centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura militar en la Base Naval de Mar del Plata. La segunda imputación contra Pampillón, en ese juicio, es por el daño, con leyendas agraviantes, cometido en febrero de 2014 en el frente del edificio del Centro de Residentes Bolivianos de la ciudad balnearia.
La Comisión de Fiscales fue creada por decisión de la Procuración General de la Nación cuya titular es Alejandra Gils Carbó. La medida se tomó a pedido del fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, tomando en cuenta la solicitud planteada por los titulares de las fiscalías federales 1, Laura Mazzaferri, y 2, Nicolás Czizik. Los fiscales plantearon la creación de un equipo de trabajo para “la investigación, análisis e intervención” de “hechos de discriminación” violatorios de la Ley 23.592 ocurridos “en los últimos cuatro meses”.
Del mismo modo, se requirió una investigación profunda para establecer “la posible existencia de organizaciones destinadas a imponer sus ideas por medio de la fuerza”, situaciones que están contempladas para su sanción en el artículo 213 bis del Código Penal. Los fiscales justificaron el pedido para trabajar en equipo el “importante incremento de denuncias por discriminación, de fuerte tinte racista (en particular, neonazi) y de distinta gravedad, que incluyen casos de violencia física, en los que podría haber intervenido un mismo grupo de personas”.
El anuncio sobre la creación del equipo de fiscales coincidió con la resolución del Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, de elevar a juicio una causa en la que está involucrado Carlos Gustavo Pampillón, señalado como líder del denominado Foro Nacional Patriótico (Fonapa) y/o de La Giachino. Estos dos grupos aparecen como autores de otros atentados o intimidaciones que comenzaron en 2011 con el ataque al monumento en la Base Naval y que siguieron todos estos años, con significativo incremento en los últimos meses del año pasado.
En la causa elevada a juicio, Pampillón deberá responder por haber “determinado y/o instigado” los atentados contra el monumento en homenaje a los desaparecidos en el ex centro clandestino de detención y las pintadas discriminatorias contra la sede de los residentes bolivianos. La principal, decía: “Fuera Bolivia de Salta. La patria no se negocia, ojo... arderá el escarmiento. FONAPA La Giachino, viva la patria carajo”.
La acusación contra Pampillón es en calidad de “instigador o autor” de “los delitos de daño doblemente agravado, por haberse cometido el hecho en venganza de la determinación de una autoridad y por tratarse el objeto dañado de un monumento –arts. 183 y 184.1 y 184.5 del Código Penal–)”, en el caso de lo ocurrido en la Base Naval. Y en el segundo hecho por “daño agravado por haberse ejecutado (...) en venganza de la determinación de una autoridad, agravado asimismo por su carácter discriminatorio en razón de la nacionalidad de las víctimas”.
En el caso de la comunidad boliviana se tuvo en cuenta que “además del móvil discriminatorio, la agresión estuvo inspirada en el deseo de venganza contra la decisión de la Comisión Nacional de Límites (Conali) de colocar nuevos mojones sobre la línea recta limítrofe con el Estado Plurinacional de Bolivia, colocando un séptimo hito en el Sector Abra de Santa Cruz en la provincia de Salta”, aclaró la fiscalía.
La elevación a juicio, en la que también intervino el fiscal federal 2 Nicolás Czizik, incluye el listado de casi 60 medidas de prueba sobre lo ocurrido en el monumento ubicado en la entrada a la Base Naval, entre la noche del 7 de septiembre de 2011 y las primeras horas de la madrugada siguiente. En la acusación se sostiene que “un grupo de personas instigadas por Pampillón dañaron el monumento”. Sobre la leyenda que decía: “Aquí funcionó un centro clandestino de detención”, los integrantes del grupo no identificado escribieron “aquí se defiende la patria”, entre otras frases atribuidas, en la firma, al Fonapa.
En cuanto a la creación del equipo de fiscales que investigarán, de ahora en más, una serie de hechos graves cometidos presuntamente por el o los grupos que lidera Pampillón, se dijo que su formación y la tarea conjunta evitará que “las medidas que se adopten en una u otra investigación” puedan “afectar el curso de las otras” investigaciones.
Por eso, los fiscales federales Mazzaferri y Czizik plantearon que “el ejercicio de la acción penal pública sería más eficaz si se evitara la superposición de investigaciones mediante la conformación de un equipo fiscal de trabajo conjunto para el abordaje de estos casos”. El planteo, realizado por el fiscal federal general Daniel Adler, fue aceptado por la procuradora Alejandra Gils Carbó.
También se accedió al pedido para que se tuviera en cuenta que “un alto porcentaje” de los casos de atentados y amenazas discriminatorios de los grupos neonazis están “motivados por odio de género” motivo por el cual se solicitó la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), por considerar que pueden contribuir a esclarecer algunos hechos de manera más rápida y eficaz”. Las dos dependencias se incorporarán a las investigaciones.
La procuradora resolvió unificar la tarea de los dos fiscales federales marplatenses para que “intervengan conjunta o alternativamente en las causas que tramiten en ese distrito, vinculadas con actos de discriminación contemplados por la ley número 23.592 o con las conductas previstas en el artículo 213 bis del Código Penal”.
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