Siete policías bonaerenses, todos ellos de la Departamental San Vicente, fueron detenidos, acusados de “severidades y vejaciones” cometidos contra cinco presas y un preso entre fines de 2015 y principios de este año. La orden de detención fue solicitada por la fiscal penal de La Plata, Virginia Bravo, y avalada por el juez de Garantías platense Guillermo Atencio. Luego de las detenciones, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires separó a los acusados de la fuerza, aseguraron fuentes del área. Los siete policías fueron acusados de haber golpeado, amenazado, insultado y causado diversos tormentos físicos y psicológicos a sus denunciantes, uno de los cuales, además, declaró haber sido abusado sexualmente por los efectivos en la misma sede policial. La denuncia se radicó a principios de marzo, por intermediación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que intervino “para garantizar el inmediato traslado” de las víctimas y “evitar la profundización del estado de vulneración” de sus derechos.

Las víctimas, de entre 20 y 30 años, estaban alojadas en una comisaría: las cinco compartían una celda de tres por cuatro metros en la cual había dos camas de cemento y un baño que funcionaba de manera intermitente. El Comité contra la Tortura dio con la situación en una inspección que certificó que las mujeres permanecían en estado de “aislamiento extremo”, sufrían maltratos y solo podían comer aquello que les llevaran sus familiares. Los policías solían amenazar con matarlas, y decirles frases como “están acá por putas” y “sus familias saben que son putas”.

Luego de la denuncia, la fiscalía de Brandsen comprobó que las mujeres “no tenían acceso a cuidados médicos de ningún tipo ni recibían alimentos; sólo comían lo que sus familiares alcanzaban cada día a la dependencia policial; permanecían encerradas las 24 horas, en aislamiento extremo”, como detalló el informe de la CPM.

Las víctimas narraron que los responsables de las torturas sistemáticas eran los policías encargados de cuidarlas, todos ellos varones, aun cuando la dependencia estaba destinada exclusivamente a alojar mujeres. Cuando el equipo del Comité contra la Tortura ingresó en la celda donde estaban detenidas, para inspeccionar la situación y tener sus testimonios, las mujeres dieron muestras de padecer estrés post traumático (episodios de llanto, temblores, imposibilidad de sostener la mirada al interlocutor).

Entre los detalles de las vejaciones vividas cotidianamente, dieron cuenta de lo sucedido la noche del 31 de diciembre de 2015. Primero, varios agentes ingresaron en la celda, les entregaron una sidra, las insultaron y amenazaron. Luego, las obligaron a salir al patio, tras lo cual los efectivos “subieron al techo enrejado y comenzaron a masturbarse mientras les gritaban ‘a ver a quién le cae este guascazo’”. En la madrugada del 1º de enero, alrededor de las 4, un agente les arrojó petardos dentro de la celda y las amenazó. El oficial, contaron las víctimas, advirtió que “les iban a meter un tiro en el culo por putas”, algo que podían hacer sin problemas porque iban a informar que ellas “habían querido escaparse”.

Además, la detenidas narraron un episodio del que fueron testigos a mediados de enero, cuando un hombre fue detenido, ingresado a la celda contigua a la que ocupaban ellas y torturado allí mismo. Las mujeres contaron que escucharon ruidos de los que se colegía que estaba siendo golpeado y luego torturado con picana eléctrica. Más tarde, el mismo detenido “fue vestido con ropa íntima de las detenidas y abusado” por los agentes que velaban por todos ellos.

Tras la denuncia, el Juzgado de Garantías Nº 1 de La Plata, en articulación con la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Derechos Humanos, dispuso el traslado de las mujeres a la Alcaidía 3 de La Plata.

Una vez allí, las mujeres prestaron declaración ante la fiscal Bravo, que investiga lo sucedido y detuvo ayer a los efectivos.