El Tribunal Oral Federal 2, que juzgó a los responsables de la tragedia ferroviaria de Once, dio a conocer los fundamentos de la sentencia que se conoció el 19 de diciembre pasado. En el texto de 1415 carillas se consideró que los empresarios y los ex funcionarios que administraron los trenes metropolitanos conformaron una “empresa criminal” que llevó al servicio a un “deplorable estado de mantenimiento que afectaba las condiciones de seguridad”. Se señaló que el abandono premeditado del mantenimiento del material rodante fue responsabilidad de las empresas conducidas por Sergio Cirigliano, pero en ese aspecto contó con la “imprescindible colaboración” de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. En el veredicto conocido en diciembre fueron condenados 21 de los acusados por el choque de la formación “Chapa 16” contra el paragolpe de la terminal ferrroviaria de Once a penas de entre 3 y 9 años de prisión. La tragedia ocasionó 51 muertos y 789 heridos.

Las mayores penas recayeron sobre el ex concesionario de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Claudio Cirigliano, y sobre quien era secretario de Transporte de la Nación al momento del hecho, Juan Pablo Schiavi, a quienes les aplicaron penas de 9 y 8 años de prisión, mientras que recibió una condena de 6 años al anterior secretario, Ricardo Jaime.

Ayer, familiares de las víctimas de la tragedia de Once expresaron su conformidad con los fundamentos de la sentencia y reclamaron que la sentencia quede firme y que “cada uno (de los sentenciados) cumpla la condena que le corresponde” en forma efectiva “sin importar su apellido ni su cargo”, en la administración pública. María Luján Rey, la madre de Lucas Menghini Rey, declaró que “las palabras que utilizó el Tribunal para describir lo que quedó probado son contundentes, habla de ‘intereses espurios’ y de la ‘necesidad de complicidad con funcionarios públicos’”.

En su fallo, los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, sentenciaron a los empresarios por el delito de “estrago culposo agravado” y a los ex funcionarios por los de administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y estrago culposo, por el pago de subsidios estatales y la simultánea falta de mantenimiento de los trenes del ferrocarril Sarmiento.

La difusión de los fundamentos del fallo abre ahora la etapa de las apelaciones, en principio ante la Cámara Federal de Casación Penal y seguramente después ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, al no encontrarse firme la sentencia, los 21 condenados seguirán en libertad. En los fundamentos se afirma que TBA desarrolló una “canallesca política empresaria”.

Se asegura también que TBA y la firma Cometrans “incumplieron los deberes a su cargo de administración y cuidado de los bienes públicos afectados al servicio ferroviario de la línea Sarmiento, según las obligaciones emergentes del contrato de concesión” firmado en 1995.

Los jueces aseguran que “dicha decisión empresarial, enmarcada en una deplorable estructura organizacional con intereses y objetivos espurios y ajenos al servicio público concesionado, se encontró evidentemente orientada a obtener una drástica rebaja de los recursos económicos que se destinaban a las reparaciones periódicas y mantenimiento diario del material rodante, generando una disminución de la vida útil del mismo, a los fines de procurar a su empresa controlante –Cometrans SA– un magnífico producto económico”.

Según los integrantes del tribunal “sería imposible pensar tamaña treta sin la imprescindible colaboración de los acusados Juan Pablo Schiavi y Ricardo Raúl Jaime, quienes en sus respectivas gestiones a cargo de la Secretaría de Transporte de la Nación tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización de la operación del sistema de transporte ferroviario de pasajeros incluido, obviamente, la línea Sarmiento”.

El Tribunal considera probado que los dos ex funcionarios “tenían acabado y pleno conocimiento del nefasto estado del material rodante como de la canallesca política empresaria que llevaba adelante la firma Trenes de Buenos Aires y, pese a todo, emplearon las artimañas burocráticas a su alcance para obturar toda posibilidad de que se adopte alguna medida para evitarlo”.

Del mismo modo se afirma que está también probado que Sergio Claudio Cirigliano y otros directivos de la empresa “tomaron la decisión de omitir realizar las tareas de mantenimiento a su cargo y sistemáticamente no ejecutaron los planes que en tal sentido se encontraban obligados a cumplir”. Se señala que ellos “permitieron que la flota de material rodante a su cuidado prestase servicio en un deplorable estado de mantenimiento que afectaba las condiciones de confort y especialmente de seguridad en que se prestaba el servicio que, de por sí, produjo un incremento indebido del riesgo propio de una actividad particularmente riesgosa y específicamente reglamentada”.

Aunque reconocieron que todavía no analizaron la totalidad de los argumentos de los jueces, los familiares se manifestaron conformes “en general”. De todos modos, Romina Báez, hermana de Jhonatan Báez, dijo que esperaban conocer los fundamentos porque “desde el 29 de diciembre esperamos esto porque queremos que todos (los imputados) vayan presos”.

Aclaró que se refería a los 21 condenados y a los siete absueltos, confirmando que apelarán esa parte de la sentencia.

El 29 de diciembre el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 21 de los acusados por el choque de la formación “Chapa 16”. Los condenados fueron Sergio Claudio Cirigliano (nueve años); el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (ocho); el anterior secretario de Transporte Ricardo Jaime (seis años); Marcelo Calderón (ocho); Carlos Ferrari (seis); Jorge de los Reyes (seis); Jorge Alvarez (ocho); Víctor Astrella (cinco); Carlos Verges (seis); Antonio Suárez (cinco); Guillermo D’Abenigno (cinco); Francisco Pafumi (cinco); Laura Ballesteros (cinco); Sergio Tempone (siete); Roque Cirigliano (cinco); Daniel Lodola (tres); Pedro Roque Ranieri (cuatro); Oscar Gariboglio (cuatro); José Doce Portas (cuatro); Alejandro Lopardo (cuatro); y el conductor Marcos Córdoba (tres años y seis meses, más inhabilitación por siete años para conducir trenes). En la sentencia hubo siete absoluciones que ahora serán apeladas por las querellas.