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Los abogados de dos hermanas adolescentes que fueron abusadas sexualmente por seis policías federales y un agente penitenciario cuando vivían en situación de calle solicitaron condenas de entre 15 y 23 años de prisión para los responsables. Los hechos, que ocurrieron entre los años 2009 y 2011, fueron revelados por Página/12 a través de una serie de notas, la primera de ellas en marzo de 2013. Los representantes de las víctimas, Gerardo Etcheverry y Sabrina Dentone, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la Defensoría General de la Nación, hicieron ayer su alegato ante el Tribunal Oral 17. La imputación contra los responsables fue por “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones en forma reiterada (dos hechos) en concurso real con corrupción de menores agravada mediante violencia y amenazas, en calidad de autores”.

La querella pidió 23 años para el sargento Sebastián Borfitz, de 59 años; 22 años para el cabo primero Héctor Palavecino, de 37; 19 para los agentes Héctor Martínez, de 41 años, y Gustavo Salinas, de 40; 18 para Mauricio Acevedo, de 30 años, y 15 para Miguel Campero, de 37, todos miembros de la Policía Federal. También se pidió una pena de 17 años para el ayudante del Servicio Penitenciario Federal Jorge Acevedo, hermano de uno de los policías y quien todavía continúa en actividad.

Al exponer ante los jueces Pablo Vega, Alejandro Nocetti Achaval y Juan Giudice Bravo, la querella consideró que “hubo un claro aprovechamiento del estado de confusión y fragilidad de las víctimas, de parte de los autores de delito, atento al grado de vulnerabilidad (de las niñas) en razón de su minoridad e historias de vida”. La parte acusadora solicitó además, para los imputados, la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos, empleos y comisiones públicas, en virtud de haberse valido de sus cargos para cometer los delitos.

Los querellantes reclamaron que se los remueva en forma definitiva de sus cargos públicos y que se suspenda el eventual goce de toda jubilación, pensión o retiro cuyo importe, en su caso, será percibido por los parientes que tengan derecho. En el mismo sentido, se solicitó que Jorge Acevedo sea apartado de su cargo, ya que es el único que permanece activo.

Debido a que todos los imputados llegaron al juicio en libertad, la querella propició que en caso de condena se adopten las medidas que el tribunal considere necesarias para que se cumpla la pena.

Por su parte, tras la exposición de la querella, alegó el fiscal Fernando Fiszer, quien solicitó penas de entre 12 y 17 años para los imputados por el delito de “corrupción de menores de 18 años agravada por abuso de autoridad en forma reiterada, dos hechos”, uno por cada chica.

Los hechos que se juzgan se produjeron entre 2009 y 2011, cuando las hermanas tenían entre 13 y 15 años una, y entre 14 y 16 la otra. En el debate se dio por acreditado que en ese período, los imputados llamaban telefónicamente a las adolescentes, las buscaban en la zona de Parque Lezama y las trasladaban al Cuerpo de Policía Montada de la Federal para cometer los abusos.