La Legislatura porteña aprobó un pedido de informes al Ejecutivo en torno de la habilitación de Costa Salguero para la realización de la fiesta electrónica Time Warp, en la que fallecieron cinco jóvenes y otros cinco quedaron internados en estado grave. El requerimiento de los legisladores se aprobó con 55 votos y exige una respuesta al gobierno porteño sobre el papel de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y otras dependencias porteñas, antes, durante y después del evento. En tanto, el bloque oficialista impidió la aprobación de la solicitud para interpelar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la conformación de una comisión investigadora sobre la tragedia. El legislador del Frente para la Victoria Carlos Tomada recordó que la fiesta “se realizó en la ciudad, en un predio porteño, que debía controlar el gobierno porteño, donde murieron cinco jóvenes y, sin embargo, la agenda del Ejecutivo no se altera”. Rodríguez Larreta continúa de viaje en Estados Unidos.

Después de hacer un minuto de silencio por las víctimas, los diputados consensuaron un texto en común a partir de once pedidos de informes que fueron presentados desde el lunes en la Legislatura por parte de los bloques de la oposición respecto de lo ocurrido en Costa Salguero. El pedido concreto al Ejecutivo incluye la presentación de una copia del contrato entre la empresa que llevó adelante el evento, Dell Producciones SA, y el responsable del predio Costa Salguero, así como el expediente del permiso otorgado a los organizadores de la fiesta. La iniciativa fue impulsada por los diputados del FpV, Frente de Izquierda, Bien Común, Coalición Cívica-ARI, Partido Socialista y Unión Cívica Radical.

“Queremos saber qué pasó y por qué. Queremos saber si ocurrió por incompetencia, negligencia o connivencia de los responsables privados y públicos a cargo de la organización y control del evento”, señaló Tomada. En ese sentido, repasó otros casos ocurridos en los últimos años en los que, “por falta de control del Estado porteño debieron lamentarse víctimas”, como el incendio en el sótano de un taller clandestino en 2015, donde murieron dos niños de 7 y 10 años, el de la empresa Iron Mountain, donde fallecieron 10 personas entre bomberos y rescatistas, los derrumbes en el boliche Beara en 2010 y en el gimnasio Orión en el mismo año, donde fallecieron dos y tres personas, respectivamente. El jefe del bloque del FpV consideró que “el sistema de control del gobierno porteño está en una profunda crisis” y anticipó que él y sus compañeros de banca apoyarán “todos los proyectos que se gesten para saber qué sucedió en Time Warp”.

La iniciativa surgió a partir de la presentación del titular de la AGC en la Legislatura el lunes último, que varios bloques coincidieron en considerar “insuficiente”. Al respecto, la diputada Paula Oliveto Lago cuestionó que el funcionario reivindicara el accionar de su organismo a cargo. “¿Cómo podía afirmar que estaba todo correcto si él no estaba? ¿Cómo la muerte de cinco personas no le generó por lo menos la duda que lo lleve a solicitar un sumario administrativo?”, manifestó. En tanto, José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro-FpV), subrayó que “hay conexiones entre los concesionarios y el gobierno de la ciudad que le dan mayor gravedad al tema”.

En los 44 puntos del pedido de informe, los legisladores también buscan conocer si existieron en los últimos dos años denuncias respecto de irregularidades detectadas en la realización de fiestas electrónicas en ese predio de la Costanera y si la empresa organizadora registró sanciones por parte del Gobierno de la Ciudad. Por otro lado, exige que se notifique acerca de los requisitos exigidos por la AGC para dar habilitaciones a fiestas, saber cuántas personas contemplaba ese permiso y si el evento contaba con la cobertura de servicio médico.

Además, se indaga sobre “si el Gobierno de la Ciudad realizó inspecciones u otro tipo de controles en el interior o en las inmediaciones durante el desarrollo del evento, especificando horarios de cada uno de ellos y detalle de la cantidad de inspectores intervinientes”. Otra información a la que los legisladores exigen acceder es “cómo y en qué oportunidades se verificó el suministro de agua fría en los servicios sanitarios”, cuál fue “la cantidad y ubicación de los dispensers de agua”; “si se controló la cantidad de agua mineral comercializada, el precio, la marca y si la misma cumple con los controles necesarios para su venta”. Del mismo modo, requiere datos del SAME sobre la situación que encontraron los médicos al llegar a la fiesta y que se detallen los casos de deshidratación, intoxicación, sobredosis y muertes registradas en los asistentes.

A su tiempo, el diputado socialista Roy Cortina vinculó lo ocurrido en Time Warp con el incendio de Cromañón en 2004 por “tener la misma matriz” y sostuvo que espera que “las ideas que sostenían los actuales funcionarios en esa ocasión, cuando eran oposición (por el pedido de renuncia del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra) las sostengan. En el mismo sentido, Lorena Pokoik, del FpV, ligó ambos hechos y señaló: “De igual modo que en ese momento a los chicos no los mató ni la bengala ni el rock and roll, en este caso tampoco se trata de las drogas y la falta de agua, sino de la ausencia del Estado”.

Los legisladores requieren conocer las medidas y acciones implementadas para impedir el ingreso, consumo y venta de drogas y si exigió al concesionario un mecanismo de prevención y control. Por último, los diputados consultan sobre el contrato con la empresa concesionaria del Costa Salguero, Telemetrix S.A. y el canon abonado.

Informe: Paz Azcárate.