La vicepresidenta primera de la Legislatura, la diputada del PRO Carmen Polledo, admitió ayer –en la sesión donde se debatió sobre las responsabilidades del gobierno porteño en la tragedia de Time Warp– que su marido, Fernando Polledo, es accionista en la sociedad que explota Costa Salguero. Después de esos dichos, votó en contra de la creación de una comisión investigadora sobre la tragedia de la fiesta electrónica.

La diputada sostuvo que su marido “tiene una participación del 10 por ciento” dentro de Telemetrix, empresa que tiene a su cargo la concesión del complejo en la Costanera y agregó que esa relación comercial “data desde muchos años, cuando yo no soñaba con integrar el PRO”.

Efectivamente, la concesión vio la luz en 1988 y en los años menemistas Telemetrix se vio beneficiado con la extensión a 30 años de la explotación del lugar. Con la llegada del PRO al Gobierno de la Ciudad, la empresa cultivó vínculos estrechos con el macrismo. Página/12 informó el lunes pasado las particularidades de esa concesión. La empresa Telemetrix paga un canon cien veces menor al precio de mercado para explotar el predio y subcontrata a otras 23 empresas. En una de las subconcesionarias es director el marido de Carmen Polledo, Fernando Polledo Olivera.

Telemetrix comparte su directorio con Costa Salguero S.A., que administra los pabellones en los que se hizo la fiesta electrónica.

Al hablar en la Legislatura, Carmen Polledo dijo que sentía “la necesidad de aclarar” el vínculo de su esposo con la empresa concesionaria, aunque aseguró que no va a “permitir que voces impiadosas intenten perjudicarme lastimando a los que depositaron su confianza en mí”. “No esperen que baje los brazos ni que dé un paso al costado”, manifestó a modo de respuesta a las acusaciones que recibió en los últimos días desde algunos bloques de la oposición por la relación de su esposo con el complejo Costa Salguero.

No hizo mención a otro emprendimiento comercial de su marido, que en este caso comparte con ella misma: una empresa offshore radicada en el paraíso fiscal de Panamá. Este diario informó la semana pasada que ambos figuran en el Registro Público de ese país como parte de Rank International Corporation, creada en 1988. La compañía no figura en las declaraciones de la legisladora. En su momento, Polledo aseguró a Página/12 que la empresa nunca funcionó y que ése fue el motivo de no haberla declarado.