Al menos veinte efectivos de los departamentos de Investigaciones del Narcotráfico e Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval que estuvieron dentro de la fiesta Time Warp con instrucciones de hacer tareas de prevención e investigación de posibles infracciones a la ley de estupefacientes eludieron denunciar que allí se vendían drogas a granel a pesar de que –según detectó el juzgado de Sebastián Casanello, que investiga las cinco muertes ocurridas esa noche– algunos de ellos hasta tenían handies para comunicarse con el personal de seguridad contratado por los organizadores. Todos ellos fueron citados a indagatoria como sospechosos, como mínimo, de haber permitido el comercio de drogas en el predio de Costa Salguero durante el evento.

Casanello ya había citado a indagatoria a otros 18 prefectos contratados por la organizadora Dell Producciones para hacer "adicionales" como parte de la estructura de seguridad de la fiesta junto con la empresa privada Siseg. A ellos, ayer se sumaron veinte agentes imputados más, pero en este caso se trata de integrantes de la fuerza que tenían la misión específica de controlar si se comercializaban estupefacientes en el lugar, hacer los seguimientos necesarios y avisar al juzgado federal de turno. Estaban repartidos por el lugar y el uso de handies para contactarse con la seguridad contratada en forma particular sugiere una cadena de complicidades con cierto nivel de organización para generar de la manera más burda lo que se suele llamar "zona liberada", sospechan en el Juzgado. El fiscal Federico Delgado calificó el caso exactamente de ese modo en sus primeros dictámenes. Pero el entramado se presenta cada vez más complejo en la medida en que abarca a Prefectura (con adicionales por un lado y personal que debía estar investigando por otro), funcionarios del gobierno porteño, empresarios de la organización junto con todas las empresas que subcontratan y organizaciones que comercializan droga. La mayoría de ellos, buscando maximizar su ganancia en ámbitos de entretenimiento para jóvenes.

En los inicios de la investigación, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich envió una nota a Casanello en la que intentó defender al personal de Prefectura de manera anticipada. Para eso acusó a un secretario de haberles recomendado a los agentes "no molestar a los chicos que iban a divertirse", lo que fue refutado por el juzgado. En esa misma nota, que Bullrich difundió a través de Infobae, también informaba que además de los efectivos de policía adicional, había "cuatro efectivos de la Delegación de Inteligencia de la Prefectura Zona Río de la Plata, dos móviles patrulleros con tres efectivos cada uno" y además "23 efectivos destinados a tareas preventivas ante posibles infracciones a la ley 23.737 (de drogas), los que se movilizaron únicamente a cielo abierto sin ingresar a los pabellones donde se desarrollaba la fiesta electrónica". Lo que decía finalmente la ministra es que la Prefectura "no fue anoticiada de hechos ilícitos". Con los días, tuvo que ir atenuando su postura y empezar a pasar a disponibilidad a los efectivos involucrados (ver nota aparte). El personal de Narcotráfico e Inteligencia no debía ser anoticiado de nada, al revés, debía ser quien diera el aviso.

Con el correr de los días, se fueron sumando decenas de testimonios no sólo de jóvenes que asistieron a la Time Warp sino también de los médicos y los socorristas que describieron el ofrecimiento y circulación de drogas como algo prácticamente inherente a la fiesta que se desarrollaba en un ámbito sin ventilación, donde era una misión casi imposible llegar a un puesto sanitario (nadie los veía) o conseguir una botella de agua (cuando se conseguía costaba de 40 pesos para arriba). Los relatos mencionan ketamina, cocaína, LSD, popper y pastallas de éxtasis entre las drogas más presentes. Todavía no se sabe con exactitud qué ingirieron los cinco jóvenes que perdieron la vida y qué sustancia o combinación les provocó la muerte. Los estudios toxicológicos detallados suelen demorar y estarán en estos días.

La semana pasada, cuando definió las imputaciones a las primeras personas indagadas tanto de la empresa Dell como de la Prefectura, el juez describió que los organizadores de la Time Warp y quienes tuvieron asignada la seguridad (adicionales de Prefectura y personal de Siseg) convirtieron el lugar de la fiesta electrónica en una suerte de espacio blindado que definió como un "ámbito de exclusión de toda protección estatal" para los asistentes, que a su vez quedó exento de controles que incluso debían ejecutaron funcionarios que estaban allí presentes (tanto de la Prefectura como del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). Quienes fueron allí con la ilusión de disfrutar un momento festivo y de entretenimiento, según la descripción del juzgado, terminaron expuestos a una situación de extrema "vulnerabilidad y desamparo" donde quedaron en riesgo su salud y hasta su integridad física.

La situación irregular de la Prefectura quedó a la vista desde el primer momento, cuando una secretaria de la fiscalía de Sandro Abraldes preguntó a los prefectos que estaban en Costa Salguero el sábado a la mañana si había drogas y le contestaron que "no". Luego el juzgado federal hizo la misma pregunta, y también la respuesta fue "no". Era casi una pregunta burocrática, porque si había alguna denuncia sobre estupefacientes, la investigación debía tramitar directo en el fuero federal. Pero por ese "no" insistente estuvo en el lugar equivocado hasta casi dos días después de los hechos. Es más, la Prefectura también demoró extrañamente dos horas en notificar que había dos personas fallecidas dentro del predio. También apareció en manos de la Prefectura, seis horas más tarde, una bolsa llena de drogas (pastillas de todo tipo, cocaína y marihuana) que habían sido incautadas en algunos de los cacheos que se habían hecho en la puerta de Costa Salguero, donde están los molinetes.

También están en estudio las responsabilidades de funcionarios del Gobierno porteño. Ya están citados a indagatoria tres inspectores que firmaron un acta de habilitación de la fiesta donde se preveía como máximo la presencia de 13 mil personas, pero luego se corroboró que hubo 20.500. Era ostensible, y nadie lo notificó. Pero además debieron haber intervenido con medidas de control la Dirección General de Control de Calidad Ambiental, la Dirección General de Limpieza y la Dirección General de Higiene y Seguridad Almientaria, pero en ninguna de sus dependencias –allanadas por Casanello– se encontraron constancias ni informes de que eso haya ocurrido. La única respuesta del gobierno porteño fue disponer la prohibición de fiestas electrónicas.

Casanello ordenó la detención del dueño de Dell, quien estuvo prófugo, Adrián Conci, y dos de sus socios, además de tres jóvenes acusados de comercializar drogas. Otra línea apunta al papel de Víctor Stinfale, dueño de Energy Group, la empresa que comercializa la bebida energizante Speedy –que suele patrocinar estos eventos– y el agua Block, cuyas botellas cubrían los pisos de los pabellones ya vacíos de Costa Salguero después de la fiesta.