“La Prefectura nunca fue convocada por la comisión de hechos ilícitos ocurridos dentro del predio”. El texto corresponde a la nota que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, envió al juez federal Sebastián Casanello, el mismo día en que el magistrado allanó dos oficinas de Prefectura en busca de pruebas en la causa de Costa Salguero. La nota informaba que los prefectos habían quedado a cargo de la seguridad exterior y que un secretario del juzgado de Casanello había recomendado a dos prefectos que pidieron instrucciones “no molestar a los chicos que iban a divertirse”. Un día antes, invitada por Mirtha Legrand, la ministra dijo que los cinco jóvenes habían fallecido porque “evidentemente acá le han puesto algún tipo de tóxico, tipo veneno”.

En los primeros tres días después de la muerte de cinco jóvenes en la fiesta de música electrónica Time Warp, en Costa Salguero, la ministra Bullrich salió públicamente en varias oportunidades respaldando la actividad que sus subalternos de Prefectura supuestamente cumplieron durante el evento. Por un lado, cargó las tintas en el consumo de drogas, cierta “cultura” que imposibilita actuar a las fuerzas a su cargo, y la responsabilidad de los padres. Por otro, responsabilizó a un secretario del juzgado de Casanello de haber recomendado a los prefectos que no molestaran a los jóvenes, por medio de una nota enviada al juzgado pero que simultáneamente hizo pública a través de Internet.

“Yo tengo una mirada, que tenemos que ser un poco más estrictos y trabajar con los padres, que también tienen que ser más estrictos -declaró la ministra durante una entrevista radial el mismo lunes 18 en que envió la nota a Casanello-. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero nos chocamos con una cultura que dice que si somos más estrictos, nos pasamos de la línea”.

En la misma entrevista aclaró, justificando a los prefectos, que “los perros que detectan drogas no detectan estas pastillas, por eso es necesario un control diferente”.

También aumentó la confusión cuando aseguró que la fiesta estaba a cargo de seguridad privada porque “era un evento privado” y consideró que “el límite es difuso entre privado y público. Vamos a tener que analizar si en cada uno de estos eventos tenemos controles previos que no sean solo de la seguridad privada”.

No conforme, subrayó que “el tema es cómo entra (la droga en la fiesta electrónica), si entra antes, o en el catering o en el agua o en camionetas”.

En la nota que el Ministerio dirigió al juez Casanello, señaló que el prefecto Rubén Farrus y el subprefecto Meraldo Verón, del Departamento de Investigaciones de Narcotráfico se presentaron ante el titular de la secretaría 7, Gustavo Russo, a pedir instrucciones antes del inicio de la fiesta y que “la tarea debía enfocarse especialmente en una eventual comercialización de estupefacientes, recomendando además no molestar a los chicos que iban a divertirse”.

Casanello respondió a la nota de Bullrich. Investigó entre sus empleados y constató que no se había indicado lo que sugería la nota, y recomendó a la ministra que iniciara una investigación interna. Al día siguiente, trascendió que el prefecto que estaba a cargo del grupo de 18 contratado como policía adicional había declarado sobre la existencia de una bolsa de residuos tipo consorcio llena de pastillas y otras drogas. La bolsa había permanecido en manos de los prefectos y recién fue declarada a la justicia 12 horas después de haber sido recibida y seis horas después de que se conociera la muerte de cinco jóvenes.

Recién entonces Patricia Bullrich pasó a disponibilidad a seis prefectos, de los 19 que fueron citados a indagatoria. Al día siguiente de las citaciones a indagatoria, decidió ampliar a 37 la lista.