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Una compañía eléctrica de Estados Unidos debe trasladar basura nuclear de una costa de ese país a la otra, pero para evitar llevar el material contaminante por su territorio lo hará en un barco que recorrerá todo el continente americano, navegará en torno a una treintena de países y pasará por el Cabo de Hornos, en el sur argentino y chileno. En caso de algún desperfecto, el plan de la empresa transportadora prevé utilizar puertos en Tierra del Fuego y Chubut. La medida viola la Constitución Nacional y también las provinciales. Desde Cancillería aún no tienen definiciones sobre el tema.
Las organizaciones ambientalistas Greenpeace y Taller Ecologista denunciaron que se trata de 700 toneladas de acero radiactivo perteneciente a un reactor atómico de la empresa Southern California Edison. El objetivo es llevarlo desde California (en la costa oeste) a Carolina del Sur, el otro extremo norteamericano. El Departamento de Transporte de Estados Unidos, con jurisdicción sólo en ese país, autorizó el traslado de los residuos radiactivos a lo largo de todo el continente. El director de Campañas de Greenpeace Argentina, Juan Carlos Villalonga, remarcó que “es algo totalmente irracional recorrer medio planeta cuando podrían hacerlo por tren y sólo afectando un país, el mismo que produjo ese material contaminado y contaminante”.
El canciller, Rafael Bielsa, conoció la iniciativa a través de una carta de las organizaciones no gubernamentales y encomendó al Area de Dirección de Asuntos Nucleares que investigue el tema para luego tomar una decisión. “Ahora estamos abocados a la Cumbre de Monterrey, pero para cuando el barco zarpe ya habrá una definición sobre el tema”, estimó una fuente de la cartera.
El traslado cuenta con el visto bueno del gobierno de George W. Bush desde mediados de diciembre último, pero como la carga es muy pesada la partida se retrasó. Según estiman desde Greenpeace, la salida es “inminente, pero sin fecha fija: puede ser mañana, en una semana, en dos o tres, cuando las condiciones de marea alta necesaria estén dadas”. El viaje, de 20 mil kilómetros, llevará tres meses y a los cuarenta días de su inicio el barco pasará frente a la costa argentina.
“Pueden realizar el traslado por territorio norteamericano, pero las empresas ferroviarias rechazaron el trabajo por dos motivos: es una carga muy pesada, lo que implicaría circular a muy baja velocidad y dificultar el funcionamiento de la red, y la otra razón es que debían tomar innumerables medidas de seguridad. Ambas medidas hacían la operación muy costosa”, afirmó Villalonga. La vía natural por mar sería el Canal de Panamá, pero el porte del barco supera la extensión de ese paso.
Según las denuncias de las organizaciones, el plan de contingencia por mal tiempo o desperfectos llevaría el barco a los puertos argentinos de Puerto Madryn y Ushuaia, aunque la Constitución Nacional prohíbe en su artículo 41 el ingreso de residuos radiactivos al territorio. En tanto, la Carta Magna de Tierra del Fuego no permite “la introducción y depósito de residuos nucleares” y la de Chubut dice que “quedan prohibidos en la provincia la introducción, el transporte y el depósito de residuos de origen extraprovincial radiactivos, tóxicos, peligrosos o susceptibles de serlo”. El Cabo de Hornos pertenece a la Zona Económica Exclusiva de Chile y la Argentina.
Pablo Bertinar, de la ONG Taller Ecologista, señaló que “las autoridades nacionales deben exigir el estricto cumplimiento de nuestra Constitución, que no permite el ingreso de residuos radiactivos, y ratificar la medida cautelar que adoptara la Justicia en Tierra del Fuego hace sólo dos meses atrás con el caso del navío Fret Moselle”.
Si bien los residuos no son de alto nivel de contaminación, las normas internacionales de seguridad recomiendan evitar su traslado y administrarlos en el mismo sitio donde se produjeron. “En caso de un accidente y que la carga termine en el fondo del mar, la empresa advirtió que no cuenta con planes de recuperación de esa basura porque es muy costoso. El daño al ecosistema implicaría que en la zona se prohíba la pesca por muchos años, lo que, además del daño ecológico, también provocaría pérdidas económicas enormes. La operación es una irresponsabilidad”, remarcaron desde Greenpeace.
Otros países donde el barco podría amarrar son México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil, Guayanas Francesas, Surinam, Guyana, Venezuela, Trinidad y Tobago, Grenada, Barbados, Puerto Rico, República Dominicana y Bahamas.

Informe: Darío Aranda.