La Justicia de Rosario ordenó a una obra social costear el tratamiento completo de Fertilización Asistida de una mujer de 43 años, “soltera”, que le había sido negado con el argumento de que la afiliada “no registra pareja conviviente”, otro caso que según los especialistas “será historia” cuando se reglamente la ley. La medida cautelar dictada por el juez en lo Civil y Comercial de Rosario, Pedro Boasso, contra la Obra Social del Estado Provincial Santafesino (Iapos) se sostiene en la ley provincial de junio de 2013, que garantiza el acceso integral a técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida (TRHA). La norma provincial, como la nacional establecen la incorporación de la Fertilización Asistida al Programa Médico Obligatorio y sostienen que la autoridad de aplicación (obras sociales) no podrán imponer limitaciones fundadas en el “estado civil” de las personas.