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La semana próxima el Senado analizará un proyecto destinado a crear un Registro de Violadores Reincidentes similar al “Plan Megan”, que rige en los Estados Unidos, para hacer un seguimiento y un control permanente de los que hayan sido condenados por delitos sexuales. El ex diputado peronista Miguel Saredi, quien años atrás presentó la primera iniciativa de este tipo, recordó que es un “instrumento preventivo” frente a una realidad que indica que “el 80 por ciento de los violadores son reincidentes”. Sobre el nuevo proyecto, similar al anterior, el senador radical Jorge Agúndez, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, precisó que las disposiciones podrían llegar a incluir la publicidad de los datos personales de los condenados, su domicilio y el lugar donde trabajan, para que los “organismos competentes” puedan hacer el seguimiento. El inculpado tendrá la obligación de notificar en forma inmediata cualquier mudanza y si no lo hace podría ser pasible de penas de hasta un año de cárcel. El seguimiento podría mantenerse hasta unos diez años después de cumplida la condena por la primera violación.
El solo anuncio del proyecto abrió la polémica. La ex diputada María José Lubertino sostuvo que el problema de la violencia sexual “no se resuelve con un registro”, sino produciendo “cambios culturales mediante una adecuada educación sexual en las escuelas para no generar en la sociedad personas violentas”. La titular de la Dirección de la Mujer del gobierno porteño, Carmen Storani, advirtió que “primero habría que saber qué tipo de resultados tiene en otras sociedades” para saber “si es realmente efectivo”. Osvaldo Natansohn, presidente de la Comisión de Derecho Penal de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, estimó que además de la condena judicial los violadores “deben ser tratados con gabinetes clínicos especializados”.
Natansohn sostuvo que es necesario “determinar sus características de personalidad y el tratamiento adecuado” que deben recibir, al margen de la sanción que les apliquen los jueces. El abogado opinó que el tema merece “algún análisis de política criminal, para ver cómo se manejan los casos de violación”. Coincidió en la posibilidad de aplicar aquí el “Plan Megan”, establecido en Estados Unidos en julio de 1994, luego de la violación y asesinato de Megan Kanka, de 7 años, a manos de un vecino. “En algunos estados de ese país se realiza el control posterior de los autores de abuso sexual, que tienen que registrarse en la comisaría del barrio, para que todo el mundo sepa de quién se trata.” De todos modos, el abogado dijo no saber “si eso funcionaría en la Argentina”.
El senador Agúndez confirmó que el proyecto está en estudio y que será “similar al sistema que se aplica en los Estados Unidos”. Recordó que ya hubo otras iniciativas similares, incluso una presentada en marzo del año pasado por la diputada María del Carmen Falbo, pero hasta ahora ninguna prosperó. “Falta tener el consenso necesario y un sistema carcelario unificado, para contar con una sola base de datos” sobre el listado de personas condenadas por delitos sexuales.
Saredi, autor de uno de los primeros proyectos, lo apoyó diciendo que “no se busca afectar la privacidad del imputado sino crear un instrumento preventivo para que la comunidad esté correctamente informada”. De acuerdo con el antiguo proyecto, explicó que “el objetivo es que los municipios y los que tengan interés legítimo en saber sobre la presencia de personas condenadas por delitos contra la libertad sexual tengan los datos necesarios”.
La ex diputada María José Lubertino afirmó, en cambio, que “el tema de fondo de la violencia sexual no se resuelve con un registro, sino produciendo cambios culturales”. Sin descartar que se haga el registro, impulsó además “una adecuada educación sexual en las escuelas”, fomentando “acciones para no generar en la sociedad personas violentas”.
Carmen Storani consideró que la eficacia del registro “es un signo de pregunta”, porque “primero habría que saber qué tipo de resultado tiene en otras sociedades, si es realmente efectivo”. La funcionaria se inclinó, en cambio, por lograr “una mayor sensibilización y difusión” del problema del abuso sexual”.