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“Está definitivamente comprobado que la disminución de la angustia y del estrés que se genera como consecuencia del acompañamiento en el parto, incide favorablemente en las complicaciones obstétricas.” Así, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, detalló uno de los beneficios pretendidos con el proyecto “Parto humanizado”, enviado ayer al Congreso por el Ejecutivo Nacional. La iniciativa busca que en hospitales y clínicas privadas la futura madre pueda estar acompañada por la persona que ella designe durante su internación, en el trabajo de parto y en el momento del nacimiento.
El texto indica que el personal de los establecimientos médicos y asistenciales deberá informar a la embarazada de este derecho, que también alcanza a las obras sociales y los centros privados. La normativa prevé la capacitación del personal, la adecuación de los recursos físicos y la estructura organizativa a esta modalidad. Esta iniciativa será “tratada con prioridad por el Poder Legislativo”, afirmó González García, luego de asistir a la firma del proyecto por parte del presidente Néstor Kirchner, junto con la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kir-chner, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer.
“Es una iniciativa que concurre al objetivo de búsqueda de igualdad por parte del Estado. En ese sentido, se propicia un cambio cultural, para permitir la presencia del papá en la sala de partos”, explicó el ministro durante una conferencia de prensa realizada ayer en Casa de Gobierno. “Para la clase alta o media mejor informada, lo que persigue este proyecto suele ser habitual. El problema es que este derecho no siempre está asegurado para los más débiles de la sociedad. Por eso intentamos que éste sea un derecho de todos y que los varones también se involucren”, enfatizó.
El proyecto se enmarca en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable –creado por la Ley 25.673– que fomenta para la población el derecho de adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia y disminuir la mortalidad materno-infantil. En la Argentina se producen 680 mil partos anuales, de los cuales las dos terceras partes se realizan en establecimientos públicos. El proyecto asegura que este derecho podrá alcanzar también a los 15 millones de beneficiarios de las obras sociales, a través de los contratos con la red privada o pública.
El gobierno porteño sancionó en junio del año pasado esta misma normativa, impulsada por la ex legisladora Lucila “Pimpi” Colombo, actual presidenta del Consejo Nacional de la Mujer. En el momento de la sanción, el director del Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP), José Belizán, manifestó que está demostrado que el acompañamiento de la embarazada desde el trabajo de parto genera “grandes beneficios biológicos”: reduce la necesidad de suministrarle analgésicos y sedantes a la madre, disminuye la incidencia de cesáreas y mejora las condiciones del recién nacido.
El Gobierno anunció, además, que invitará a las administraciones provinciales a adherirse a la futura ley, que propicia establecer la obligatoriedad de esta iniciativa en los contratos de las obras sociales. “Este no es un tema de recursos físicos o económicos sino de un cambio cultural representado por la importancia del acompañamiento emocional como refuerzo del concepto de familia y de corresponsabilidad de la crianza”, sostuvo González García.
Los fundamentos del proyecto aseguran que el proceso de trabajo de parto y el nacimiento de un hijo “no puede ser cosa de mujeres en una sociedad que promueve las responsabilidades compartidas”. En ese sentido, el ministro manifestó que la futura norma es “una ley de derechos humanos” ya que, tal como reza la Declaración de Fortaleza de la Organización Mundial de la Salud, “cada mujer tiene el derecho fundamental de recibir una atención prenatal apropiada”, teniendo en cuenta “los factores sociales, emocionales y psicológicos de la mujer”.