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Por Mabel Bianco *

La implementación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva en todo el país, desde marzo de 2003, fue un avance importante, aunque hay grandes diferencias según las provincias. Aún falta mucho, desde efectivizar la educación sexual en las escuelas públicas según establece la ley, hasta lograr una mejor calidad de la atención. Pero aunque se lograra la implementación plena de la ley, no es todo.
Un grave problema aún no resuelto es el del aborto, que todavía enferma y mata innecesariamente a muchas mujeres pobres y destruye familias.
Deberíamos empezar exigiendo el cumplimiento de la ley, que desde 1921 reconoce el riesgo de vida y las violaciones como excepciones a la penalización del aborto, pero que la Justicia y las autoridades sanitarias desconocen reiteradamente. Además, ahora que es posible el diagnóstico precoz de malformaciones congénitas incompatibles con la vida, la ley debe incluirlas en las excepciones. También resulta prioritario “despenalizar a las mujeres”, para que consulten ante complicaciones y no dejen de concurrir a los servicios de salud por miedo a ser penalizadas, aumentando los riesgos para su vida. Esta actualización de la ley que no obligue pero sí permita es imprescindible y urgente para garantizar el derecho a la vida digna de muchas mujeres pobres que hoy mueren y cuya muerte podría evitarse.
Cuando los Estados no proveen los medios para prevenir las muertes maternas no garantizan ese derecho. Hoy en Argentina por omisión y práctica, ni la ley, ni los servicios de salud, ni el Estado, ni la sociedad garantizan el derecho a una vida digna a las más de 500.000 mujeres que recurren al aborto, ni a sus familias. Bloqueados por la oposición sistemática, teórica e ideológica de los más conservadores, o por la hipocresía de los que miran para otro lado, se niegan a reconocer que este es un problema de derechos humanos y de salud publica.

* Médica, Epidemióloga. Presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)