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La Justicia Civil negó la personería jurídica a la Asociación Lucha por la Identidad Travesti-Transexual (Alitt) porque consideró que esa organización “no persigue el bien común de toda la sociedad”. En una resolución que los magistrados consideraron “concreta y razonada del derecho vigente”, la asociación vio nuevamente denegado el derecho a obtener la personería jurídica que había sido rechazado por la Inspección General de Justicia (IGJ) en setiembre de 2003. Por eso, la entidad había acudido a la Justicia, que resultó ser más dura en su postura, ya que consideró la pretensión de Alitt como “desenfocada de la realidad”. En tanto, el asesor legal de la asociación, Flavio Rapisardi, señaló que la decisión “es una brutalidad jurídica” y apuntó que “esto es parte de la travestofobia que hay en el Estado argentino”.
La resolución confunde “los derechos específicos de un grupo de personas con los derechos privados”, sostuvo Rapisardi. Además “el Estado argentino –resaltó– no efectúa ninguna campaña para dar salud, trabajo y vivienda a los travestis, y les niega la posibilidad de conformar una asociación para tratar de defender sus derechos”.
La actividad a favor de la comunidad travesti y transexual, que realiza Alitt desde hace años, fue tratada en siete carillas por tres jueces de la Sala K de la Cámara Civil, que coincidieron que la entidad mantiene “objetivos que no tienden al bien común. Sólo persiguen beneficios personales para los integrantes del grupo conformado por las personas que detentan esa condición”. Esa fue la razón por la que rechazaron el pedido de personería jurídica.
Sin embargo, y luego de rechazar el pedido, los jueces determinaron que la resolución “no obsta para que –los travestis y transexuales– se asocien en procura de conseguir tales fines”. Pese a ello, insistieron en que la resolución “no puede” ser calificada “de arbitraria”.
En septiembre de 2003, la Inspección General de Justicia (IGJ) había rechazado el pedido de reconocimiento como entidad civil a Alitt. Así, la entidad recurrió a la Justicia ordinaria al entender que se veían afectados sus derechos constitucionales de asociación. Pero el reclamo no encontró eco: la Cámara decidió confirmar la resolución de la IGJ, aduciendo que el rechazo “no afecta ningún derecho constitucional”.
Para los camaristas, los objetivos de Alitt “no tienden al bien común”: ellos son “luchar para que el Estado y la sociedad no discriminen el travestismo como una identidad propia, lograr una mejor calidad de vida para las personas travestis y transexuales, implementar campañas exigiendo el derecho a la salud, educación, trabajo y vivienda y demás beneficios sociales para dichas personas, propiciar espacios de reflexión, campañas de divulgación y asesoramiento en materia de derechos sexuales y antidiscriminación”.
Sostener “que el Estado se asocie de alguna manera en la reivindicación de la temática travesti-transexual al pretender que contribuya económicamente para facilitar las tareas de divulgación” fue calificado por los magistrados como “una evaluación desenfocada de la realidad”.
Alitt es una organización de Capital Federal que trabaja desde hace diez años en la defensa y promoción de los derechos de travestis y transexuales y cuenta con 60 integrantes. Los magistrados Teresa Estévez Brasa, Carlos Degiorgis y Julio Moreno Hueyo coincidieron en su fallo que la personería jurídica había “sido bien denegada” por la IGJ.