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En los últimos días antes de su caída, cada vez que Carlos Juárez abría su boca para hablar del entonces gobierno de su esposa Mercedes “Nina” Aragonés, repetía que la provincia estaba ordenada y que en el banco tenían 500 millones de pesos de reserva. El dinero en cuestión está, pero su existencia se debe a que no se utilizaron –tal como preveía el Presupuesto provincial– para cubrir las necesidades básicas insatisfechas del 31,3 por ciento de la población de Santiago del Estero. Allí no termina todo, sino que además la intervención federal detectó que la deuda santiagueña supera con creces el declamado ahorro. “Es una vergüenza moral. Acá no se puede hablar de negligencia. Todo esto ha provocado una marginalidad y un abandono realmente deplorable”, aseguró a Página/12 Pablo Lanusse.
La gobernación santiagueña es una caja de Pandora. Cada día que pasa, Lanusse descubre nuevos desaguisados del matrimonio que dominó durante 50 años la provincia norteña. A partir de su arribo a la provincia, el ministro de Economía, Miguel Pesce, trabajó sobre el estado real de las finanzas públicas. La sorpresa fue mayúscula.
Según los datos que arrojó la investigación oficial, sostiene que la deuda provincial supera en 137 millones de pesos al dinero que está depositado en plazo fijo, cuenta corriente y caja de ahorro a nombre del Estado santiagueño. Es más, el informe que Pesce le entregó ayer a Lanusse detalla que si se toman en cuenta sólo los intereses de la deuda consolidada, la diferencia llega a 523 millones.
Del 45 por ciento de esa deuda que está consolidada, el 16 por ciento se paga en moneda estadounidense que representan unos 100 millones de dólares. Estos fueron colocados en bonos por el banco de Nueva York.
Los funcionarios de la intervención sostienen que lo peor de todo es que la recaudación impositiva del 2003 fue 1095 millones de pesos pero apenas se gastaron 770 millones. “Los 325 millones restantes fueron desperdiciados. Ni siquiera un peso se utilizó para la construcción de viviendas, escuelas y su equipamiento, obras hídricas para riego y agua potable, alimentos, vacunación y medicamentos para hospitales”, aseguró Lanusse. El informe destaca que si la totalidad de ese monto remanente se hubiera utilizado el total en la construcción de viviendas, se habrían edificado 10.000 casas de 45 metros cuadrados de dos dormitorios en terrenos de 250 metros cuadrados.
Si se desagregan los fondos inutilizados del Presupuesto 2003, la gestión de los Juárez es, al menos, rayana con la desidia. Del total de fondos presupuestados para Salud y Acción Social se gastó apenas el 44 por ciento. Hay que tener en cuenta que la intervención detectó hace pocos días que los datos de mortalidad infantil eran falsos. Los Juárez juraban que era del 11 por mil, sin embargo se determinó que ascendía al doble de lo publicado. “Está todo desvirtuado, incluso hemos llegado a la conclusión que nuestro diagnóstico estuvo subdimensionado ante los verdaderos datos que arroja la realidad”, señaló Lanusse.
En cuanto al rubro Obras y Servicios Públicos, el informe de la situación económica financiera de Santiago del Estero indica que de cada 10 pesos disponibles para el área sólo se gastaron seis. El 95 por ciento de lo previsto para Promoción Social no fue siquiera tocado. Educación y Cultura es peor, se dejó intacto el 97 por ciento. En tanto que el 67 por ciento del dinero previsto para vivienda todavía sigue esperando en una cuenta oficial. No figura en el informe, pero Lanusse afirma que el gobierno de Nina contaba con partidas destinadas a efectivizar personal de la administración pública: “Sin embargo, continuaron los contratos y las pasantías con el único objetivo de mantener a los empleados sujetos al humor del gobierno obligándolos a obedecer ante las necesidades políticas del momento”, afirmó el interventor.
Lanusse aseguró que a partir de ahora y ya con las cuentas oficiales claras va a poner en funcionamiento el Estado: “Serán obras pequeñas, pero atendiendo las necesidades básicas de la gente, en una situación de vergüenza, ética y moral”, indicó. Además, el interventor reconoció que la publicidad del informe tiene como objetivo que “los santiagueños nunca más apoyen gestiones como las de los Juárez”, concluyó.