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Desde la crisis de diciembre de 2001 a esta parte, las salidas de los empleados de Edesur se han trasformado en exploraciones al infierno. De acuerdo con los datos que maneja la compañía, desde aquel período hasta ahora cuentan 1300 hechos delictivos contra el personal del servicio. “Nosotros hemos tenido agresiones, amenazas, robo a mano armada, pero nada como lo de ayer”, le dijo a Página/12 Daniel Martini, vocero de la prestadora.
Hasta el momento de la crisis, esas situaciones de agresión no alcanzaban el umbral de casos suficientes como para convertirse en lo que la empresa ahora define como “un problema”. Una sola vez, explican, un empleado fue baleado pero no perdió la vida. “Hoy –dice Martini– estamos exigiendo acompañamiento policial para los empleados: una cuadrilla por ejemplo fue atacada a balazos en Lomas de Zamora, cerca de las inmediaciones de Ingeniero Budge.”
Esos episodios de violencia suelen ser la respuesta con la que los pobladores de las barriadas de clase media y media baja han comenzado a defenderse de los cortes del servicio ordenados por la compañía por falta de pago. Son los que están en camino de convertirse en colgados de la luz, como sobreviven colgados del sistema, a un paso de la expulsión. Hace apenas poco más de un mes, el 8 de junio, el empleado de Edenor que terminó un día de trabajo con un dedo cortado, aseguraba: “Todos los días hacemos cortes a enganchados y cientos de morosos. Todos los días nos amenazan”. Esa vez, sin embargo, se sorprendía del tipo de agresión. Le habían cortado un dedo mientras le advertían que “pare con los cortes”. Hubo interpretaciones de aquello como de un hecho mafioso, como si el corte hubiese sido un mensaje destinado a la corporación de los distribuidores de luz o a la empresa francesa. También se habló de una supuesta mafia del robo de cables.
En ese mismo mes de junio, los ataques contra los obreros registrados por Edenor a lo largo de este año eran 138, casi el doble de los que habían registrado un año antes. Durante el primer semestre, contaron 319 robos patrimoniales de instalaciones, transformadores y cables. En el año 2003, la cantidad de hechos delictivos registrados por la compañía fueron 1245 denunciados ante la policía, a un promedio de un episodio cada siete horas.
Por el cúmulo de situaciones de riesgo incorporaron gendarmes, una política de seguridad semejante a la de Edesur. “Demandamos del Estado provincial y federal el acompañamiento o nos procuramos colaboración de fuerzas de seguridad para trabajos en esas condiciones”, le dijo Martini ayer a Página/12. Los casos más brutales no suelen producirse ni en los asentamientos ni en las villas de emergencia porque, al menos Edesur, no ingresa. Un acuerdo marco con los gobiernos nacional y provincial los obliga desde hace años a prestar el servicio que paga el Estado.