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Por Eduardo Tagliaferro y Pedro Lipcovich

La senadora Vilma Ibarra (Frente Grande) presentará hoy un proyecto para despenalizar el aborto cuando el embarazo provenga de una violación o cuando se haya diagnosticado –como en los casos de anencefalia– la inviabilidad del feto. La ley, de ser aprobada, modificaría el Código Penal, que hasta ahora autoriza interrumpir el embarazo cuando es producto de violación pero sólo para “una mujer idiota o demente”. El proyecto señala que “el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó a la Argentina autorizar el aborto en todos los casos de embarazo por violación”. La representante de una entidad por los derechos de la mujer comentó que, mientras no se apruebe una ley de este orden, “seguirá habiendo casos como el de Romina Tejerina, que terminó matando al bebé porque veía en él la cara del violador”.
El proyecto de ley propone modificar el artículo 86 del Código Penal en cuanto establece que “el aborto practicado por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer embarazada”, no es punible “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, que se reemplazaría simplemente por “si el embarazo proviene de la comisión de un delito contra la integridad sexual”. Y agrega, como tercera causa de despenalización (además del “peligro para la vida o la salud de la mujer”, que ya admite la legislación actual), “si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina del feto”.
En sus fundamentos, el proyecto recuerda que, en 1997, la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, ratificada por el Congreso nacional) “recomendó al gobierno argentino revisar la legislación sobre el aborto. El Estado no respondió entonces ni lo ha hecho hasta ahora”. Además, “el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 2000, recomendó a la Argentina modificar la legislación nacional para autorizar el aborto en todos los casos de embarazo por violación”.
El proyecto menciona un estudio del Instituto Social y Político de la Mujer que, en 2002, encontró que la proporción de mujeres dispuestas a abortar en caso de sufrir una violación era más de siete veces mayor que la de las que abortarían en caso de un embarazo accidental fruto de una relación consentida.
En cuanto a la despenalización, “cuando se trata de un embarazo en el que ha sido diagnosticada médicamente la inviabilidad de vida extrauterina del feto”, el proyecto cita “la ley 1044 de la Ciudad de Buenos Aires, que obliga al médico a informar a la madre y al padre sobre la posibilidad de adelantar el parto cuando el feto presenta gravísimas malformaciones que producirán su muerte intraútero o a las pocas horas de nacer”.
El proyecto advierte que la revisión propuesta “no sólo no se vincula, sino que es opuesta, a la consideración del aborto como método de planificación familiar”.
La senadora Ibarra comentó a este diario: “Si el embrión de una mujer demente o idiota que haya sido violada puede ser abortado, ¿por qué no podría serlo el de las demás mujeres que hayan pasado por la misma situación?”.
El proyecto incluye también las firmas de las senadoras Diana Conti (Frepaso-Capital) y Marisa Perceval (PJ-Mendoza). Sería tratado inicialmente por las comisiones de Salud y de Asuntos Penales del Senado. “Un proyecto parecido, pero que planteaba una despenalización más generalizada, fue presentado el año pasado por legisladores socialistas en Diputados. Yo me he limitado a plantear la despenalización de las dos situaciones para las que encuentro mayor consenso social: la violación y la inviabilidad de la vida extrauterina”, precisó Ibarra, y anticipó que “una vez presentado el proyecto, lo giraré a las organizaciones de mujeres y de derechos humanos”.
Mabel Gabarra, representante del Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer (Indeso), estimó que “la aprobación de esta ley sería un adelanto que reclamamos desde hace mucho tiempo. Mientras no se legisle en ese sentido seguirán produciéndose casos como el de Romina Tejerina, en Jujuy, que terminó matando al bebé porque veía en él la cara del violador. La violación es uno de los hechos más traumáticos que puede sufrir una persona, y obligar a la víctima a llevar adelante un embarazo y un parto procedentes de ese hecho aberrante es penalizarla demasiado”. De todos modos, “tengo mis dudas de que los legisladores aprueben este proyecto –advirtió–: ojalá puedan recordar que somos un Estado laico y que ellos deben responder a la gente que representan, no a las instituciones religiosas que imponen estas sanciones impropias de un Estado democrático”.