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Todo indica que en octubre, cuando se cumplan dos años del asesinato de María Marta García Belsunce, podría recién reiniciarse la investigación y, en ese caso, es prácticamente seguro que habrá que comenzar casi de cero. El fiscal general de San Isidro, Julio Novo, se reservó el derecho a la apelación de dos resoluciones de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, por lo cual el expediente llegaría a la Cámara de Casación, que tardará dos meses –agosto y septiembre– para resolver, aunque lo más probable es que rechace las apelaciones. Recién después de que intervenga Casación se retomaría la búsqueda de pruebas para determinar quién mató a María Marta. La otra alternativa que estudia Novo es desistir de las apelaciones y en ese caso designaría, ya en las próximas semanas, a un fiscal –o incluso dos–, con probadas condiciones investigativas, para que logren efectivos avances en una de las causas que el ciudadano común considera de las más demoradas y sospechadas.
La Cámara de Apelaciones tomó el mes pasado dos resoluciones que, de hecho, dejaron moribunda toda la investigación realizada por el fiscal Diego Molina Pico. En primer lugar, el tribunal confirmó el fallo del juez Diego Barroetaveña, quien había sostenido que no había pruebas para procesar al viudo Carlos Carrascosa. La segunda resolución fue apartar del expediente al fiscal Molina Pico quien, a su vez, no sólo consideraba culpable a Carrascosa, sino que sostuvo que había suficientes elementos como para elevar la causa a juicio oral.
En el centro de la polémica están las dos hipótesis que siempre sobrevolaron el caso García Belsunce.
- Para el fiscal Molina Pico, Carrascosa asesinó a su esposa por alguna razón económica relacionada con dinero del cartel mexicano de la droga de Juárez.
- Para la familia García Belsunce, en cambio, el crimen fue obra de un vecino del country, Nicolás Pachelo –hoy preso por numerosos robos–, y una banda de vigiladores que también, supuestamente, robaban en el country. María Marta volvió antes de lo pensado de un partido de tenis, los encontró robando y la mataron.
El fiscal general de San Isidro nunca tomó partido por estas hipótesis enfrentadas y, por ahora, resolvió hacer reserva de apelación de lo decidido por la Cámara de Apelaciones. Esto significa que en los próximos días podría presentar un escrito en el que insistirá con el procesamiento de Carrascosa y en que se reponga a Molina Pico. Sin embargo, en San Isidro creen que es imposible que prosperen esas apelaciones porque la Cámara de Casación no se mete en la cuestiones de fondo de un caso hasta que no haya una sentencia. Casación diría que la apelación no corresponde, pero eso sería recién en octubre y en esa eventualidad, el expediente volvería a San Isidro, donde Novo deberá designar un nuevo fiscal.
La otra alternativa que piensa el propio fiscal general Novo es directamente avanzar desde ahora en la causa, poner de inmediato alguien a cargo y que se pongan manos a la obra en una larga serie de medidas tendientes a comprobar cuál de las dos hipótesis es la que explica el crimen. Como el apartamiento de Molina Pico implica considerar nulas gran parte de las cosas que se realizaron, el nuevo fiscal –o los dos fiscales– tendría que empezar casi de cero y por supuesto están pendientes la extracción de sangre de los familiares de María Marta para comparar el ADN con las manchas encontradas en el baño, así como toda la línea que va hacia el ahora detenido Pachelo y los vigiladores queestaban ese domingo trágico en el country Carmel.
En forma paralela, el caso García Belsunce se está tratando en La Plata, en la Corte Suprema bonaerense. El máximo organismo judicial de la provincia ordenó una investigación administrativa sobre todo lo realizado en el expediente y, entre otras cosas, el conflicto desatado entre el camarista Fernando Maroto y el juez Barroetaveña. El informe de la Corte estará terminado la semana que viene y será girado a la Procuración, ya a cargo de María del Carmen Falbo. En la Procuración estudiarán el informe y dirán si al juez le corresponde alguna sanción, incluso un jury de enjuiciamiento, si cometió infracciones y se lo debe amonestar o si actuó bien y no merece objeción lo que hizo. Ese será un proceso todavía más largo y, en verdad, la mayor de las preocupaciones está en que se llegue al segundo aniversario del asesinato, el 27 de octubre, con la sensación de que la investigación está paralizada.