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En una sesión escandalosa, donde no faltaron gritos, ironías ni insultos, el Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó ayer, tal como adelantó Página/12, el polémico proyecto del intendente Baldomero “Cacho” Alvarez (PJ) para la creación de sociedades anónimas que brinden algunos de los servicios públicos que hoy están a cargo de la comuna. La iniciativa cosechó críticas de una veintena de organizaciones sociales y partidos políticos que denuncian “la privatización encubierta” de las dependencias municipales, una práctica que –alertan– remite a la “década menemista”. Después del anticipo de este diario, el lunes último, los concejales oficialistas introdujeron algunos cambios al proyecto original para obtener el apoyo del radicalismo. En la Cámara de Diputados bonaerense estudian la posibilidad de sancionar una norma que impida repetir estas iniciativas en otros municipios.
El bloque de la UCR –principal fuerza opositora– finalmente apoyó la iniciativa, después de acordar con los concejales del justicialismo algunas modificaciones al texto original. Pero a la hora de llegar al recinto, sólo las dos bancadas mayoritarias tenían la versión del proyecto modificado: a la mayoría de los bloques no les fue entregado el nuevo texto y aún contaban con la vieja versión, por lo que debieron conformarse con la lectura del proyecto. Así comenzó el debate en el recinto.
El Concejo aprobó por 17 votos (del PJ y UCR) contra 7 dos proyectos sustanciales: uno de ellos autoriza al Poder Ejecutivo municipal a crear sociedades anónimas que manejen los servicios públicos de Avellaneda, “con participación estatal mayoritaria” (51 por ciento), aunque en los términos de las sociedades comerciales; la otra iniciativa aprobada permite a la intendencia la conformación de una empresa –con el mismo formato– que se encargará de manejar el futuro crematorio municipal.
En las últimas horas antes de la aprobación, los concejales eliminaron las siete sociedades incluidas en el proyecto original, que iban desde el control del tránsito, la emisión de licencias de conducir, el área de informática, hasta el manejo del mercado de abasto y de la Costa de Sarandí, donde existe una reserva ecológica. El texto aprobado ayer, que debe ser promulgado por el intendente, constituye la puerta de entrada para la creación, desde el Ejecutivo, de esas siete sociedades.
Los cambios incluidos al proyecto original son principalmente tres: no se permite que quede en manos de estas sociedades la recaudación de las tasas de Seguridad e Higiene y de Alumbrado, Barrido y Limpieza; en cambio, podrán cobrar el resto de los impuestos comunales. Otra de las modificaciones indica que todas las personas que trabajen dentro de estas sociedades anónimas “serán empleados municipales”. Al respecto, la concejala socialista Silvia Garófalo advirtió que “esto es una falacia, ya que los empleados estarán sujetos a la ley nacional de sociedades comerciales, que está por encima de una ordenanza municipal, y que permite que personas que allí trabajan puedan ser echadas cuando el consejo directivo de la sociedad anónima así lo disponga”. El tercer cambio señala que dentro de la comisión fiscalizadora habrá un representante del Departamento Ejecutivo y otro del Concejo Deliberante, aunque ambos serán elegidos por el intendente, el mismo que este año se aumentó su propio sueldo al doble. Alvarez está al frente de su tercer mandato. Los dos primeros fueron en la década del ’90, en coincidencia con el gobierno de Carlos Menem.
“Estos cambios son totalmente falsos porque el espíritu de la iniciativa sigue siendo el mismo. Los servicios públicos estatales pasan a ser empresas privadas lucrativas. Los contribuyentes se transforman en clientes”, manifestó la concejala Isabel Rodríguez, del ARI. “Este proyecto es muy peligroso para los trabajadores municipales porque significa una alianza entre el poder político y el establishment, lo que va a dejar saqueada a la municipalidad”, definió el edil Juan Carlos Cicconi, del bloque Justicia y Esperanza. El debate estuvo condimentado por gritos, ironías cruzadas y un chicaneo casi permanente entre los concejales. No faltaron las menciones a la nota que el lunes último publicó este diario sobre el tema. Vecinos y organizaciones barriales, piqueteras y políticas opositoras el gobierno municipal llegaron poco después del mediodía para ingresar al recinto y presenciar la sesión, prevista para las 13, pero ya era tarde: simpatizantes de Alvarez se adelantaron y ya a las 11 habían completado el espacio previsto para el público. Luego, este diario pudo comprobar que varios de los asistentes no eran simples vecinos y al finalizar la sesión regresaron a sus oficinas dentro del edificio municipal. Eran los mismos que acompañaron la sesión con carteles de agradecimiento a Cacho, gritos para alentar las palabras de los concejales justicialistas y fuertes abucheos cuando era el turno de la oposición.
Durante el debate, los concejales oficialistas buscaron mostrar las ventajas del proyecto: “Estamos de acuerdo en recuperar el municipio y darle valor agregado a partir de la combinación de lo público y lo privado”, afirmó el jefe del bloque del PJ, Jorge Degli Inocenti. Damián Paz, titular del bloque de la UCR, sostuvo que la bancada respalda la iniciativa “siempre y cuando permanezca el control del Estado”. “Este no es, de ninguna manera, un cheque en blanco”, dijo.
Rodríguez (ARI) denunció que las sociedades “permiten la persecución a vecinos morosos del municipio”: Luego, el edil oficialista Carlos Fiorentino disparó a la oposición: “Estoy podrido del socialismo amarillo y del progresismo estúpido”.