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“¿Para qué sirve que se consagren tratados internacionales de derechos humanos, que les demos jerarquía constitucional si en la realidad esos derechos me son negados?”, se preguntó Raúl Zaffaroni. Frente a él, en una sala llena, lo escuchaban cerca de 400 piqueteros. El ministro de la Corte Suprema participó de un encuentro en el que desocupados y figuras del mundo académico debatieron sobre la situación en la Argentina. Zaffaroni habló de la exclusión: dijo que en un mundo donde sectores crecientes de la población son considerados prescindibles existen “derechos que el Estado no puede ignorar y que es legítimo que se defiendan”.
Su presencia en la jornada piquetera tuvo una carga especial no sólo por el gesto político de que un ministro del máximo tribunal de Justicia aceptara la invitación, sino porque la actividad ocurrió en momentos en que hay una arremetida en la criminalización de la protesta social. La avanzada se refleja en las detenciones de manifestantes ocurridas en las últimas dos semanas y en el agravamiento de las figuras penales que les imputan: si antes los detenidos en hechos de protesta eran acusados de delitos menores (como resistirse a la autoridad), la tendencia actual es a procesarlos por figuras no excarcelables.
El encuentro se realizó en la Universidad de Lomas de Zamora. El predio está alejado del centro, en el cruce de dos rutas (Camino de Cintura y Juan XXIII) de acceso complicado para quien ande a pie. La mayoría de los desocupados –integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez– viajaron al lugar en un servicio de trenes que pasa muy espaciado, una vez por hora, y caminaron después desde la estación hasta la puerta de la facultad. Una vez allí esperaron sobre el césped que rodea los edificios, donde desplegaron pancartas con los nombres de sus barrios de origen.
Zaffaroni llegó a horario. A las dos de la tarde, acompañado por su equipo de colaboradores, entró en la Facultad de Derecho de traje azul, cargando al hombro un bolso con apuntes. Sin embargo, hubo que aguardar casi dos horas el arribo del decano de Derecho, Alejandro Tulio, demorado en una reunión con la jefa de los fiscales bonaerenses María del Carmen Falbo. En la espera, los desocupados se acomodaron en el aula magna. Como mucha gente quedó afuera por falta de espacio, se montaron dos monitores de televisión en los pasillos.
Las jornadas habían abierto el jueves con dos paneles, “Derechos económicos, sociales y culturales” y “Criminalización de la protesta”. Pablo Ceriani (del CELS), Federico Schuster (decano de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA), Roberto Martino (del Teresa Rodríguez), la socióloga Maristella Svampa, el economista Eric Calcagno y el profesor Roberto Gargarella fueron algunos de los panelistas.
Durante el debate, Gargarella habló de los derechos reconocidos por la legislación argentina. Planteó que la Constitución Nacional es muy fácil de leer y de entender y que los problemas aparecen cuando los jueces o los abogados tratan de interpretar lo que es transparente. Donde la Constitución dice que todos tenemos derecho a acceder a una vivienda digna, puso como ejemplo el profesor, se debe entender eso. Una mujer del público pidió la palabra. “Nosotros tenemos derecho a todo lo que se dijo –señaló–, pero ¿qué pasa cuando el Estado no cumple?”
La pregunta quedó resonando entre los presentes y ayer cualquiera que preguntara cómo habían estado los debates recibía como respuesta el relato de esa intervención. Tal vez sin conocerla, Zaffaroni sintonizó con ese clima. Al comenzar su exposición planteó el interrogante mencionado al inicio de esta nota; se contestó que “hay que reconocer que los derechos humanos no son una realidad, ya que en el mundo se violan cotidianamente de manera masiva”, pero “son un programa de lucha”.
El juez definió a la exclusión como “un fenómeno creciente en el mundo. La exclusión no es explotación –dijo–; en la explotación hay una dialéctica entre el explotador y el explotado. En la exclusión, en cambio se pretendeque el excluido sobra, está de más. Es mucho más grave”. En ese marco, el ministro consideró que “la conflictividad no nos tiene que asustar, porque es un motor de cambio de la sociedad”.
Apoyó la legitimidad de defender “derechos que son anteriores al contrato social”. Pero cuestionó el uso de la violencia. “¿La resistencia tiene que ser violenta?”, se preguntó; “no me asusta la palabra violencia, pero estoy seguro de que con la violencia los más débiles pierden siempre”.
Finalmente, Zaffaroni se refirió al rol de los funcionarios de Justicia. “Si pensamos el derecho como un instrumento del orden, lo primero que deberíamos reconocer es que (en este sistema) estamos negando el acceso a derechos. Deberíamos avanzar para solucionarlos.”
El decano Tulio consideró, por su parte, que “no hay un orden legítimo mientras existan excluidos. Si el orden es ilegítimo –agregó– es legítima la resistencia, tal con un límite que pasa por no dañar”.
El panel no abrió un espacio para el debate, por lo que el público no pudo hacer preguntas. Aun así, los piqueteros se mostraron conformes con el encuentro. “Es un reconocimiento al movimiento de desocupados en momentos en que se nos persigue por reclamar nuestros derechos”, consideró Roberto Martino. A las jornadas seguirán charlas en los barrios impulsadas por la universidad y es posible que la intervención de Zaffaroni se repita en otros encuentros en el interior del país.