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A cinco años de la tragedia de LAPA, que provocó la muerte de 67 personas, el fiscal federal Carlos Rívolo pidió que los nueve procesados en la causa –entre ellos el ex dueño de LAPA, altos ejecutivos de la compañía y militares de la Fuerza Aérea– sean sometidos a juicio oral y público. El dictamen apunta a la violación de normas de control, pero sobre todo a las fallas de la empresa en su política de recursos humanos. “Era la cultura empresarial de la negligencia”, afirmó el fiscal a Página/12. El delito que se imputa a los empresarios es “estrago culposo”, que tiene una pena máxima de sólo cuatro años de prisión. A los aviadores les reprochan “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El juez Sergio Torres tiene dos semanas para aceptar o rechazar el pedido. El accidente ocurrió el 31 de agosto de 1999, a las 20.54, cuando el Boeing 737 que iba rumbo a Córdoba no pudo elevarse y se estrelló a 200 kilómetros por hora.
“Si a un avión le falta mantenimiento y un piloto no es apto, no es accidente sino una masacre”, había dicho en el cuarto aniversario Rosa Ramonino, en nombre de los familiares de las víctimas. El dictamen de 600 carillas que el fiscal elevó al juez federal Sergio Torres aporta una serie de argumentos que sustentan la denuncia de los familiares e identifican causas y “concausas” de la tragedia. Como responsables directos, causantes, señala al piloto Gustavo Weigel y al copiloto Luis Etcheverry, ambos muertos en el accidente. En el primer caso, evaluó la “falta de profesionalismo”. En el segundo, la “inexperiencia”.
Las “concausas” son los hechos o prácticas que permitieron el accionar de los pilotos y, por ende, del accidente. Apunta a la responsabilidad de la empresa y de los órganos de control (en este caso, la Fuerza Aérea) que, de haber funcionado, podrían haber evitado la tragedia. En su escrito, Rívolo responsabiliza a los propietarios y directivos de LAPA de aplicar “una política y una cultura empresarial endeble frente a uno de los principios básicos de la actividad aeronáutica, la seguridad de vuelo”.
Entre las violaciones a normas, señala que LAPA –empresa que ya no existe– no tenía un manual de vuelo aprobado y la licencia del piloto estaba vencida. Además, según las normas de seguridad, ningún piloto puede trabajar si se le adeudan vacaciones. “El reglamento remarca que no se le puede adeudar ni un día”, destacó el fiscal. A Weigel, máximo responsable del Boeing 747 que se estrelló e incendió hace cinco años, se le debían 70 días de descanso. “En todos los pilotos de LAPA se daba una situación similar”, afirmó Rívolo. También detalló que la compañía permitió volar al piloto Weigel sin un curso específico y obligatorio sobre “Gerenciamiento de Recursos Humanos en cabina”, que instruye sobre la forma de actuar de la tripulación ante una situación de emergencia.
El avión de LAPA se accidentó cuando carreteó sobre la pista del Aeroparque Metropolitano en un intento por despegar rumbo al aeropuerto de la ciudad de Córdoba. El avión nunca consiguió elevarse, chocó la reja perimetral de la estación aérea, cruzó la avenida costanera Rafael Obligado y se incrustó contra un terraplén de la Asociación Argentina de Golf, donde se incendió. Murieron 67 personas, entre ellas, dos automovilistas embestidos por el avión. En diciembre de 2000, el por entonces juez a cargo de la investigación, Gustavo Literas, había considerado que la tragedia fue producto de un “error humano, porque la tripulación olvidó extender los flaps (alerones) para iniciar el despegue y no atendió las alarmas que advertían de esa falla”. Los familiares de las víctimas fueron quienes apuntaron como máximos responsables a la dirección de la empresa.
Por parte de la compañía están imputados el por entonces presidente de la empresa, Gustavo Deutsch; el gerente general, Ronaldo Boyd; los gerentes de operaciones Fabián Chionetti y Valerio Diehl; el jefe de línea, Gabriel Borsani, y la gerenta de Recursos Humanos, Nora Arzeno. El dictamen señala que Deutsch “tenía una presencia relevante en las decisiones operativas de la empresa”, por lo que “no pudo dejar de conocer” las irregularidades de la habilitación de los pilotos y las condiciones de vuelo que imponía su compañía. A Boyd, el fiscal lo responsabilizó por un “accionar negligente en la conducción de la empresa”, lo que “contribuyó de manera determinante” con el accidente.
Entre los que van a juicio están el brigadier Enrique Dutra y los comodoros Damián Petterson y Diego Lentino, por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes que tenían, como funcionarios públicos, de controlar las operaciones de la empresa y las habilitaciones de los pilotos. De confirmarse el delito, la pena es de un mes a dos años de prisión, más inhabilitación para ejercer cargos en el Estado.
“Los responsables en el inicio de la maniobra son los pilotos. Pero en el juicio habrá que discutir todos los elementos que tuvieron relación con el final del hecho. Será un juicio muy relevante porque se podrá establecer la responsabilidad de los directivos, confirmar que era una operatoria común de la empresa y sentar precedente sobre la responsabilidad de los directivos en este tipo de hechos”, señaló el fiscal. A partir de la presentación, la defensa tiene seis días para formular su descargo y el juez Sergio Torres tendrá otros seis días para aceptar o rechazar el pedido. De aceptarse, el juicio se realizaría el año próximo.