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El aplauso fue general cuando los jueces leyeron la sentencia que condenó a la pena máxima de reclusión perpetua “más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado”, a Raúl Ezequiel “Chirola” Monti, por encontrarlo culpable del robo, secuestro y asesinato calificado por alevosía del joven Juan Manuel Canillas, en julio de 2002. Guillermo y Marta, los padres de la víctima, se abrazaron y lloraron, mientras tenían frente a sí al autor del crimen, inmutable dentro del suéter gris con pechera naranja que lo ponía en el centro de la escena. Guillermo Canillas, mientras lloraba en silencio, acariciaba una foto de Juan Manuel, prendida por un clip a la tapa de un cuaderno de tapas rojas, con un sticker de Tweety en la portada. La prueba concluyente contra Monti fue la huella digital que apareció en el estéreo del Honda Civic de la víctima. Además de condenar a Monti, los jueces pidieron que se abra una investigación para establecer la presunta vinculación que la banda de secuestradores tenía con oficiales de la Policía Bonaerense que actuaban en la zona de San Fernando y Virreyes, de acuerdo con lo que se denunció en el juicio oral.
La accesoria “por tiempo indeterminado”, votada por dos de los tres jueces del Tribunal Oral 1 de San Isidro, traba la posibilidad de Monti de acceder a la libertad condicional antes de los 25 años de cárcel efectiva. Los miembros del tribunal, Juan Carlos Tarsia, Gustavo Olazar y Ernesto García Maañón, en ningún momento intentaron hacer callar al público y se quedaron en la sala largo rato, tras la lectura de la sentencia, guardando ellos un respetuoso silencio. Con lágrimas y sonrisas, los padres expresaron su “satisfacción” por el fallo, calificado de “ejemplar” (ver nota aparte). Los defensores del condenado anticiparon que apelarán la sentencia ante la Cámara de Casación bonaerense. Consideraron “injusto” el pronunciamiento e “inconsistentes” los argumentos de los jueces.
El cierre del juicio, previsto para las 10, se demoró una hora. Con la sala llena de familiares, público, periodistas y algo más de una docena de policías con escudos y armas cortas y largas, la espera fue matizada con rezos. Los padres y hermanos de Juan Manuel revivieron la tragedia vivida la noche del 12 de julio de 2002. Desde que Juan Manuel, de 23 años, llamó a su madre por el celular para pedirle que reuniera dinero porque lo tenían secuestrado. “Lo tienen a Juan, lo tienen a Juan”, fueron las palabras que dijo Marta a su esposo. Los secuestradores, en el auto de Juan Manuel, pasaron por la casa familiar de General Paz 750, retiraron unos mil pesos y se llevaron al joven, al que asesinaron en la localidad bonaerense de Florida, a pocas cuadras del domicilio de los Canillas.
Los jueces rechazaron las objeciones que la defensa hizo respecto de las huellas digitales halladas en el autoestéreo del Honda Civic. Dijeron que el rastro tiene “14 puntos de coincidencia” respecto de la ficha dactiloscópica de Chirola Monti. Citaron abundante jurisprudencia en la materia, leyendo fallos que afirman que “si hay más de 12 coincidencias la huella es nítida” y si son “12, 14 o 15 coincidencias, es inequívoca”. Por eso interpretaron que la prueba “no puede ser objeto de cuestionamiento alguno”. Recordaron que el padre de Juan Manuel reconoció a Chirola como “uno de los que iban en el auto de su hijo” y que las escuchas telefónicas determinaron que Monti habló con otras personas sobre la “muerte del chico” y que el caso “no puede ser otro que el hecho que nos convoca”.
Los jueces consideraron como agravante la forma en que se produjo la agresión mortal, mediante un disparo de 9 milímetros por la espalda. En ese sentido recordaron que uno de los hermanos de Juan Manuel declaró en la audiencia que estaba seguro de que la víctima “no se iba a resistir”. Se dijo que el disparo fue “a traición y sobre seguro” ya que el joven estaba “en una situación de indefensión que le impedía algún tipo de resistencia que pudiera poner en peligro” al imputado y a sus cómplices detenidos, Maximiliano Pico y Franco Gasperoti, quienes serán juzgados después como coautores del robo, el secuestro y el homicidio de Canillas. El tribunal notificó al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanian, para que investigue si efectivos de la Policía Bonaerense de San Fernando y de la comisaría de Virreyes forman parte de “una organización criminal” vinculada con la banda que asesinó a Canillas. Un testigo de identidad reservada que declaró en el juicio, sin público y sin la presencia de Monti, aseguró que la casa del ayer condenado, en San Fernando, era visitada por suboficiales de la Bonaerense. Por esa razón aseguró que “tenía miedo” de sufrir alguna represalia. Otros dos testigos de identidad reservada ni siquiera se presentaron a dar testimonio.
Otro miembro de la banda dijo en la causa que en la zona de San Fernando, donde la banda se movía habitualmente, funcionaba “una zona liberada por la Policía Bonaerense para la concreción de distintos delitos, entre ellos los secuestros extorsivos”. Los testigos habrían aportado los nombres de al menos dos oficiales presuntamente involucrados. También se pidió a los fiscales de San Isidro que investiguen a los dueños de una inmobiliaria para establecer si tienen alguna vinculación con la organización. Cuando se supo la sentencia, semitapados por los aplausos, se escucharon algunos gritos dirigidos a Monti: “Asesino hijo de puta”, fue uno de los más reiterados.