[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

En la Legislatura porteña se avecina otra fuerte polémica. Cuando todavía no logró consensuar los puntos más calientes de la reforma al Código de Convivencia, el fragmentado cuerpo comenzó a debatir otro proyecto que promete acaloradas discusiones: una ley que incorpora la educación sexual en forma obligatoria en las escuelas públicas y privadas, desde el preescolar hasta el último año del secundario. Ayer, la Comisión de Educación inició una ronda de consultas con expertos, tal como adelantó ayer este diario en el suplemento Las12. La iniciativa es impulsada por kirchneristas y macristas y cuenta con el apoyo de legisladores del ARI, Izquierda Unida y ex bullrichistas. “En la Vicaría de Educación ya se están pintando la cara”, graficó a Página/12 un alto funcionario porteño que mantuvo conversaciones en el organismo eclesiástico del que dependen los colegios católicos de la ciudad. El punto más “conflictivo” es un artículo que fija temas que deben tratarse en las aulas “de acuerdo con la edad de los alumnos”: entre otros, “orientación sexual”; “erotismo, prácticas sexuales y abstinencia” y “género” y “diversidad”.
El proyecto fue elaborado por la kirchnerista Ana María Suppa, pero se convirtieron en sus fervientes defensores su compañero de bancada Diego Kravetz y la macrista Florencia Polimeni. El texto, que comenzó a debatirse ayer con representantes de distintos ámbitos en la Comisión de Educación, es el resultado de un fino trabajo de consenso entre la mayoría de los integrantes de ese órgano. “Ya tenemos los votos para sacar un dictamen de mayoría, pero queremos que el proyecto salga con el mayor consenso posible”, adelantó Suppa. La idea es que llegue a debatirse en el recinto antes de fin de año. Los más optimistas apuestan a empezar a discutirlo en el cuerpo la primera semana de octubre.
No es el primer intento de incorporar la educación sexual en los niveles de enseñanza obligatoria de la ciudad. Desde hace diez años se vienen presentado distintas iniciativas, pero ninguna llegó a debatirse en el recinto: siempre terminaron cajoneadas por el fuerte lobby de la jerarquía católica, que se resiste a que se hable libremente de sexualidad en las aulas de los colegios confesionales sin la venia de los padres, porque consideran que se viola la patria potestad. De hecho, Santiago de Estrada, de la línea dura del macrismo, y virtual vocero de la Iglesia Católica en la Legislatura, ya adelantó a sus compañeros de la Comisión de Educación su oposición a la ley. El año pasado, De Estrada trabajó fervientemente para impedir el avance en la Comisión de Educación de la anterior Legislatura de una norma similar que impulsaba desde hacía dos años Juliana Marino (hoy diputada nacional): “Tu ley de acá no va a salir”, recordó ayer Marino que le dijo De Estrada. Y no salió de la comisión.
En la Secretaría de Educación del gobierno porteño no ven con buenos ojos el nuevo proyecto. “Esa ley yo no la voy a poder cumplir”, dijo a este diario la titular del área, Roxana Perazza. Su principal cuestionamiento es la enumeración de los temas genéricos a partir de los cuales la Secretaría de Educación deberá definir los contenidos. La posición oficial quedó clara ayer en la reunión de la comisión a la que concurrió una vocera de Perazza y transmitió sus objeciones. Perazza quiere evitar un enfrentamiento con la Vicaría de Educación. Por eso, apoya la sanción de una ley de educación sexual, pero pretende que sea más general, que deje a la Secretaría de Educación la potestad de fijar los temas y los enfoques a bajar en las aulas. Estiman que la sanción de la ley tal como está redactada abrirá, indefectiblemente, un frente de batalla con el Arzobispado de Buenos Aires.
Pero la posición de la Secretaría de Educación fue rechazada de plano en la Comisión de Educación por otros de los invitados a discutir el proyecto, entre ellos Marino, la ex diputada María José Lubertino y María Elena Naddeo, titular del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño. “Si no se ponen algunos de los temas que consideramos que se deben dar a los chicos, como la perspectiva degénero, la diversidad sexual y la no discriminación, no se van a enseñar”, advirtió Naddeo. El organismo que encabeza viene realizando –hace tres años– talleres de educación sexual en las escuelas medias que se los demandan. Esta experiencia es una muestra clara de la política oficial en la materia, que podría sintetizarse con la siguiente frase: “Ofrezcamos educación sexual a los que quieran, pero que no se note”.
Además de Suppa, Kravetz y Polimeni, el proyecto cuenta en la Comisión de Educación con el apoyo de Fernando Melillo (ARI), María Eugenia Estenssoro (ex bullrichista) y Vilma Ripoll (IU). Suman seis votos a favor, entre un total de nueve miembros, para sacar un dictamen que lo habilitaría a llegar al recinto. “Lo vamos a aprobar con el apoyo o sin el apoyo de la Secretaría de Educación”, anunció ayer Kravetz a la directora de Educación Superior, Graciela Morgade, que actuó de vocera de Perazza. Finalmente, acordaron que comenzarán a trabajar a partir de la semana próxima en la búsqueda de un consenso con el Ejecutivo.
El proyecto tiene como base jurídica la Constitución de la ciudad, que establece el derecho a la educación sexual. La norma apunta a brindar una educación sexual integral, no sólo desde una perspectiva sanitaria. Tiene como objetivos “promover una concepción positiva de la sexualidad”, dar información “académicamente rigurosa” sobre las diversas dimensiones y temas incluidos en la educación sexual integral, “fomentar el cuidado del cuerpo propio y ajeno así como la responsabilidad sexual integral”, para prevenir desde el abuso sexual hasta embarazos no deseados, y “reducir los problemas relativos a la salud sexual y reproductiva” como el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Además, prevé la posibilidad de que haya “consejería en sexualidad” en los ámbitos escolares, establece un esquema de capacitación de los docentes en el tema e incorpora a los padres en el monitoreo de la educación sexual que se imparta en las aulas. “El enfoque que cada escuela quiera darle a los temas corre por cuenta de cada establecimiento según su proyecto educativo, pero lo importante es que se les brinde a los alumnos información comprobada científicamente”, explicó a Página/12 la diputada Polimeni. En los fundamentos se afirma al respecto: “Aunque parezcan afirmaciones similares, no es lo mismo enseñar que la masturbación causa daño o que la masturbación es desaconsejable; lo primero es falso, y lo segundo es un aserto moral, no científico. Si una institución así lo deseara en obediencia a su ideario, puede hacer confluir ambos contenidos, con tal de que ambos sean verdaderos. Deberá simultáneamente, afirmar que ‘la masturbación no causa daño’ y que ‘algunas religiones y morales sostienen que los niños no deben tener prácticas sexuales’, y se ajustará así a la ley”.