[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La investigación judicial de los sobresueldos en el menemismo tiene cada vez más sospechosos, con nombres y apellidos famosos. A Raúl Granillo Ocampo, acusado por su ex secretario privado de cobrar un extra de 50 mil pesos/dólares mensuales, se le suman ahora Domingo Cavallo, Jorge Domínguez, Alberto Mazza, José Uriburu, Claudia Bello y Beatriz Gutiérrez Walker. El fiscal federal Guillermo Montenegro citó a declarar como testigos a 13 secretarios de esos ex funcionarios, ya que existen indicios de que podrían haber pasado a cobrar un plus en negro para sus superiores por la Jefatura de Gabinete. El desfile comienza el jueves que viene. La otra pata del expediente apunta a desentrañar el mecanismo de desvío de fondos públicos para hacer los pagos, que tendría como centro a la SIDE.
La causa que instruye Montenegro –delegada por el juez Jorge Ballestero– comenzó a raíz de las confesiones de Roberto Martínez Medina, ex mano derecha de Granillo Ocampo, durante el juicio oral que se hizo este año contra María Julia Alsogaray. Allí contó que entre 1997 y 1999, cuando su ex jefe era ministro de Justicia, lo mandaba entre el 1º y el 10 de cada mes a retirarle un sobre con la plata al noveno piso de la Jefatura de Gabinete, entonces al mando de Jorge Rodríguez. El pagador, dijo, era Rodolfo Aiello. El monto, 50 mil pesos. Ante la fiscalía narró la misma historia, con más detalles. Para los investigadores hubo una llave en su relato: habló de otros secretarios de ministros con los que se encontraba cuando hacía el trámite y que, sostuvo, iban a lo mismo que él.
Así fue como comenzaron a expandirse las dudas hacia otros personajes del gobierno de Carlos Menem. En la fiscalía de Montenegro analizaron cajas llenas de papelitos con los registros de ingresos y salidas de la Jefatura de Gabinete de aquella época. Aunque ese trabajo no terminó, ya recolectaron datos suficientes como para citar a los ex colaboradores de ex ministros y funcionarios, que iban al mismo piso que Martínez Medina y con una regularidad cuanto menos dudosa.
Como anticipó Página/12, Montenegro firmó ayer 13 citaciones. La grilla quedó así: todos los jueves a partir del próximo y hasta el 14 de octubre inclusive tienen que declarar ex secretarios privados del ex ministro de Economía Cavallo, del ex ministro de Defensa Domínguez, del ex ministro de Salud Mazza, del ex ministro de Trabajo Uriburu, de la ex secretaria de Cultura Gutiérrez Walker y de la ex secretaria de la Función Pública Bello. Tanto Mazza como Gutiérrez Walker tenían también entre sus ayudantes a sus propios hijos, Pablo Cristian y Fernando Javier, respectivamente. Ambos hacían diligencias en el edificio de Diagonal Sur y Belgrano, pero no serán convocados porque están eximidos por ley de testificar contra sus padres.
De acuerdo con lo que surja de los testimonios y otras pruebas pendientes, los ex ministros y secretarios de Estado comprometidos podrían ser citados a indagatoria como sospechosos de malversación de fondos o administración fraudulenta. Hasta ahora quien está más complicado es Granillo Ocampo. Podrían imputarle delitos más graves como el de peculado –que puede no ser excarcelable–, ya que en su caso la Oficina Anticorrupción (OA) presentará pruebas de que habría desviado hacia la SIDE fondos públicos de su propio ministerio, que estaban bajo su resguardo.
La investigación, entonces, tiene dos grandes bloques:
u Uno de los objetivos es determinar quiénes se beneficiaron con el dinero del Estado entregado bajo el disfraz de los sobresueldos y qué cargas penales les corresponden. El paso siguiente será individualizar a los responsables de la repartija. Ya hay un precedente de un tribunal oral, el que juzgó a María Julia por enriquecimiento ilícito, que sostuvo que el pago y cobro de sobreasignaciones sin recibo es ilegal. Alsogaray había intentado justificar su aumento patrimonial diciendo que recibió 622 mil pesos de sobresueldos por la ley secreta de gastos reservados, aquellos que no requieren rendición. Pero los jueces recordaron que esa norma prevé las partidas secretas para asuntos de defensa y seguridad, pero no para nutrir el bolsillo de los funcionarios.
u El otro gran eje busca establecer de dónde salía el dinero que se distribuía en extras salariales y qué mecanismos se utilizaron para torcerlo del destino previsto. Hay pruebas que apuntan a fondos extrapresupuestarios recibidos por la SIDE –enviados desde otros organismos y ministerios mediante decretos secretos– que volvían a salir de la central de inteligencia bajo la modalidad de “gastos reservados”. Esa ingeniería pudo ser decodificada por la OA, que está por denunciar ante la Justicia que la SIDE llegó a recibir al menos 1000 millones de pesos/dólares de ese modo entre 1989 y fines del año pasado. Pedirá, además, que el Gobierno levante la confidencialidad sobre las resoluciones que habrían permitido la maniobra, para saber con exactitud qué áreas pudieron participar de ella.
La trama de los sobresueldos mostraría, en realidad, sólo un capítulo de los usos que se le habría dado a los millones en juego. El organismo anticorrupción, a cargo de Daniel Morin, intentará dar impulso a otras causas penales que están a tiempo de echar luz a otros múltiples posibles usos de la plata negra: desde el financiamiento de campañas políticas, o la compra de leyes, hasta la repartija de sobres entre los jueces.