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El gobierno español introducirá en la Ley de Extranjería, que será analizada el mes próximo, la figura del “arraigo laboral” para que los inmigrantes que hayan trabajado durante un año en ese país o presenten un contrato por ese lapso puedan regularizar su situación. La decisión puede beneficiar a miles de argentinos que trabajan en ese país y aún carecen de los documentos de residencia. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, señaló que los inmigrantes que demuestren en “forma fehaciente” llevar al menos un año trabajando en España de manera ilegal deberán denunciar a su empleador, quien podrá evitar la correspondiente multa si accede a pagar con retroactividad los gastos de Seguridad Social y formaliza un nuevo contrato laboral por al menos un año más.
Caldera dejó en claro que no se trata de un proceso de regularización y explicó que los inmigrantes obtendrán un permiso temporal supeditado a la continuidad de la relación de trabajo, “pudiéndose recoger la posibilidad de actualizar las cotizaciones a la Seguridad Social” correspondientes al período de trabajo que hubiera desarrollado el inmigrante cuando su situación no era regular.
Luchar contra la contratación de inmigrantes ilegales, y por otro, normalizar la situación de miles de extranjeros, son dos elementos que el gobierno se propone incluir en el reglamento de la Ley de Extranjería que analizará a mediados de octubre. La primera de las fórmulas, explicó Caldera, se denominará “arraigo laboral” y será el sistema general a partir de la entrada en vigor del reglamento, mientras que el segundo proceso será “breve, selectivo y personalizado”.
El ministro indicó que se simplificarán los procedimientos de contratación laboral con el objetivo de que en medio mes se concedan las autorizaciones. En tanto, se prevé que la resolución de los expedientes presentados por los extranjeros se resuelvan en un mes, en lugar de los dos meses actuales. Caldera, que entregará hoy el texto del reglamento a los grupos parlamentarios, calificó el arraigo laboral como un “instrumento innovador y radical” para luchar contra la contratación de inmigrantes ilegales.
A su vez, Caldera abogó por un pacto en torno de la política de inmigración para preservarla de “cualquier tentación demagógica o partidista” y denunció la “incoherencia” de la gestión llevada a cabo por el anterior gobierno con una ley de extranjería “restrictiva” y cinco regularizaciones extraordinarias que permitieron que se pasara de 500 mil extranjeros regulares en 1996 a 1.700.000 en abril de 2004.
El funcionario reiteró que la política migratoria que aplicará el gobierno de José Luis Zapatero se basará en “el control de los flujos migratorios según las necesidades del mercado de trabajo, la lucha contra la inmigración clandestina, la integración de los inmigrantes y la cooperación con los países de donde proviene la mayoría de los inmigrantes”.
Las autorizaciones de residencia “por circunstancias excepcionales”, que admite la Ley de Extranjería, se evaluarán, dijo Caldera, “de manera comprensiva pero rigurosa”, y el resto de supuestos de arraigo se vincularán a una estancia de al menos tres años, a la incorporación real al mercado laboral y a la demostración de lazos familiares o del arraigo, a través del aval de los servicios sociales de los ayuntamientos.
En España vive más de un millón de inmigrantes en forma ilegal, aseguró Caldera, en su gran mayoría marroquíes y latinoamericanos. Son personas que tienen alquilada una vivienda y que mandan a la escuela a sus hijos, pero carecen de la documentación necesaria. Se estima que son 90 mil los argentinos “sin papeles”. Las comunidades autónomas de Cataluña y Madrid son las que más inmigrantes tienen, seguidas por Andalucía y Valencia.
El plan de integración de los extranjeros de la Secretaría de Estado para la Inmigración se regirá en el control en las fronteras del país, la canalización de flujos de inmigrantes a través de convenios con terceros países y la integración social. La titular de esa cartera, Consuelo Rumí, advirtió que, una vez transcurrido el período de implantación de este proceso, “no habrá excusas para nadie, ni para los inmigrantes irregulares ni para los empresarios” que empleen trabajadores extranjeros de forma ilegal. Al efecto, el presupuesto de ese departamento aumentará más de un 15 por ciento.
Según el balance de inmigrantes 2003, elaborado por el gobierno español, 276 mil consiguieron sus papeles a lo largo de ese año. Sin embargo, no todos corrieron la misma suerte, ya que, en ese período, 92.679 personas que se encontraban en situación ilegal fueron repatriadas a sus lugares de origen. De ellas, el 25 por ciento llevaba años viviendo en España, pero el resto fue detenido en la frontera de ese país. A su vez, 19.176 fueron interceptados cuando intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de embarcaciones ilegales.
Cerca de 963 mil extranjeros figuran en las listas de la Seguridad Social, 95 mil fueron incorporados en 2003, lo que se traduce en un 5,71 por ciento de los trabajadores afiliados. Según el informe, los inmigrantes procedentes de América latina en 2003 llegaron a ser 514 mil en situación regular. Les siguen los africanos, que son 432 mil, y los procedentes de países pertenecientes a la Unión Europea, 406 mil.