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La posibilidad de que el chico de 11 años que el viernes disparó dos balazos en una escuela de Salta pudiera ser internado en un reformatorio o en un instituto de menores generó el rechazo de especialistas en derechos del niño. El fin de semana trascendió que la jueza a cargo de la causa tenía previsto privarlo de la libertad. Pero ayer, después del aluvión de críticas y tras tomarle declaración informativa durante más de dos horas, la jueza de menores Silvia Bustos Rallé aseguró que el niño “no será internado en un reformatorio” y dejó entrever que podría quedar en libertad.
“Desmientan esa versión. En todo caso podría ir a un instituto de rehabilitación, pero no va a ir”, aclaró anoche la jueza, tras tomarle declaración al nene. La magistrada, una de las figuras fuertes de la Justicia salteña en minoridad, dio a entender que en las próximas horas cambiaría la carátula de la causa de “tentativa de homicidio” a “tenencia de armas”, con lo cual G.R. quedaría libre. Las declaraciones de Bustos Rallé se produjeron como consecuencia de las versiones que señalaban que la jueza barajaba la posibilidad de trasladar el chico a un instituto de menores.
“Me parece terrible. El término reformatorio es algo ofensivo para los chicos. Y aunque se usan otros eufemismos como instituto de menores o de hogares, en realidad es lo mismo porque significa la privación de la libertad”, afirmó a Página/12 Nora Shulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
“Lo que más necesita este chico es tratar de comprender por qué le pasó esto, y no mantenerlo aislado”, subrayó Shulman. La presidenta del Consejo de los Derechos del Niño y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Naddeo, explicó que “por su edad, en ningún caso este chico debería ser encerrado. Tendría que contar, en cambio, con una contención terapéutica, que no lo excluya de su medio. Debería ser integrado en un programa alternativo que permita su asistencia”, agregó.
“La jueza debería apoyarse en leyes de protección integral porque no existe ninguna obligatoriedad legal para internarlo en una institución de menores. Una medida de esas características lo extrae de su medio social, de sus pares de la escuela y referentes. Esto es totalmente contrario a un proceso de recuperación”, sostuvo la asesora general adjunta de menores del Poder Judicial porteño, Angeles Burundarena.
Bustos Rallé ordenó que, en Salta, el adolescente fuera alojado en la Comisaría del Menor, aunque indicó que “es la última noche que pasa (el chico) en ese lugar” y señaló que recibirá “un fuerte apoyo profesional de psicólogos y psicopedagogos”. No obstante, la jueza confirmó que el chico se quedará “unos días más en Salta” capital. Allí será sometido a “estudios psicológicos y psiquiátricos”. Bustos Rallé admitió que trajo al alumno a Salta “para sacarlo de su entorno y estudiar el caso”. “Es un pobre chico”, dijo.
“La reeducación se logra con programas alternativos que propongan una inclusión, una resocialización. El hecho de que la jueza lo pueda enviar a un instituto de menores habla de un vacío en las políticas de infancia y adolescencia”, detalló Naddeo. “Debería contar con el apoyo de su medio y de profesionales que trabajen desde su responsabilidad sobre su propia conducta, pero sin excluirlo de su medio, porque ésa es una forma de rotularlo. Es como decir que no puede recuperarse, salvo que esté fuera de su medio. Un ámbito de aislamiento no responde a la finalidad de la medida. Lo ideal sería hacerle ver que él pudo haber causado un daño a los demás y a sí mismo con la ayuda de profesionales”, advirtió Burundarena.
El hecho que involucra a G.R. ocurrió el viernes, cuando el nene efectuó dos disparos en la escuela Victorino de la Plaza de Cachi, la tierra del vicegobernador de la provincia, Walter Wayar. El chico, quien no hirió a nadie, tenía en sus manos un arma calibre 9 milímetros de un familiar que es policía, presta servicios en el departamento de Cachi y se encontraba en la ciudad de Salta, de vacaciones. La jueza reconoció que los mismoscompañeros del joven “dijeron que G.R. en ningún momento amenazó a nadie con el arma y ellos piensan que tampoco tuvo la intención de efectuar los disparos sino que más bien llevó el arma para mostrarla”. Burundarena manifestó que “todas las leyes de protección integral dicen que no se debe excluir al chico de su ámbito, porque los niños son reconocidos como sujetos en vía de desarrollo y se busca promover el ejercicio de sus derechos”.

Informe: Maricel Seeger.