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La discusión sobre el destino de los menores de la provincia de Buenos Aires contó con un nuevo capítulo: la Suprema Corte bonaerense reunió ayer a 35 jueces de menores para conocer y sentar posiciones sobre la polémica generada una semana atrás tras la denuncia del ministro Juan Pablo Cafiero contra una docena de magistrados por mantener encerrados en comisarías o institutos a chicos de menos de 16 años, inimputables de acuerdo a la ley. Los jueces salieron a dar pelea y agitaron fantasmas. Hubo quienes insinuaron que una salida masiva de los chicos alentaría la formación de escuadrones de la muerte o de bandas de justicieros. Cafiero, en tanto, promovió una nueva denuncia. De acuerdo a la información obtenida por Página/12, ayer envió a la Procuración una nueva denuncia contra los mismos doce jueces por otros 24 casos de menores detenidos de forma indebida.
En términos políticos, la convocatoria promovida por los ministros de la Corte fue un poderoso gesto de fuerza. De los 50 jueces de menores convocados a la reunión, fueron 35. De acuerdo al anuncio que había hecho el jueves pasado, la Corte convocaba a la reunión para que los jueces pudieran hablar sin intermediarios. Una suerte de descargo colectivo contra las denuncias por la judicialización de los menores presentada por el Ministerio de Desarrollo Humano.
Uno de los que estuvo presente y habló fue Rodolfo Brizuela, uno de los jueces de menores de La Matanza que a partir de las denuncias está en el foco de la tormenta. De acuerdo con el informe de Cafiero, su juzgado era uno de los que el lunes 1º de noviembre tenía encerrados a unos 28 menores en comisarías. Frente a los miembros de la Corte, el juez ayer presentó el descargo que más tarde le repitió a este diario: “Le dije a la Corte que el planteo del ministro generó preocupación y zozobra entre los jueces. Y que era un conflicto de orden ideológico”, arrancó. “Cuando me pidieron que lo aclarara, les dije que el ministro entiende que cualquier menor de 16 años es inimputable, que su causa no es penal sino asistencial y que por lo tanto debe estar con sus padres: pero esto no es así porque la naturaleza penal de un delito no puede perderse, esto no tiene asidero.”
La gente del ministerio no piensa eso exactamente. Ante una consulta de este diario, uno de los asesores técnicos de Cafiero explicó lo que está sucediendo en el fuero judicial de esta manera: “Los jueces se creen que todos los pibes son un ‘Petiso Orejudo’”. Ahora bien, continuó, “cuando existe un pibe que de verdad es un Petiso Orejudo, porque los hay, alguien de 14 años que realmente mató a siete personas y montó un secuestro extorsivo, se necesita alojarlo en un instituto y no se puede porque los lugares están llenos con pibes que no hicieron nada”. El 90 por ciento de los chicos institucionalizados –recordó la fuente– no están allí porque cometieron un tipo de delito sino porque son pobres. Los jueces se arrogan la facultad de “tutela” sobre ellos: los levantan y los encierran porque están solos, porque son víctimas de un abuso o por tentativa de robo, una figura por la que ni siquiera se detiene a un adulto.
Esa discusión de fondo pasó prácticamente inadvertida en la reunión del cónclave judicial. Los jueces que hablaron durante las más de dos horas que duró el encuentro no le atribuyeron el problema de la “falta de espacio y de plazas en los institutos” a la superpoblación de menores erróneamente institucionalizados sino a la falta de respuestas del gobierno: “Tengo un pibe para mandar y me dicen que su nombre ingresa en una lista de espera con el número ochenta y pico”, graficó Brizuela.
Aun así, la idea de abrir las cárceles y los institutos para soltar al 90 por ciento de los pibes detenidos es uno de los puntos que aparentemente más preocupa a los jueces. Marta Pascual es jueza de menores de Lomas de Zamora y fue presidenta del Consejo del Menor y la Familia bonaerense durante la gestión de Hilda “Chiche” Duhalde. Puertas adentro de la corporación judicial, su voz se escucha como la de un vocero. Tras lareunión con los supremos, se refirió a los problemas que causaría una hipotética liberación masiva de menores: “Si los mecanismos de los jueces o del Ministerio de Desarrollo Humano no actúan, funcionan otros mecanismos informales de defensa como el de la ‘justicia por mano propia’”, explicó. “Quiero ser clara con la población –agregó–, son chicos menores, pero son peligrosos, y si son liberados van a surgir otros mecanismos informales de defensa.”
La Corte se comprometió a “darle una respuesta institucional” al Poder Ejecutivo, dijeron los jueces. Y al final del día, el Ejecutivo a través del ministro de Seguridad León Arslanian pareció adelantar una respuesta. Arslanian recordó que aún quedan 200 chicos en comisarías. Y que “lo que procura el gobierno es que los menores en comisarías dejen de existir, y que los jueces no detengan más menores por causas asistenciales”.