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El impuesto a la transferencia de futbolistas que impulsa el gobierno de Aníbal Ibarra avivó la antigua polémica de quién paga y cómo se distribuye el dinero de un tributo que asciende al 2,5 por ciento. Por citar un ejemplo, si Carlos Tevez fuera vendido al Atlético Madrid por la suma que se comenta –unos 18 millones de euros–, Boca y los propietarios del restante 20 por ciento de su pase deberían abonar 450 mil euros al fisco porteño. La iniciativa de la Dirección General de Rentas todavía no tiene aprobación legislativa, aunque todo indica que se trataría antes del 10 de diciembre. En las instituciones que serían afectadas –todas aquellas que poseen su sede en la ciudad de Buenos Aires– son mayoritarias las opiniones que cuestionan la norma. Por el contrario, Alejandro Otero, el director del organismo recaudador, se esmeró en precisar en un escrito que le envió a la Legislatura: “El gravamen no es al club sino a una operación de la que puede ser partícipe o no la entidad deportiva...”.
El artículo 335 bis del Código Fiscal que establece el impuesto, no obstante, confirma en su primer párrafo que las instituciones deberán tributarlo: “Los clubes profesionales de fútbol afiliados a la AFA están sujetos al pago del impuesto a los Sellos por los instrumentos mediante los cuales se formalice la transferencia temporaria o definitiva de los contratos comprendidos por la Ley 20.160 (se refiere al Estatuto del jugador) de conformidad con los registros que de tales instrumentos posea la AFA, la que a este efecto actuará como agente de información y retención del aludido impuesto”.
La norma se completa con una referencia a la jurisdicción en que se aplicará. Y señala que alcanzará a aquellas operaciones en que “alguna de las partes contratantes tenga su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los que tengan efectos jurídicos y económicos en el ámbito local”. Si el impuesto rigiera a partir del 2005, como espera el Ejecutivo, no queda claro si gravaría a los 12 clubes que practican fútbol profesional en el distrito o si también se extendería a los que tienen su sede en la ciudad, aunque sus estadios se ubiquen en la provincia.
Boca, River, San Lorenzo, Vélez y Argentinos en Primera; Huracán, Ferro, Chicago y Defensores de Belgrano en la B Nacional, y Atlanta, All Boys y Social Español en la B Metropolitana están en el primer lote. Pero Almagro, Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires y San Telmo poseen sedes en Capital y canchas en el Gran Buenos Aires. Las categorías C y D no son consideradas profesionales, por lo que Excursionistas, Comunicaciones o Barracas Central quedarían al margen. Sin embargo, ¿qué sucedería si ascienden a la B? Platense, que se mudó a fines de los ‘70 de Saavedra a Vicente López, no pagará el tributo porque está en el límite, pero del otro lado de la General Paz.
En la AFA ya tomaron nota del artículo 335 bis y su asesor letrado, Mario Schmoisman, explica que “si el registro de la AFA es declarativo, lo que vale es el domicilio del club cedente. Por ejemplo, si Independiente le vende un futbolista a River, el impuesto no lo alcanzaría porque es de Avellaneda. Pero si el registro de la AFA, cuya sede es la Capital, fuera constitutivo, se gravaría a todos los clubes”. El abogado estima que si prospera la iniciativa, en poco tiempo más se extendería a otros lugares del país. Por lo pronto, Boca y River, las instituciones más poderosas, objetan el impuesto y ya tendrían dispuesta una batería de medidas para resistirlo. Incluso, en el primer caso, el presidente Mauricio Macri cuenta con su propia fuerza política en la Legislatura (Compromiso para el Cambio) y se opondrá en ese ámbito.
En declaraciones que formuló el mes pasado, Otero –el mentor del tributo– apuntó a un aspecto que, según él, justifica su aplicación: “Es muy justo, porque compensaría el impuesto inmobiliario que los clubes dejaron de pagar. Se sustituirá un costo de tipo fijo como las contribuciones territoriales por un costo de tipo variable, el impuesto a la transferencia de jugadores”.Asimismo, el director general de Rentas defendió en un escrito que hizo llegar a la Legislatura la naturaleza de su proyecto: “En la medida en que esta transacción la realicen entidades jurídicamente independientes, ya sea como propietarios de los derechos federativos del jugador o bien como intermediarios, el hecho en sí justifica el pago de gravámenes”. También precisa que “recaería sobre quienes efectivamente posean los derechos, que no necesariamente son los clubes sino que pueden ser sus gerenciadores o los mismos jugadores y/o sus representantes. De esta forma se garantiza la equidad del tributo, que afectará a quienes tengan mayores derechos en su patrimonio...”.
No piensa lo mismo el presidente de la Comisión de Deportes de la Legislatura, el diputado kirchnerista Milcíades Peña: “Estoy de acuerdo con gravar la actividad comercial, o sea con el objeto, pero no con el sujeto afectado, que serán los clubes. La gente de Rentas se equivoca cuando dice que quiere aplicarles un impuesto a sociedades civiles sin fines de lucro. Hay derechos federativos y derechos económicos. Si trabajamos sobre estos últimos, me parece fenómeno. Aprobemos un impuesto al sello para sus propietarios. Pero no para los clubes, que están exentos en el espíritu de la legislación, como es en el pago de Ingresos Brutos y demás tributos”.
Si prosperara la idea de Otero, para el legislador “se estimulará la mudanza de las sedes societarias. River podría decir que la tiene en Ezeiza, donde está uno de sus campos de deportes, por ejemplo. Esto marca una desigualdad ante la ley en la esfera nacional que es inadmisible. Además, yo me pregunto: ¿por qué el fútbol sí y otros deportes no? ¿El vóleibol o el básquetbol, por ejemplo?”.
Peña propone para zanjar la cuestión que se confeccione un registro de derechos económicos –separado de los federativos– en el ámbito de la AFA. Y adelantó que la iniciativa difícilmente pase el filtro de la Legislatura: “Estuve hablando con varios diputados y no creo que se apruebe este impuesto. No hay espíritu para hacerlo. Y, si sale, será con modificaciones”. El año pasado, cuando se discutió la norma por primera vez, el porcentaje del tributo rondaba el 1 por ciento. Ahora vino con aumento.