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Por C. R.

El fallo condenatorio de los policías Hugo Alberto Cáceres y Alejandro Puyó abrió la posibilidad de intensificar la investigación sobre la existencia de un escuadrón de la muerte en la zona norte del conurbano, con epicentro en la agencia Tres Ases. Una vez conocido el fallo del Tribunal Oral 1 de San Isidro, la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense manifestó “la voluntad del Gobierno” provincial de “colaborar en la investigación ordenada para determinar si los dos miembros de la Policía Bonaerense integraban una asociación ilícita que asesinaba a jóvenes y luego simulaba enfrentamientos”, como quedó probado en el crimen de José “Nuni” Ríos. En esta parte del fallo, que abre una nueva instancia en la investigación, también se citó expresamente el trabajo realizado para Página/12 por el periodista Cristian Alarcón.
Los jueces determinaron que debe ser investigado el policía Clemente Talabera, quien al momento de los hechos se desempeñaba en la comisaría 5ª de General Pacheco. Al declarar como testigo en el juicio, Alarcón trazó un plano sobre la forma en que distintos grupos policiales se distribuían el territorio en la zona de Don Torcuato y localidades vecinas. Hizo una comparación de las zonas que dependían de Cáceres y las que estaban bajo el control de Talabera. Alarcón sostuvo que en las zonas controladas por Talabera se advertían “zonas liberadas para el robo”.
En los lugares donde tenía el dominio Cáceres, los comerciantes y vecinos creían que ocurría todo lo contrario y a “Hugo Beto”, como llamaban al sargento, lo tenían “como una especie de héroe”. Sin embargo, la investigación periodística, corroborada luego en el juicio, demostró que muchas veces “Cáceres detenía a los chicos, les sacaba las armas y el dinero, y luego los dejaba en libertad”. Con posterioridad algunos chicos fueron asesinados en supuestos enfrentamientos. La investigación de esos casos, que ahora se debería intensificar, podría llevar a la plena confirmación de la existencia de escuadrones de la muerte similares a los que existen en Brasil y en países centroamericanos.
“Ratificamos y reivindicamos la voluntad del gobierno” bonaerense de “seguir bregando por la defensa de los derechos de nuestras víctimas”, afirmó ayer la Secretaría de DD.HH. Los fiscales de San Isidro tendrán que investigar si el condenado Cáceres tenía una “comisaría paralela” en Don Torcuato, formada por civiles y policías, tal como señaló la fiscal del juicio Ema Prada. Eso es lo que viene denunciando desde hace años la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), tal como reiteraron en la audiencia los abogados Gabriel Lerner y Martín Alderete. En la casa de Cáceres, donde funciona la agencia de seguridad Tres Ases, encontraron armas, municiones y fotografías de jóvenes que serían posibles víctimas del escuadrón.