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El Ministerio de Trabajo dictó ayer la conciliación obligatoria en el conflicto que los recolectores de residuos porteños mantienen con las empresas del sector y puso paños fríos, al menos por unos días, a una situación que ya estaba poniendo a la ciudad de Buenos Aires al borde del colapso sanitario. La medida fue acatada por el gremio, por lo cual anoche se retomó la recolección en las calles porteñas, atestadas de bolsas nauseabundas después de dos días de trabajo a reglamento del gremio, y pese al operativo de emergencia dispuesto por el gobierno de la ciudad. La tregua no fue fácil: hubo antes intensas gestiones del ministro Carlos Tomada con el líder del gremio, Hugo Moyano, y hasta el presidente Néstor Kirchner se reunió a solas con el dirigente gremial a la Casa Rosada, antes de recibir a la cúpula de la CGT (ver página 9).
“Se acordó una tregua con las empresas para pasar las fiestas y descomprimir la situación”, dijo Pablo Moyano, titular del gremio. Pero advirtió que “si en 10 días no se acuerda, volvemos a las medidas de fuerza”.
La conciliación obligatoria, que se dictó después del mediodía, había sido pedida de viva voz por el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y por lo menos dos miembros de su gabinete, en declaraciones públicas a la prensa. Pero el reclamo también sonó, vía telefónica, en los oídos de los máximos funcionarios de la cartera laboral.
“El martes a la tarde les hicimos saber que la medida adoptada por el gremio, más que trabajo a reglamento, era un paro virtual, ya que había amplias zonas donde el servicio de recolección no se prestaba”, dijo a este diario una alta fuente del gobierno porteño.
En ese momento, la cartera laboral estaba a punto de dictar la conciliación obligatoria, pero tras un sondeo supieron que esa medida no sería acatada por los camioneros. Después del traspié con los telefónicos y los trabajadores de subterráneos, que desoyeron medidas conciliatorias, el gobierno nacional resolvió intensificar las negociaciones y adoptar la resolución recién cuando hubiera garantías de que sería cumplida.
Los recolectores reclaman el pago de una compensación indemnizatoria porque el 15 de enero las empresas en las que prestan servicios cesan su contrato, aunque al día siguiente continuarán trabajando, en algunos casos para la misma compañía, pero con otro nombre, y en otros, para otras firmas. Los pliegos de licitación les garantizan tanto la continuidad laboral como sus derechos adquiridos, por ejemplo, la antigüedad.
“Esas modificaciones fueron incluidas en el pliego por pedido del propio Pablo Moyano (titular del gremio de camioneros porteños, hijo de Hugo), que planteó el reclamo en la audiencia pública previa al llamado a licitación”, dijo a este diario el jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández.
¿Por qué, entonces, el gremio se destapa ahora con este reclamo tan duro? Como ya adelantó Página/12, en 1998, cuando se hizo la anterior concesión del servicio de limpieza, los que trabajaban en la desaparecida Manliba lograron cobrar una indemnización. Pero después de una medida de fuerza, con toda la basura en la calle, el entonces jefe de gobierno, Fernando de la Rúa, les concedió, además, la antigüedad, a los efectos del cálculo de vacaciones y adicionales salariales, a través de un decreto conocido como “circular 33”. De esa carga salarial se hace cargo, aún hoy, el gobierno porteño.
Fuentes empresarias interpretan que Moyano vuelve a la carga con ese reclamo, presionado por su base porteña, los recolectores de residuos, que –como quedó demostrado en éste y otros conflictos– constituye un factor de poder formidable.
Ayer, después de que el gremio acató la conciliación obligatoria, Aníbal Ibarra salió a agradecer a los vecinos, que “manifestaron un fuerte compromiso y voluntad de colaboración, manteniendo la basura dentro de suscasas”. El secretario de Producción y Desarrollo Sustentable, Eduardo Epszteyn elevó su gratitud a los funcionarios de Trabajo.
Con respecto al futuro del conflicto, el jefe de Gobierno se limitó a decir: “Vamos a tratar de aportar racionalidad para que ambas partes (trabajadores y empresas) lleguen a un acuerdo”.
Según trascendió, en la última jornada de negociación, las empresas habrían ofrecido una compensación de dos meses y medio, graciables, a todos los recolectores. Como en el nuevo esquema diseñado por el gobierno porteño habrá cinco empresas en lugar de cuatro, el 25 por ciento de los trabajadores de cada una de las actuales compañías será transferido para conformar el personal de la quinta futura empresa. Para ellos, el gremio pide el 180 por ciento del monto que correspondería por indemnización simple. Para el resto, reclaman una compensación del 80 por ciento. Hasta ayer, ambas partes se mantenían inflexibles.