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Convaleciente de una herida en un brazo, producto de un intento de robo del que fue víctima hace unos días, el comisario retirado Miguel Angel Espósito, único imputado en la causa derivada de la muerte del joven Walter Bulacio, ocurrida en 1991, espera el triunfo de la estrategia de su abogado defensor, gracias a la cual el 16 de este mes prescribiría la acción penal en su contra. Espósito saldría indemne a un pedido de condena a 15 años de prisión formulado hace más de seis años por la fiscalía y que duerme desde entonces, merced a la estrategia desarrollada por el abogado defensor, Pablo Argibay Molina, y a la actitud pasiva de la Justicia. En el minuto final, cuando Espósito ya iniciaba el festejo, la jueza Alicia Iermini movió las piezas en un intento postrero por llegar a la condena. La defensa debe responder la semana próxima a los cargos y, si todo marcha con la celeridad que nunca tuvo la causa, el comisario podría tener problemas que sumarían complicaciones a su convalecencia.
Una de las tantas curiosidades del caso Bulacio es que la causa comenzó el 21 de abril de 1991, cinco días antes de la muerte del joven en el sanatorio Mitre del barrio porteño de Once. Es que nunca se investigó a fondo si fue un homicidio, como pretendía la familia, y la imputación se redujo al cargo de privación ilegal de la libertad, que es lo que sufrió el joven ese 21 de abril cuando intentaba ingresar al estadio Obras Sanitarias para asistir a un recital de Los Redonditos de Ricota. En 1995, el policía Fabián Sliwa, que cumplía funciones en la seccional 35ª de la Federal, donde estuvo detenido Bulacio, declaró que Espósito lo había golpeado y que por eso lo tuvieron que internar.
La carátula por homicidio nunca prosperó y la fiscal Mónica Cuñarro hizo su acusación por la detención ilegal de Bulacio y otros 72 chicos, el mismo día. Muchos denunciaron golpes y malos tratos por parte de los 50 policías que participaron del operativo encabezado por Espósito. La razzia fue considerada ilegal, por primera vez en la historia, y motivó la derogación del llamado “Memo 40” de la Federal, invocado por Espósito. Esa norma interna violentaba la Constitución y las leyes, ya que permitía detenciones de menores sin intervención al juez competente.
Cuñarro pidió 15 años, pero luego se cayeron las otras 72 acusaciones y quedó sólo en pie la de Bulacio. Eso llevó a que el 16 de mayo de 1996, los abogados de la familia, María del Carmen Verdú y Daniel Stragá, reclamaran la pena de seis años de prisión para el comisario Espósito, más 12 de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, el máximo previsto para la privación ilegal de la libertad. El 16 de este mes se agota ese plazo de seis años y por eso prescribe la acción penal. El viernes pasado se hizo una marcha a Plaza de Mayo para reclamar justicia para Bulacio y el lunes siguiente la jueza de sentencia Alicia Iermini movió las piezas del complicado tablero judicial que mantiene en jaque permanente a Espósito, sin quebrar la resistencia del rey, algo imposible si esto fuera un simple juego de ajedrez.
Por lo añejo del expediente, en el caso Bulacio se aplica el viejo Código Procesal y por lo tanto no hay juicio oral ni público. El lunes, la jueza de sentencia recordó que se terminan los plazos e intimó “en forma improrrogable” a la defensa de Espósito para que responda a la acusación formulada hace seis años. El plazo para el alegato de la defensa, que debe ser por escrito, vence el miércoles 8 y de seguir la negativa “se dará intervención al defensor oficial de turno” para que represente a Espósito. Si alguien asumiera la defensa y respondiera a los cargos formulados hace seis años, existiría la remota posibilidad de que comenzara la apertura a prueba prevista en el artículo 467 del viejo código. “Eso, automáticamente, interrumpe el plazo para la prescripción y se podría llegar a la sentencia”, explicaron los querellantes, escépticos en cuanto a la posibilidad de un resultado positivo. “Es difícil que en seis días hagan lo que no se hizo en seis años”, dijo la doctora Verdú.
En un escrito presentado ante la inminencia del cierre de la causa,Verdú había advertido que si no se intimaba a la defensa, el Poder Judicial “estará consintiendo de antemano que prospere la estrategia defensista” de dejar morir el expediente. La acusación de la fiscal Cuñarro fue expuesta en 103 fojas a doble faz. Luego de analizar lo ocurrido, la parte acusadora concluyó que los 73 chicos “fueron detenidos sin causa alguna” y llevados a la comisaría 35ª “al solo efecto de cotejar si tenían o no entradas”. También está probado que Espósito estuvo al mando del operativo y que todos sus subordinados dijeron que “el comportamiento de la gente que fue al recital fue absolutamente normal”.
Además, no se había avisado de las detenciones a ningún juez competente y en el caso concreto de Bulacio “no se labró actuación ni se informó de la descompostura” que sufrió mientras estaba en la comisaría. Por todo lo expuesto, la fiscal concluyó que fueron “detenciones indiscriminadas (...) para evitar, en el peor de los casos, peligros que nunca fueron inminentes, ni se concretaron, ni siquiera en grado de tentativa”. En suma, aunque nunca se pudo probar que lo hubiera golpeado, Espósito produjo el hecho que provocó la internación y la muerte de Bulacio, quien sufrió un derrame cerebral. Tenía 17 años y un único “delito”: ser fanático de Los Redondos.