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En la Defensoría del Pueblo porteña creen que las filmaciones de prostitutas y travestis, más que una medida de investigación para sancionar faltas, podría contribuir a conformar “los tradicionales ‘archivos de malvivientes’ que hace la policía” y advierten sobre la intimidación y persecución que sufrieron las mujeres que se vieron sometidas a ese procedimiento y formularon la denuncia. La defensora del Pueblo, Alicia Pierini, emitió una resolución en la que exhorta a los fiscales a cesar con esas prácticas. Desde las fiscalías niegan que se esté realizando un “fichaje” de posibles contraventoras.
Todo empezó el 30 de julio de 2004, en pleno mediodía, cuando Noemí Sifón Barrera estaba en su parada de Artigas y Bacacay, en el barrio de Flores. Allí se detuvo un Fiat Duna rojo, en el que viajaban tres personas de civil, que dijeron ser policías. Mientras dos de ellos le pedían los documentos, el tercero la filmaba, a ella y a su DNI. Antes de irse, dijeron que pertenecían a la comisaría 50 y le informaron que el procedimiento había sido ordenado por la fiscalía contravencional.
Afiliada a la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (AMMAR), Noemí decidió denunciar lo ocurrido ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. La asociación que la representa apoyó la presentación con otros cinco testimonios, todas mujeres en situación de prostitución que tienen sus paradas en la misma zona de Flores. “Sólo nos hicieron mirar a la cámara y que dijéramos nuestros nombres y apellidos”, relató la mujer.
Otras dos contaron que, además de filmarla, la fotografiaron, en primer plano y de cuerpo entero, y una cuarta relató que los hombres, mientras registraban las imágenes, le dijeron: “Quedate tranquila, putita. Si hiciste quilombo en la Legislatura vas a perder, si no no”. El episodio ocurrió días después de la manifestación contra la reforma al Código Contravencional, que terminó con violentos incidentes.
En un informe realizado por pedido de la Defensoría, el comisario Rubén Alfredo Mego, de la seccional 50, hizo saber que por pedido de la fiscal Elsa Miranda realizó “un registro fílmico de contraventoras y/o contraventores con el objeto de establecer la lascividad (sic) de su conducta”.
Para la Defensoría, “todo hace pensar que no se trató de una medida de investigación destinada a reunir elementos de juicio para el juzgamiento de hechos del pasado, sino a la conformación de los tradicionales ‘archivos de malvivientes’ como se decía en la terminología de fines del siglo XIX y principios del XX”.
Según el dictamen, “el espionaje, los seguimientos, la vigilancia de las personas y el fichaje político e ideológico son prácticas que, si no están basadas en una norma legal y fundadas en razones que las justifiquen, resultan violatorias a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución nacional y de la ciudad”.
Por eso, el organismo dictó una resolución en la que le pide al fiscal general de la ciudad que sus subordinados “se ajusten a las prescripciones de la Constitución Nacional” y le reclama que “imparta instrucciones a los fiscales con el fin de que no se incurra en excesos como los denunciados”. La resolución tiene fecha del 11 de noviembre de 2004. Nunca fue respondida por la fiscalía.
El fiscal general adjunto de la ciudad, Luis Cevasco, justificó ante Página/12 la realización de las grabaciones en video en la necesidad de probar que existía una contravención. “En ese momento, antes de la reforma, el Código sancionaba la alteración de la tranquilidad pública producida por la oferta y demanda de sexo. Las filmaciones estaban destinadas a demostrar que la conducta alteraba la tranquilidad”, argumentó Cevasco. “No se trata de hacer una base de datos”, enfatizó.
–Pero los policías no filmaban las conductas, sino las caras, con nombre y apellido –advirtió Página/12.
–Es que ha habido un error de interpretación. La fiscal pidió que se registre la lesividad de la conducta (si hay realmente alteración de la conducta) y ellos interpretaron “lascividad”.
Según Sonia Sánchez, dirigente de AMMAR, los operativos de fichaje policial cesaron después de la denuncia a la Defensoría. “Habrán filmado a unas 50 chicas”, dijo a este diario.
Sin embargo, Cevasco dice que las filmaciones continúan “desde lugares estratégicos, en los distintos lugares donde hay zonas rojas, ante las dificultades para probar la oferta y demanda de sexo”. El nuevo código castiga la “oferta y demanda ostensible”, no ya como alteración de la tranquilidad sino como ocupación del espacio público. Lo ostensible, según parece, es aquello que queda filmado.